Colombia: la encrucijada de la reserva y el resguardo Nukak Makú frente a la coca, la ganadería y la deforestación

La reserva y el resguardo Nukak Makú tienen la mitad de los cultivos de coca del Guaviare y a sus alrededores avanza la deforestación. La construcción y el mantenimiento de vías, después del proceso de paz, han sido las principales causas de la tala de bosques en el Guaviare. En la última década, la presión ganadera también se ha convertido en uno de los principales motores de la deforestación en esta región.

Cuando empieza a despuntar la mañana en Guanapalo, un caserío de apenas dos calles llenas de cantinas y prostíbulos vacíos, a cuatro horas por trocha desde San José, la capital del departamento amazónico del Guaviare, un grupo de trabajadores se afana en asegurar varios tambores de gasolina en los lomos de un par de mulas, uno de los principales insumos para procesar la pasta base del clorhidrato de cocaína.

El dueño de los animales se queja de que el transporte de carga es cada vez más escaso en estas sabanas que dan acceso al resguardo Nukak Makú, una zona de casi un millón de hectáreas. La razón es la caída del precio de la pasta base de coca: entre 2022 y 2023, el kilo pasó de 3.5 millones de pesos colombianos (unos 900 dólares) a menos de 2 millones de pesos (unos 500). En otras regiones bajó más. “Yo no seguí (trabajándolo) —confiesa— porque no deja nada, ni para la comida de uno ni para la remesa de los trabajadores. Los que se siguen arriesgando, manteniendo los cultivos (de coca), es porque tienen capital, pero cada vez se meten más adentro de la montaña”, explica con un dejo de resignación

El colono, como la mayoría de los que viven en esta región del centro del Guaviare y que forma parte del arco de deforestación de la Amazonía colombiana, ha sido testigo de varias bonanzas y caídas en los precios de la hoja de coca, un cultivo que antes atiborraba las fincas de estas sabanas que hoy se dedican a la ganadería extensiva.

Aunque la coca ya no es la principal causa de la deforestación en este departamento, en áreas protegidas como la Reserva Nukak —el área protegida próxima al resguardo del mismo nombre— el cultivo tenía 1 622 hectáreas de coca en 2022, casi 400 hectáreas más que en 2021, según el monitoreo de cultivos de coca publicado en 2023 por Naciones Unidas. Alrededor del área protegida, esta cifra es menor. En un radio de un kilómetro alrededor de la Reserva Nukak se encuentran 416 hectáreas de cultivos de coca, mientras que a 5 kilómetros a la redonda la cifra asciende a 839 hectáreas. A diez kilómetros de distancia, este número llega a 1 105 hectáreas.

El Guaviare, con 5.5 millones de hectáreas, es uno de los departamentos más extensos de Colombia y de ese total solo en el 6% se permiten las actividades agropecuarias o mineras: hay 1.9 millones de hectáreas (34%) en resguardos indígenas y 1.4 millones (25%) en Zonas de Reserva Forestal, las cuales tienen limitaciones tanto para la titulación de tierras como para las actividades agropecuarias. Se suman, un poco más de 1 millón (18%) de hectáreas que hacen parte del Parque Natural Nacional Chiribiquete y cerca de 900 000(16%) de la Reserva Natural Nukak Makú. En el departamento también hay una zona de reserva campesina con una extensión de casi 500 mil hectáreas.

La crisis de la coca y la bonanza del ganado

A pocos kilómetros de Guanapalo está el caserío Caño Makú, al que se llega en poco menos de dos horas por uno de los ramales que se enlazan con la llamada “trocha ganadera”, una carretera de más de 100 kilómetros que divide la altillanura de la selva amazónica. La voz de un pastor evangélico retruena por un altoparlante y en la calle principal, vacía, un puñado de vacas se pasea sin rumbo. Desde que dejaron de llegar los compradores de la pasta base de coca — se les conoce como chichipatos — los fines de semana son solitarios en este rincón de la selva. Pronto aparecen un par de campesinos en sus caballos rumbo a una finca ganadera. Caño Makú limita con el resguardo Nukak Makú y está a 30 kilómetros del área protegida Reserva Nacional Nukak. Antes era una vereda cocalera, hoy ganadera, con más de 9000 reses, según los registros del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).

Algunos —cuenta una comerciante del lugar—, mantienen una o dos hectáreas de hoja de coca confiados en que el precio repunte. Ella guarda un par de “panelas” (bloques) de pasta base que recibió como pago. Sin embargo, confiesa que desde hace un par de meses no recibe ni un solo gramo de coca como trueque. “Esto ya ha ocurrido en el pasado, pero esta vez los campesinos no han tenido tanta resistencia y han empezado a dejar las coqueras —cultivos de coca— abandonadas”, agrega otro comerciante que escucha la conversación.

Desde el 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC, el Guaviare se alejó del cultivo de coca, pero dobló su población de vacas. Ese año tenía poco más de 260 000 cabezas de ganado y hoy en día cuenta con medio millón, según el más reciente censo del ICA. La ganadería se ha convertido en una de las principales economías de la zona y, al mismo tiempo, en uno de los motores de la deforestación en este departamento.

Esto es alarmante en una región que hace poco más de una década, en 2010, tenía 5.2 millones de hectáreas de bosques, de acuerdo con el registro del Global Forest Watch. Entre 2016 y 2022, perdió cerca de 166 000 hectáreas boscosas. Buena parte de esa deforestación se concentró en la reserva y el resguardo Nukak Makú, así como en los parques naturales nacionales de Chiribiquete y La Macarena.

La ganadería, como cuenta uno de los integrantes de las juntas comunales en la zona, empezó a ser productiva al mismo tiempo que los cultivos de coca. Sin embargo, cuando esta economía ilegal se vino abajo por cuenta de la sustitución en el 2016, muchos campesinos encontraron en la ganadería una solución, a pesar de que está prohibida en zonas protegidas. “La tierra no es mala para la ganadería, es rentable. Entonces yo hago mi finca, pongo mi ganado y así está la mayoría de la gente”, cuenta el comerciante.

El plan de sustitución que no funcionó

Al oriente de Caño Makú, en otro de los ramales que salen de la trocha ganadera, una decena de colonos se reúnen en el salón comunal de Charrasqueras. Se quejan porque fueron citados por el jefe local de las disidencias del frente Primero del Estado Mayor Central, para discutir sobre la reparación de la vía que comunica a este caserío con Tomachipán, enclave cocalero a orillas del río Inírida.

Los colonos cuentan que esa carretera fue construida hace varias décadas por la guerrilla, para facilitar la salida de sus miembros a las selvas del resguardo y la Reserva Nukak, pero poco a poco se empezó a utilizar para conectar a las comunidades que viven en caseríos y fincas en estas zonas protegidas. La vía ha sido destruida en varias ocasiones y reconstruida por la guerrilla con la ayuda de los colonos. Como otros más de la comunidad, una campesina que tiene más de 60 años, y cuya identidad se resguarda por su seguridad, se resiste a la cita porque sabe que el jefe disidente los llama para que trabajen gratis. Ella confiesa que hace unos meses envió a otro pueblo a sus hijos adolescentes por miedo a que los disidentes los recluten. “Lo que se escucha es que se los llevan para una guardia campesina y que hay que pagar por sostenerlos”, cuenta.

Los pobladores indígenas, por su parte, han caído en las manos de los ‘patrones’ cocaleros. El profesor de un asentamiento de desplazados por el conflicto armado en Caño Makú cuenta que los “patrones” reclutan a los indígenas mayores para que trabajen en los cultivos de coca, pero que estos terminan llevándose a toda la familia para que ayuden en el raspado de la hoja. “Se han presentado casos de niños y niñas que se han vuelto adictos a los residuos de la pasta base (bazuco)”, afirma una funcionaria de una organización de la sociedad civil que asiste a los Nukak en temas educativos y que prefirió no ser citada.

Todo esto que se presenta hoy, en parte es consecuencia de las dificultades en la implementación del punto que planteaba acabar con economías ilícitas que se firmó con la guerrilla de las FARC. Como producto de estos acuerdos se diseñó un programa de sustitución de cultivos ilícitos ubicados en regiones azotadas por el conflicto armado y en las que esa guerrilla había tenido presencia y gobernabilidad. Buena parte de la comunidad que vive en la trocha ganadera y en otros lugares del Guaviare decidieron entrar al programa y firmar acuerdos de sustitución voluntaria con el Estado colombiano.

En la región aún recuerdan que en marzo de 2017, el entonces presidente Santos, de botas y sombrero, arrancó una mata de coca en la vereda Charras para dar inicio al programa de sustitución.

El evento tenía mucho simbolismo porque esa zona fue una de las regiones más controladas por la guerrilla de las FARC. A los que se mantuvieran por cinco años con cultivos lícitos, Santos les prometió que “se les podrá titular las tierras para que se conviertan además en propietarios legales”, dijo.

El acuerdo con los campesinos parecía sencillo: los cultivadores arrancaban las matas de coca a cambio de ayuda gubernamental, la cual incluía recibir pagos mensuales durante un año y un aporte para proyectos productivos legales como cacao, chontaduro y hatos ganaderos.

Además, el gobierno se comprometió a que se mejorarían las vías y las cosechas tendrían compradores en las grandes ciudades. Durante el primer año, la ayuda llegó sin problemas, pero luego el programa empezó a tener retrasos y no pudo echar a andar los proyectos productivos, entre otras cosas, por las restricciones ambientales de muchos predios que se encontraban en zonas de reserva forestal, en resguardos indígenas y en zonas de parques naturales. En estas hay limitaciones tanto para la construcción de obras públicas como para actividades agropecuarias, a menos que se cambie para que permita un uso distinto.

Este programa, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos conocido como PNIS, tiene registrados 8627 titulares en el Guaviare. Estos incluyen cultivadores y recolectores de hoja de coca que viven en zonas de reserva forestal, resguardos indígenas y parques naturales nacionales y regionales. Luis Arenas, quien es el coordinador del PNIS en el Guaviare, cuenta que con la llegada al gobierno de Iván Duque (2018- 2022) el programa se estancó definitivamente. “No se desarrollaron las siguientes etapas que consistían en darle dineros a los cocaleros para que implementaran negocios de corto y largo plazo”, explica el funcionario.

En algunos casos enviaron nuevos técnicos que volvieron a visitar a los campesinos y a replantear los proyectos productivos que se supone iba a financiar el Estado.

El actual gobierno de Gustavo Petro, que ya cumplió dos años, tampoco ha mejorado la situación: cambió los operadores y prácticamente todo empezó de cero. Arenas reconoce que encontraron que buena parte de los predios se traslapan con parques, reservas naturales y resguardos indígenas donde está prohibida la inversión estatal, y así lo confirman varios líderes consultados para este reportaje.

El círculo vicioso

Mientras esto ocurre con quienes dejaron los cultivos de coca, una situación igual de preocupante involucra a algunas comunidades que viven en veredas limítrofes entre el resguardo y la reserva Nukak, ya que declinaron la oferta gubernamental de sustitución porque saben que están en zonas bajo la jurisdicción de la Dirección Nacional de Parques Naturales, una entidad que no se tomó en cuenta en la formulación del programa de sustitución voluntaria.

“(En veredas limítrofes) hay unas 600 familias con fincas de 50, 100 y más hectáreas que siguieron cultivando coca y tumbando la selva porque saben que no las van a sacar”, cuenta otro líder. Así las cosas, el Guaviare vive una encrucijada. Pasó de ser una de las regiones colombianas con mayor número de hectáreas sembradas con hoja de coca con fines ilícitos (en 2003 ocupó el primer lugar con más de 27 000 hectáreas, por encima de Putumayo y Nariño que hoy encabezan ese ranking), a tener la producción más baja en 2019 con 3119 hectáreas, precisamente porque la mayoría de familias cocaleras le apostaron a la erradicación voluntaria con el PNIS.

Aunque los cultivos de coca en el departamento venían en picada, empezaron a repuntar entre el 2020 y el 2022, llegando este último año a 4935 hectáreas, según datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), que maneja Naciones Unidas. Más de la mitad de las plantaciones de coca que hay en el Guaviare se concentra en la reserva y el resguardo Nukak Makú, en varios enclaves que se encuentran sobre la rivera del río Inírida y en veredas como Salto Gloria, Tomachipán, Kuway, Nueva York y La Paz.

A la crisis provocada por los cultivos de coca, la ganadería y la deforestación en el Guaviare, se suma el impacto humanitario en la comunidad indígena Nukak Makú, víctima histórica del conflicto armado en esta zona amazónica y de la invasión de sus territorios ancestrales. Esta es una población nómada sumamente vulnerable, que se ha visto obligada a desplazarse a zonas urbanas de los caseríos del departamento, en donde además de padecer el cambio de hábitat, no han tenido más opción que convertirse en mano de obra barata en los cultivos de coca.

La directora de la Fundación Natural, Clara Solano, resume la encrucijada que afronta el Guaviare en la falta de continuidad en las políticas públicas de los últimos tres gobiernos. “Ha habido una inconsistencia en la política muy fuerte. Salió el gobierno Santos tratando de desescalar (los cultivos) la coca, sin asperjar glifosato e impulsando la reconversión. Luego entró el gobierno de Iván Duque que optó por volver a la lucha (militar y aspersión); y ahora el nuevo gobierno cambia la política por negociaciones con los grupos armados ilegales que generan [expectativas de] nuevos acuerdos territoriales”, dice.

Las estadísticas disponibles aún no muestran la fotografía del 2023, pero los campesinos aseguran que, aunque los cultivos de coca han disminuido en ese departamento, en las zonas protegidas se mantienen.
 

Los cuellos de botella 

Simón Guevara, líder histórico de las juntas de acción comunal de la vereda Los Manglares, que colinda con el resguardo Nukak Makú, cuenta que los operadores contratados por el Gobierno que llegaron les dijeron a los campesinos que no importaba que tuvieran cultivos ilícitos en zonas protegidas. Para convencerlos de mantenerlos en el programa, asegura Guevara, les dijeron que encontrarían la forma de hacerles llegar las ayudas a pesar de las restricciones. 

Uno de los cambios en la política pública contra el narcotráfico, ha sido que el presidente Petro ha prometido que no perseguirá a los cultivadores de coca y que se concentrará en los eslabones más fuertes de la cadena del narcotráfico. Las estadísticas del mismo gobierno muestran que en 2023 se incautaron 739,5 toneladas de cocaína, un aumento del 12,1% de las 659 toneladas incautadas en 2022. 

Pero la realidad no se puede negar. La ley prohíbe invertir dineros públicos en áreas que tienen algún tipo de restricción, ya sea ambiental o étnica, un enorme desafío para la institucionalidad colombiana a la hora de combatir los cultivos de coca, la deforestación y la ganadería extensiva. También es un desafío para su legitimidad, ya que las comunidades resienten las promesas incumplidas. “Muchos estamos desde antes que se ampliara la Reserva Nukak Makú en 1993 y siempre la gente ha estado esperando que el Gobierno apoye con esa realidad (dejar los cultivos de coca)”, dice un integrante de una junta de acción comunal, ubicada sobre una de las riberas del río Inírida. “Lo cierto es que abundan las reuniones ambientales, que hay que conservar, que esto, que aquello, sin que resuelvan nada”, se queja. En el 2021, la dirección de Parques Naturales Nacionales (PNN) inició un programa de restauración con algunas familias para que ayuden a contener la deforestación en fincas colindantes con la Reserva Nukak Makú. Jenny Cueto, coordinadora regional en el Guaviare de PNN, explica que la entidad está buscando mecanismos para pagarles por esa labor. “Se está trabajando en otras estrategias orientadas a la conservación, a fortalecer el buen vivir y a que las familias cocaleras hagan monitoreo, como incentivos a la conservación”, explica. Pero este esfuerzo es insuficiente para frenar la deforestación al interior de la Reserva. Los campesinos hablan de que habría cultivos extensivos de hoja de coca en las riberas del río Inírida, al interior de la Reserva Nukak que superan las 100 y las 200 hectáreas, que están bajo la protección de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC).

Kyle Jhonson, fundador de la Fundación Conflict Responses, que investiga los grupos armados ilegales y la deforestación en esta región, le agrega otro reto a la difícil coyuntura. “Las disidencias de las FARC no han permitido que el Estado solucione el problema de la ocupación de tierra y los cultivos ilícitos al interior del resguardo y la reserva Nukak, ya que la producción de coca en estas zonas es indispensable para la financiación del grupo. (Tenemos) testimonios de que el frente Primero de esa disidencia ha permitido entrar a colonizar el parque y el resguardo con el requerimiento de sembrar cierta cantidad de coca”, explica.

Sin embargo, por la caída en los precios de la coca en la región ya se nota una disminución en las actividades ilegales, que seguramente se verá reflejado en los próximos reportes de deforestación. “Aunque no se puede decir que se esté dando una salida masiva de la gente, las cifras ya muestran un descenso en la deforestación tanto en la reserva como en el resguardo Nukak ”, explica Jenny Cueto, funcionaria de Parques Nacionales Naturales. 

Por su parte, a finales de 2023, el Ministerio de Ambiente lanzó el programa Conservar Paga, que le da incentivos económicos a las comunidades para que protejan los bosques de la Amazonía y que busca convertirse en un salvavidas para que los colonos dejen de deforestar en zonas protegidas. El programa pretende crear once núcleos de restauración que contengan la tala de bosques para ganadería y coca.

Otra de las preocupaciones del gobierno actual es cómo solucionar las disputas y traslapes entre territorios indígenas y parques naturales, la titulación y la inversión pública en la región. Esto se evidenció en una reunión en noviembre de 2023, liderada por las cabezas de los ministerios de Ambiente y Agricultura, Susana Muhamad y Jénifer Mojica, con líderes de todo el Guaviare, en la que se anunció la instalación de una mesa permanente por los derechos territoriales, a la que le asignaron la difícil tarea de desenredar los nudos que dificultan la titulación de tierras.

El miedo y la desconfianza por las promesas incumplidas persiste en las comunidades. En parte por el control de grupos armados que, frente a la caída del mercado de la coca, están permitiendo que se tale en los territorios bajo su control, en donde están dejando entrar ganado, la nueva bonanza de estos territorios y sobre los que cobran extorsiones.

Recientemente, el Ministerio de Ambiente ha citado a varias reuniones a los presidentes de las veredas del Guaviare para explicar el proyecto de los núcleos de conservación que quiere impulsar, pero se ha topado con la resistencia de las disidencias. “Cuando les contamos de qué se trataba el proyecto —relata un presidente de una junta en El Retorno—, el comandante nos dijo que tenían que hablar con ellos”, es decir que para entrar deben pagarles una coima.