La frontera donde desaparecen (y trafican) los árboles

La frontera donde desaparecen (y trafican) los árboles

COMPARTE:

Existe una ruta de la madera ilegal que inicia en el Amazonas peruano y colombiano y termina en ciudades de Colombia. Los comerciantes aprovechan del régimen especial aduanero que tiene Leticia para ‘lavar’ madera de Perú.

El sargento primero Carlos Burbano señala en un mapa el punto más al sur de Colombia. “Es Tipisca, en la frontera con Perú, donde se ve a simple vista la tala indiscriminada de cualquier cantidad de madera”, cuenta este policía que lleva más de una década trabajando en el departamento de Amazonas.

Allí, justo al frente de Colombia, se puede ver a soldados peruanos mirar con indiferencia cómo colonos e indígenas arruman trozas de madera que luego llevan a Leticia aprovechando la creciente de los ríos. “

Muchos se van por el (río) Loretayacu y como son aguas internacionales no se puede hacer nada”,

dijo Burbano con resignación.

Hay dos autopistas (vías) fluviales en la selva amazónica colombiana por donde se trafica la madera. La primera es el Amazonas, uno de los límites naturales que traza parte de la frontera entre Colombia y Perú. La segunda es el Putumayo. Los dos ríos suman más de 1.600 kilómetros que configuran la línea fronteriza entre los dos países.

En realidad, estos ríos no son más que un barrera imaginaria para lo que ha sido durante décadas el tráfico de caucho, pieles, oro y toda clase de productos que se extraen del bosque tropical más grande del mundo.

“En los últimos años las incautaciones de madera en Colombia han sido pocas porque solo tenemos controles en los principales puertos que hay en estos dos ríos”, explicó el coronel Juan Carlos León, quien estuvo al mando de la seccional de Policía en el departamento del Amazonas. Para evadir los controles, los madereros usan caños y furos (ríos cubiertos por la selva).

El coronel León reconoció que las autoridades colombianas no cuentan con un método efectivo para controlar lo que ocurre con la madera en el departamento más grande de Colombia, que duplica en tamaño a Costa Rica. El Ejército, la Armada y la Policía tienen nueve puestos de control (San Juan de Atacuari, Puerto Nariño, Leticia, Tarapacá, Puerto Arica, Puerto Ospina, El Encanto, Puerto Leguízamo y Puerto Asís) con 10 a 20 uniformados cada uno, lo que resulta insignificante para controlar, palmo a palmo, un territorio tan grande.

En toda esta región, conocida como el Trapecio Amazónico, la prioridad del Estado colombiano en materia de hombres y recursos sigue siendo atajar el tráfico de drogas y la proliferación de cultivos ilícitos. Se suma, recientemente, la minería ilegal. Así lo reiteró el presidente Juan Manuel Santos al inicio de su último año de gobierno en agosto de 2017 y está en los planes de gobierno de todos los candidatos que se disputan la presidencia del país para el período 2018-2022.


La deforestación también preocupa en Colombia, más si se tiene en cuenta que la última medición del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, reveló que el 70% de esta problemática se concentra en la región de la Amazonía, Sin embargo, en un lugar secundario está el tráfico de especies y la tala ilegal, un negocio atomizado que aunque no es controlado por una mafia organizada, si involucra a miles de personas que sobreviven con esta economía ilegal.

Al igual que con la coca, la cadena del tráfico de madera se compone de varios actores. En la base están los colonos, campesinos e indígenas que son los dueños de las tierras y explotan la madera. Luego están los aserradores, los intermediarios, los transportadores y, finalmente, las empresas que tienen el dinero para mover el negocio.

Se calcula que desde hace más de cuatro décadas, en este remoto territorio colombiano, todos estos actores han sacado una incalculable cantidad de especies de maderas que son transformadas en aserraderos ubicados en el lado peruano de la frontera y transportadas a ciudades como Iquitos (Perú), Leticia, Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Cali, Bogotá y Medellín (Colombia).


Standard Post with Image

E el río Yavarí, en Perú, afluente del Amazonas, se apilan maderas cedros, achapos y cominos a la espera de ser procesados por un puñado de aserradoras peruanas. Buena parte de esta madera termina en mercados como Leticia.


La tala y el ‘lavado’

El principal problema para controlar la tala ilegal en la Amazonía colombiana es la falta de un sistema de trazabilidad eficaz que permita a las autoridades establecer el origen real de la madera que se saca de ambos de lados de la frontera. Se suma, el juego permanente del “gato y el ratón” entre las autoridades y los traficantes.

Si la marina colombiana intenta interceptarlos se pasan al lado peruano. Y si lo hace la peruana, se quedan del lado colombiano

explicó un funcionario de la Gobernación del Amazonas.

Además, el comercio especial fronterizo, que tiene como objetivo dinamizar la economía de la región, termina por beneficiar el mercado de la madera ilegal, que paradójicamente, también se ha desbordado porque cada país tiene su propia legislación, lo que facilita el lavado.

Numerosos testimonios de autoridades, indígenas y colonos, coincidieron en que los traficantes sacan ventaja de las licencias de aprovechamiento entregadas por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpoamazonía, entidad colombiana que vigila el medio ambiente y los recursos naturales en la región. Así “lavan” la madera que es extraída ilegalmente de zonas de reserva forestal, resguardos indígenas y de parques naturales colombianos y peruanos.

En Colombia, una consecuencia de la tala indiscriminada ha sido la casi extinción del cedro, considerada una madera preciosa, cuya explotación fue vedada desde 2015 con una moratoria de 10 años. “Antes, el cedro se veía en las riveras de los ríos. Hoy para encontrarlo hay que caminar por días selva adentro”, contó Jhovanny Carvajal, indígena de la comunidad de Puerto Huila, un pueblo sobre el río Putumayo.

La prohibición y la desaparición de especies como el cedro ha hecho que los madereros colombianos echen mano del mercado peruano para abastecer ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Por las grandes distancias, primero transportan la madera río arriba y después en camiones. Los recorridos duran semanas y aveces meses.

El ex director de Corpoamazonía en el departamento de Amazonas, Jhon Jairo Arbeláez, aseguró que cuando estaba al frente de dicha entidad recibieron denuncias de tala y tráfico de madera desde Perú y aseguró que Corpoamazonía está atada de manos porque no podían ejercer control fuera de Colombia ni iniciar ninguna investigación. “Lamentablemente nuestro sistema jurídico exige que el delito sea cometido en flagrancia (lo que significa encontrar a los traficantes pasando la frontera y llevando la madera a territorio colombiano)”, afirmó.


Los puntos ciegos de la Amazonía

En 2017, Arbeláez intentó frenar el flujo continuo de madera ilegal que llega desde Perú, advirtiéndole a los madereros en Leticia que podría cerrar la frontera. Aunque esta medida no depende exclusivamente de Corpoamazonía, fue su manera de alzar la voz sobre lo que ha venido ocurriendo desde hace cuatro décadas sin ningún tipo de control. En particular, el tráfico de cedro, ceiba y otras maderas finas desde Perú hacia Colombia.

Según estadísticas de esta entidad, desde Puerto Nariño, a un extremo del Trapecio Amazónico en límites con Perú, en los últimos cinco años se movilizaron 419,78 metros cúbicos de 30 especies de madera. Las que más se movilizaron fueron cedro, macacauba, cedrillo, castaño, achapo, matamata negro, abarco, quinilla y castaña de mico.

Arbeláez aseguró que buena parte de la madera peruana no cuenta con los permisos de la autoridad ambiental de ese país, sino que llega a Colombia amparada por documentos de compra-venta que pueden estar firmados por el capitán del barco que la transporta o por cualquier autoridad indígena que la haya vendido. Se suma que en Colombia no se exige que sea cortada legalmente.

“En principio entendemos que una persona traiga una docena de trozas para su casa, pero cuando se trata de un negocio, es como alimentar a un pollo: de maíz en maíz se va llenando el buchecito”, explicó el ex funcionario para dibujar lo que ha pasado en ese punto de la frontera.

En este sentido, los colombianos aprovechan esa laxitud para entrar la madera al país. La cadena comienza en Perú, en donde los comerciantes compran madera a los indígenas que, según argumentan en la zona, son autónomos en la explotación de sus territorios, aunque la verdad es que solo pueden extraer recursos sin permiso previo para uso no comercial. También le compran a los aserradores que están ubicados en las riberas de los diferentes ríos que desembocan en el Amazonas y el Putumayo.

Una vez la madera se encuentra en Colombia se desconoce, por los problemas propios de trazabilidad y de falta de coordinación que se pueden ver, a simple vista, en los diferentes puntos fronterizos visitados por el equipo de EIA, qué porcentaje se queda en Leticia y qué otro sigue por el río Putumayo con destino a las principales ciudades del interior del país.

Esta problemática también se acentúa por la corrupción. Arbeláez reconoció que durante su administración en Corpoamazonía renovaron personal, “porque hay una gran mafia de fauna y flora”.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de comerciantes de madera aprovechan que Leticia goza de un régimen aduanero especial que les permite importar diariamente, sin pagar impuestos, mercancías que no superen los mil dólares, cerca de 400 trozas. Solo se requiere tener una factura y una certificación sanitaria expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Este régimen facilita que las bodegas se llenen con madera de la que desconoce su procedencia.

“En el Amazonas tenemos una frontera viva”, explicó un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas colombiana, DIAN, que considera que el régimen especial beneficia el comercio pero para el consumo local. No obstante, reconoció que también permite que se de un fraccionamiento del movimiento comercial. “Ellos (los comerciantes) no lo fraccionan a nombre propio sino que seguramente usan a familiares, a vecinos y a amigos”, apuntó.

Según la DIAN, en 2016 ingresó a Leticia madera avaluada en 262.725 dólares y en 2017 (con corte a junio de ese año) por 137.271 dólares, en su mayoría procedente de Santa Rosa, la población peruana a la que se llega con solo cruzar el río Amazonas. También, por la frontera terrestre de Tabatinga (Brasil) se reportaron importaciones por valor de 18.355 dólares en 2016 y por 5.510 dólares con corte a junio de 2017.

Standard Post with Image

La población de Islandia en Perú es un punto de la frontera colombo-peruana que sirve de suministro a poblaciones como Leticia, Colombia, en donde cargamentos de madera entran con facturas que no pueden superar los US$1.000, lo que facilita el tráfico y blanqueo de madera.

Entrevistas de campo revelaron que, algunos depósitos de madera en Leticia regularmente envían madera peruana importada a Tabatinga, una ciudad brasileña directamente adyacente a Leticia. La frontera compartida facilita en gran medida el transporte de cargamentos de un lado al otro, debido a que en muchos sentidos es una misma ciudad. Un agente de policía en la Sede de la Policía Federal en Tabatinga, señaló que el único documento que se requiere para transportar madera de Leticia a Tabatinga, es una factura emitida en Colombia. Esto fue confirmado por el dueño de un depósito de madera en Leticia, quien refirió que regularmente envía madera peruana al lado brasileño.


De hecho, dos proyectos en curso en el departamento de Amazonas, financiados con recursos públicos, están en riesgo de comprar y utilizar madera de contrabando. Según varias fuentes entrevistadas por EIA, el nuevo aeropuerto internacional en Leticia[1] podría estar comprando, una parte de la madera que requiere, de depósitos en Leticia que ingresan madera peruana. El otro proyecto en riesgo, es la construcción de un complejo habitacional para 257 familias en Puerto Nariño, que pretende apoyar a aproximadamente 1.150 personas quienes actualmente viven en áreas propensas a las inundaciones.[2] Según fuentes consultadas, si bien los desarrolladores de proyectos inicialmente procuraban abastecerse con madera cosechada en Colombia, luego empezaron a comprarla en depósitos que importan madera del Perú. Los precios más bajos de la madera ilegal peruana, parecen ser una de las consideraciones más importantes para preferirla.


La investigación de EIA reveló que la falta de control sobre la legalidad de la madera proveniente del Perú, está generando impactos negativos en los productores colombianos de madera legal, debido a que no pueden competir con los precios de la madera ilegal peruana. EIA considera que esta situación podría estar generando incentivos perversos para que los productores legales de madera en Colombia busquen otras maneras para reducir costos, que podrían implicar el involucramiento en actividades de extracción de madera ilegal. Además, las consecuencias negativas no solo incluyen a los que titulares de permisos de aprovechamiento en Colombia. También las sufren aquellos individuos y familias que trabajan en sitios de producción legal, pero que salen perdiendo frente a los importadores que ingresan madera de contrabando del Perú.


Para Corpoamazonía, estas cifras muestran un subregistro, ya que cerca del 80% de la madera que se almacena en los depósitos de Leticia es ilegal. Así lo aseguró el ex director de la institución en una entrevista realizada en septiembre de 2017.

Los registros de los últimos cinco años de Corpoamazonía (enero de 2012 a julio de 2017) indican que de Leticia se movilizaron 401,54 metros cúbicos de madera.

No son pocos los que en el Trapecio Amazónico sostienen que el volúmen de madera que se trafica en esta región ha descendido en comparación con lo que ocurría una década atrás. Sin embargo, este fenómeno sigue siendo una actividad lucrativa y poco controlada. En enero de 2018, la ONU calificó de “muy alta” la relación costo-beneficio del tráfico ilegal de madera en América Latina, ya que apenas se castiga a los traficantes o se considera un delito.

Standard Post with Image

En este puerto de Leticia (Amazonas) convergen embarcaciones de carga y de pasajeros provenientes de Brasil, Perú y Colombia. Por allí también llega una parte de la madera, es decir la que tiene los documentos para su transporte legal.

Las riquezas de la selva (recuadro)

El Trapecio Amazónico colombiano es la región más al sur del país. La habitan unas 74 mil personas según las proyecciones del Departamento Nacional de Estadística, DANE, que se ubican en su mayoría en Leticia, Puerto Nariño y Tarapacá, así como en el resguardo Ticoya que integran los indígenas tikuna, cocama y yagua.

La biodiversidad del Trapecio es enorme. Cuenta con cuatro parques naturales: el Amacayacu, el Yaigojé Apaporis, el Cahuinarí y el del río Puré, los cuales suman 15 millones de hectáreas. Además, hace parte de las 37 millones de hectáreas de reserva forestal que tiene Colombia, creadas para proteger los bosques de la deforestación.

En esta región, el Sistema de Información Ambiental del Instituto Amazónico, Sinchi, ha identificado más de 1.625 especies de plantas útiles, 1.158 de aves y 193 de anfibios, lo que la convierte en una de las más biodiversas del planeta. Sin embargo, todas estas riquezas, sumadas a las economías ilícitas, han atraído por décadas a colonos que las han dilapidado.

La madera ha corrido con la misma suerte. Las extremas condiciones de la selva han permitido que de manera indiscriminada y silenciosa propios y extraños socaven lo más preciado del bosque, tanto del lado colombiano como del peruano.

El tráfico de recursos naturales se ha enquistado en esta región debido a las condiciones de extrema pobreza en las que viven las comunidades indígenas y los colonos, lo que es aprovechado por los gasteros, como se les conoce a los financiadores no solo del tráfico de madera, sino de caucho, pieles, coca, pesca y minería ilegal, entre otros.

Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1