Tras la mediática deportación de Aida Merlano Rebolledo a Colombia desde Venezuela son varios los cabos sueltos que ella y la justicia ahora sí podrán desmadejar para que el país entienda finalmente el entramado de corrupción electoral en Barranquilla y parte del Caribe. A pesar de que el escándalo se destapó hace cinco años con abundantes pruebas, rendir cuentas ante la justicia colombiana aún no ha sido posible.
Lo insólito es que muchos de los protagonistas —entre ellos el exsenador Fuad Char y su hijo el exalcalde de Barranquilla Alejandro Char, el contratista Faisal Cure, o el prestamista Galo Abondano— de este dramático novelón costeño ni siquiera han sido llamados a declarar por la Fiscalía General, tal y como lo señaló el abogado Miguel Ángel del Río, defensor de la exsenadora. La política dio una rueda de prensa que ha sido interpretada como una forma de opacar el otro escándalo electoral que ahora sacude a Barranquilla, con Nicolás Petro como protagonista
Del Río cuestionó a la Fiscalía por no haber adelantado investigaciones contra los implicados en el caso, entre ellos políticos y empresarios de Barranquilla y la Costa que supuestamente financiaron de manera ilegal la campaña al Congreso de Merlano, y el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char.
Toda esta historia comenzó de manera vertiginosa el 13 de marzo de 2018 cuando un equipo de la Policía y la Fiscalía General allanó ‘Casa Blanca’, la sede de la campaña de la recién elegida senadora por el partido Conservador, Aida Merlano, en el barrio El Golf de Barranquilla. Allí, dos días después de la jornada electoral en la que ella obtuvo unos 76.000 votos, hallaron dinero en efectivo, cientos de cédulas, certificados electorales, bases de datos, recibos y suficiente evidencia que permitía inferir que allí se había fraguado una operación de compra de votos.
Merlano compartía su sede de campaña con la también candidata a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical, Lilibeth Llinás, señaladas ambas de ser promovidas por el clan Char.
Ese 13 de marzo, las autoridades capturaron a Merlano y cinco personas, entre ellas una hermana de la senadora, que estaban en la sede de campaña y coordinaban la supuesta operación ilegal.
La cinematográfica fuga de Merlano el 1 de octubre de 2019 y su condena ya son ampliamente conocidas. En febrero de 2022, vistiendo una desaliñada blusa blanca desde su lugar de detención en Venezuela, la excongresista Merlano –acompañada de su abogado del Río– sostuvo una entrevista con el periodista Daniel Coronell. Fue su primera aparición desde que escapó en moto de un consultorio odontológico después de haber sido condenada a 15 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por tres delitos: corrupción al sufragante, concierto para delinquir agravado y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal.
En la entrevista contó los pormenores de cómo se realizó una de las mayores operaciones de compra y venta de votos en la ciudad de Barranquilla y el Caribe colombiano y reveló que había sido amante y socia política de dos de los mayores empresarios y políticos de la región Caribe colombiana: Julio Gerlein y Alejandro Char.
Merlano justificó su fuga por un supuesto plan para asesinarla y así evitar que delatara la trama de corrupción política que la llevó a la cárcel y que se habría urdido desde las entrañas del poder regional del Atlántico.
La pista del dinero
Merlano afirmó en la entrevista con Coronell que había prendido el ventilador porque la dejaron sola: “Le dijeron a los investigadores que no me conocían. También que era una mitómana y loca”.
“Su estrategia inicial –cuenta su abogado Vladimir Cuadro– era declararse inocente, pero cuando se dio cuenta de que frente a las pruebas y que la dejan sola, cambió de opinión y empezó a colaborar”.
En esa entrevista, Merlano reconoció que la alianza política en la que se unieron las casas Char y Gerlein ocurrió cuando ella decidió aspirar al Senado, después de que el patriarca Roberto Gerlein decidiera no volver a postularse tras 40 años en el Congreso.
“Al principio Julio [Gerlein] no quería apoyarme”, sostuvo la política ante la Corte Suprema en uno de los interrogatorios. Pero el empresario –entonces su pareja– logró el apoyo tras varias reuniones con el senador Arturo Char.
Según Merlano, entre el senador Char, el empresario Gerlein y el contratista del distrito de Barranquilla cercano a los Char, Feisal Cure, definieron una inusual alianza: ella se lanzaría al Senado en la lista del partido Conservador, a cambio de apoyar a Lilibeth Llinás a la Cámara de Representantes por el Atlántico, pero por una lista de Cambio Radical, en una clara violación al estatuto de los partidos y movimientos políticos.
Además de Merlano, varios testigos como Rafael Rocha, coordinador de su campaña, coinciden en que se realizó una reunión en la ‘Casa Blanca’ en la que participaron el senador Char, Merlano, Julio Gerlein, Lilibeth Llinás y Faisal Cure, entre otros, en donde se definió la estructura y la financiación de la campaña.
“Faisal dijo que iba a financiar la mitad de la campaña, Arturo se comprometió con la otra mitad”, aseguró Merlano. Gerlein sería el administrador de los recursos tanto de su candidatura como la de Llinás, quien aspiraría a la Cámara de Representantes.
Más allá del novelón de sus relaciones personales, la excongresista explicó que los dineros para su campaña y la de Llinás provenían de coimas de contratos que había suscrito la administración de Barranquilla. El embrollo está en que en las grabaciones en poder de la justicia y en varias entrevistas a medios de comunicación, hay varias versiones y contradicciones sobre el origen del dinero.
La punta de iceberg
“Existe un carrusel de contratación en el Atlántico”, sostuvo Merlano en una diligencia ante la Corte. Ella calculó que entre Char y Gerlein reunieron 18.000 millones de pesos. Si bien ese fue el monto acordado para su campaña, no todo le llegó a ella, sino que la mayor parte se fue a financiar otras campañas, entre ellas las del senador Arturo Char, Lilibeth Llinás y otras personas como el “Negro López y otra persona en Santa Marta”, agregó la exsenadora.
Según Merlano, Alejandro Char le aseguró que, para su campaña, su familia le entregaría 12.000 millones de pesos que provenían de coimas que le debía Gerlein por varios contratos (canalización de los arroyos, construcción de vías y la obra del Malecón del Río), que dicho grupo político había entregado a través de la Alcaldía de Barranquilla.
Los Char han negado siempre que hayan financiado la campaña de Merlano. El patriarca de la familia, el exsenador Fuad Char, anunció en un comunicado en febrero de 2023, sin mencionar directamente a Merlano, que “como familia estamos dispuestos a agotar todas las instancias jurídicas para desenmascarar todo este entramado de mentiras que la señora ha declarado en contra nuestra”.
Allí es donde empiezan las diferentes versiones. En una llamada entre Merlano y Gerlein, grabada por servicios de inteligencia venezolanos, discuten el monto de lo que costó la campaña. Merlano insistió en que quien financió su campaña fue Alejandro Char o su familia por un valor de 16.000 millones de pesos.
El empresario le respondió que él se gastó 12.000 millones de pesos, pero que estos provenían de varios préstamos: uno con el Banco Serfinanza, otro de su hermano Mauricio, su socio Jaime Massard y un último de un prestamista José Galo Abondano.
La justicia tiene el desafío de probar el origen de los recursos que fueron presuntamente entregados bajo la mesa, pues no hay registro de estos en Cuentas Claras, aplicativo que debe contener información financiera de las campañas políticas. De hecho, ni Massard, Abondano, ni Cure aparecen como aportantes a campaña electoral alguna.
En esa misma conversación, Merlano le recriminó a Gerlein que parte de los recursos se los había prometido Alejandro Char, supuestamente producto de una coima que le giraría el contratista Faisal Cure. Sin embargo, la política aseguró que nunca entró la cantidad que Gerlein asegura costó su campaña y lo justifica señalando que el empresario financió otras campañas de otras regiones.
En la versión de Merlano sobre el origen de los dineros, Julio Gerlein le debía 6.000 millones de pesos de coimas a Char por dos contratos de obras públicas, por la construcción de la Avenida del Río y el Malecón, que le habían otorgado a su empresa Valorcón, y este se había comprometido a pagarlos financiando su campaña. Además, Char le pidió a Faisal Cure que le girara a su examante 12.000 millones de pesos.
Merlano explicó ante la CSJ que este mismo modus operandi lo usó Cure para financiar su campaña. Según la excongresista, este le entregó 6.000 millones de pesos a través de cheques y contratos ficticios firmados a terceros. “Todos estos dineros provenían de recursos de la nación'', explicó. Una vez en efectivo “un escolta de Cure (le) llevaba maletas de dinero”, agregó en una audiencia.
Tanto en las investigaciones de la Corte Suprema como en las entrevistas que ha concedido a medios de comunicación, Merlano sostiene que la plata proveniente de los Char, que a su vez se la entregaba Cure, la recibía Gerlein y él se encargaba de repartirla sin que ella tuviera participación, por eso asegura que no le llegó todo el dinero que se dice que le enviaron.
El 8 de noviembre de 2017, el Consejo Nacional Electoral fijó la suma de alrededor de 800 millones de pesos por candidato como límite de gastos de cada una de las listas al Senado de la República para los comicios del 2018 en la circunscripción ordinaria.
Tras varios allanamientos, la Corte encontró que los hermanos Gerlein Echeverria giraron entre enero y abril de 2018 cheques por 2.426 millones de pesos y 1.887 millones a personas cercanas a Aida Merlano, para un total de 4.314 millones de pesos. Monto lejano al referido por Merlano y Gerlein en las conversaciones interceptadas.
Según el peritazgo de expertos de la Fiscalía, los Gerlein giraban cheques a personas de la campaña como Edwin Rafael Martínez Salas, ya capturado, quien durante el mes de febrero de 2018 cobró 21 cheques por 1.075 millones de pesos. También aparece José Antonio Manzaneda Vergara, exesposo de Merlano y a quien la CSJ le atribuye el rol de tesorero, quien cobró 41 cheques por valor de 1.512 millones de pesos.
Por el volumen del efectivo que manejaban durante la campaña al Congreso, algunas de estas eran guardadas en lugares estratégicos de ‘Casa Blanca’ y hasta en la “bañera” del inmueble. También se encontraron cheques, recibos de caja y pagarés en blanco, con fechas que van desde febrero de 2017 a septiembre de 2018, con los que se hacían entregas de dinero a personas cercanas a la excongresista, encubrían el rastro del dinero y evitaban que se registraran en las cuentas de la campaña.
Serfinanza, otra pieza clave sin investigar
Esta filtración también reveló el papel que supuestamente habría tenido el banco Serfinanza, del que es accionista la familia Char, en la financiación de campañas políticas en el Caribe colombiano.
“Serfinanza le da dinero a todos los políticos y les hace firmar pagarés para tenerlos”, señaló la excongresista.
Al revisar el aplicativo Cuentas Claras, esta entidad ha realizado créditos a diferentes campañas políticas: en 2022 le prestaron 400 millones de pesos a José David Name (partido de la U) y 400 millones de pesos a Mauricio Gómez Amín (partido Liberal, ambos senadores elegidos para esta legislatura).
En pasadas elecciones financiaron con préstamos bancarios a varios candidatos elegidos, entre ellos a Alejandro Char en 2015 (700 millones), los senadores Andrés García Zuccardi (400 millones) Laureano Acuña Díaz (400 millones) José David Name (300 millones) Luis Eduardo Diaz-Granados Torres (269 millones de pesos) y los representantes Alonso José del Rio (300 millones) y Cesar Augusto Lorduy (300 millones) en la legislatura 2018-2022.
Por su parte, Merlano no reportó un solo peso durante su campaña como candidata al Partido Conservador, ni de ingresos ni de gastos según se registra en Cuentas Claras. Por tanto, el supuesto préstamo de Serfinanza no fue registrado oficialmente.
En esa línea, en febrero de 2022, ese banco publicó un comunicado negando que Merlano hubiera sido beneficiaria de un crédito para su campaña. Allí sostienen que no pueden conocer el destino que sus clientes le dan a los préstamos, refiriéndose a la conversación entre Merlano y Gerlein en la que mencionan a esta entidad.
“En cumplimiento de la regulación aplicable, [Serfinanza] realiza rigurosamente el proceso de vinculación y conocimiento del cliente, reforzado en créditos a aspirantes a cargos de elección popular, cumpliendo rigurosamente con todos los requisitos exigidos por la ley para este tipo de operaciones y reportando a los entes correspondientes el detalle de cada operación”, dice el comunicado.
En un archivo que reposa en la Corte Suprema de Justicia, existe un pagaré de esa entidad bancaria que Merlano asegura fue obligada a firmar para vincularla a un crédito. Además, declaró que en una etapa de su investigación negó la participación de Serfinanza en el entramado, a raíz de una llamada que le hicieron antes de una declaración ante la Corte Suprema de Justicia. “Me enviaron un mensaje con una foto del edificio del apartamento de mi hija”, lo que consideró como una amenaza.
En los expedientes que tiene la justicia y por el que han condenado a Merlano y a varios de sus colaboradores reposan egresos, pagarés y cheques girados por los hermanos Gerlein a personas de la campaña de Merlano y Llinás y con los que estructuraron la operación de zonificación y compra y venta de votos en Barranquilla y varios municipios del Atlántico. También cuentan con un video en el que se podría probar que el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, le llevó días antes de las elecciones de marzo de 2018, unos 500 millones de pesos “En billetes de 100.000 pesos. Era la primera vez que veía esos billetes”, anotó Merlano ante la Corte.
En todo caso, con cualquiera de las dos cifras, es claro que la campaña de Merlano violó los topes electorales establecidos para la lista del conservatismo de 884 millones de pesos (la lista en su conjunto tenía aprobado un monto de 88.413 millones de pesos).
La estimación realizada por los funcionarios de Policía Judicial, en relación con el material incautado que ha servido como prueba en el proceso, suman “1.862 millones de pesos, que por sí sola supera el monto autorizado por el Consejo Nacional Electoral”, dice un apartado de la sentencia de la Corte Suprema contra la excongresista.
En este punto, lo que enreda la trama es el hecho de que Merlano ha insistido en que nunca manejó dinero de la campaña (dice que le entregaron 600 millones de pesos), por lo que no es claro si tiene evidencias del monto real que dispuso en la campaña.
Además que en diferentes audios de conversaciones interceptadas se ha mostrado arrepentida del daño que sus declaraciones causaron a Gerlein y de sus intenciones de atacar y sindicar a la familia Char, a la que considera responsable de su caída.
Aunque en este punto la CSJ establece que, a pesar de que Merlano aseguró que fue menor el valor de los dineros que entraron en su campaña, “de ninguna manera fue ajen(a) al conocimiento y control de la entonces candidata al Senado”.
La CSJ ha dicho que “la sindicada adujo no llevarlos (libros de contabilidad) e ignorar las condiciones para su manejo adecuado”. De hecho ella fue una de las candidatas que no presentó a tiempo esas cuentas. Además de argumentar que Gerlein era quien “llevaba el control de los gastos, de los contratos y de los certificados, incluso, fue él quien vinculó al contador para la organización de cuentas y luego presentarlas al Consejo Nacional Electoral”, dice la Corte en una de sus sentencias.
Los Char, Acuña y las campañas presidenciales
Aunque la justicia ha condenado a Merlano y a varios de sus colaboradores, entre ellos su hermana, algunos de los cuales aceptaron cargos, poco ha sido el avance judicial contra otras personas (entre ellos políticos y empresarios) mencionadas en esta trama de corrupción.
La excongresista ha mencionado en sus versiones que este mismo esquema se utilizó para financiar campañas como las de los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.
Por esto, el 11 de febrero de 2022, a raíz de estas confesiones de la Merlano y otros testigos, la Corte abrió una investigación contra los congresistas Arturo Char y Laureano Acuña, y compulsó copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que investigara a los expresidentes y al exfiscal general, Néstor Humberto Martínez.
También a la Fiscalía para que investigue a su examante y exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por su participación en la fuga y en el entramado de financiación ilegal a través de coimas en contratos que presuntamente adjudicó o ayudó a entregar de los que dice la Corte “habría exigido entre el 10% y el 15% de su valor total” y la compra de votos en las elecciones de 2018. Char ni siquiera ha sido llamado a declarar por este caso.
Y a Fuad Char, de quien dice es “señalado por Aída Merlano Rebolledo como otra de las personas que organizó, financió y ejecutó el proyecto criminal que condujo a su fuga el pasado 1º de octubre de 2019”. También a Faisal Jacobo Cure Orfale salpicado como uno de los “principales beneficiarios de contratos de obra pública durante la administración de Alejandro Char que fueron “direccionadas por el “Clan Char”, a fin de lograr que este les entregara algunas “coimas”, que serían posteriormente destinadas a la compra de votos, entre otras, en su campaña”, asegura la Corte.
Frente a esto, la Fiscalía ha hecho público que ha adelantado investigaciones contra el empresario Julio Gerlein, la excandidata a la Cámara, Lilibeth Llinás, y los diputados del Atlántico, Jorge Rangel y Margarita Ballén, los concejales de Barranquilla, Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora Calleja, y a los exconcejales, Aissar Castro Reyes y Vicente Támara. Sin embargo, ninguno ha sido llamado a imputaciones.
El ente acusador no ha informado si hay procesos abiertos o al menos indagaciones contra Fuad Char, Faisal Cure, el prestamista José Galo Abondano o el exalcalde Alejandro Char, quienes han sido señalados por la excongresista Merlano como los financiadores de su campaña a través de coimas que salieron de dineros públicos.
Ante la nueva arremetida de entrevistas de Merlano en los medios y la justicia colombiana Fuad Char publicó un video a comienzos de enero de 2023, en el que califica las versiones de la política de “contradictorias e incoherentes” y “sin pruebas”. Para descalificarla, aseguró que está buscando “beneficios legales y favorecimiento intentando desprestigiar a nuestra familia de la mano de adversarios con intereses políticos cuyos nombres todos conocen”. Char sostiene que “el guión y narrativa de la señora” tiene “las intenciones de dañar a nuestra familia”.
El mismo día que Merlano fue deportada al país, Char cuestionó su regreso y aseguró que tenía como objetivo atajar la nueva candidatura de su hijo a la alcaldía de Barranquilla, con lo que de paso oficializó que Alejandro se volverá a lanzar pese al escándalo.
Sin embargo, aunque Char tenga razón en el demostrado afán revanchista de la excongresista, para la Corte Suprema es claro que sí existió una alianza entre Merlano y su grupo político y, además de ser testigo de excepción, existen pruebas de montos multimillonarios que habrían aceitado las campañas de Merlano y Llinás. También que las investigaciones y las pruebas las debe valorar la justicia colombiana y en especial la Fiscalía, que tras cinco años sólo ha llegado a unas cuantas cabezas de este entramado de corrupción que ya se conoce como la MerlanoPolítica.
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