La coca desapareció de cientos de veredas del Guaviare y el sur del Meta, pero el bosque no se recuperó. En su lugar avanzaron los potreros. Un análisis de 286 veredas muestra cómo la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos coincidió con una rápida praderización que hoy amenaza a los parques Chiribiquete, La Macarena y la Reserva Nukak.
Narciso Quiroga llegó hace más de 30 años al corregimiento El Capricho, en el departamento de Guaviare, atraído por la bonanza cocalera. Cuando arribó, recuerda, el paisaje era una inmensa selva continua. Hoy, a sus 71 años, observa desde su finca un horizonte dominado por potreros.
Como miles de colonos de la región, Quiroga se vinculó al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) con la esperanza de abandonar la coca y construir una economía legal.
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), creado tras el Acuerdo Final de Paz de Colombia en 2016, ofrecía a las familias campesinas apoyos económicos, asistencia técnica y proyectos productivos a cambio de erradicar voluntariamente los cultivos de coca. Su diseño también incluía inversiones en infraestructura, acceso a tierras, crédito y servicios públicos para garantizar una sustitución sostenible, aunque buena parte de esos compromisos se retrasó o nunca llegó a cumplirse.
Sin embargo, la transición de la coca nunca se completó. “Después que nos metimos a ese proyecto, fue como si hubiera muerto. No se volvió a saber nada del proyecto. Entonces, eso es lo que a uno le da putería”, dice frustrado. Sin los pagos completos prometidos y sin proyectos productivos sostenibles, terminó invirtiendo sus escasos recursos en ocho reses.
Para llegar a Caño Tigre, la vereda donde vive Quiroga, muy cerca del río Guayabero, hay que recorrer por más de dos horas una trocha sinuosa desde San José del Guaviare, que ha sido hecha a mano por las comunidades de esta región. Sin carreteras formales, los colonos deben arreglar sus caminos cada año. Sin embargo, la geografía es hostil: el agua que brota de las montañas y la lluvia constante convierten cualquier mejora en una trampa de lodo que impide sacar los cultivos.
Tras la desmovilización de las FARC, el vacío de poder convirtió la región en un escenario de disputa entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, liderado por alias Calarcá Córdoba, y el Estado Mayor Central, bajo el mando de alias Iván Mordisco, enfrentados por el control territorial y las rentas del narcotráfico. A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, el balance en esta zona de transición amazónica es desolador. A pesar de haber sido uno de los escenarios más golpeados por la guerra con las FARC, el prometido punto cuatro del acuerdo, destinado a resolver de raíz la problemática de los cultivos de uso ilícito, no ha logrado consolidarse. Para los habitantes de esta región, el Estado sigue en deuda con la sustitución integral que se prometió en las negociaciones en La Habana.
"Nos dijeron que arrancáramos la coca porque iban a venir proyectos. Arrancamos la coca y después no volvió nadie", recuerda Narciso mientras señala los potreros que hoy rodean su finca. La decisión de comprar ganado no fue el resultado de un plan empresarial. Fue una estrategia de supervivencia. "Con las vacas por lo menos uno puede vender una cuando necesita remesa (mercado)", explica.
Su historia refleja una transformación que se repite en buena parte del Guaviare y el sur del Meta: el reemplazo progresivo de la coca por la ganadería extensiva en territorios estratégicos para la conservación de la Amazonía.
A diez años de la firma del Acuerdo de Paz, la región Macarena-Guaviare sigue siendo uno de los ejemplos más evidentes de la distancia entre las promesas de sustitución de cultivos y la realidad rural. Tras la desmovilización de las FARC, el vacío institucional coincidió con nuevas disputas armadas y con la incapacidad estatal para consolidar alternativas económicas viables. El resultado fue una transición inconclusa en una de las zonas más sensibles del país: la antesala de los parques nacionales Chiribiquete, La Macarena y Tinigua, así como de la Reserva Nacional Natural Nukak.
Para entender cómo evolucionó esa transformación, realizamos un análisis de la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) en la región Macarena-Guaviare. Mediante solicitudes de acceso a la información a la Agencia de Renovación del Territorio (ART), obtuvimos los registros de pagos del programa a nivel veredal, que luego cruzamos con los datos de deforestación y los censos de cultivos ilícitos recopilados por el Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y del Derecho. El análisis permitió seguir la trayectoria de los territorios donde se implementó el programa y contrastar la reducción de la coca con los cambios en el uso del suelo.
De la coca a las vacas
Entre 2016 y 2023 los cultivos de coca disminuyeron de manera importante en la región de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) Macarena-Guaviare. El área sembrada pasó de cerca de 12.000 hectáreas a alrededor de 4.000, producto de la combinación entre erradicación forzada y sustitución voluntaria, según datos del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia de Colombia.
En ese proceso, 6.669 cultivadores ingresaron al PNIS y cada uno recibió, en promedio, 14,6 millones de pesos(unos US $4000). Sin embargo, los resultados fueron parciales.
Un informe de evaluación realizado por la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos- USAID- encontró que el programa cumplió principalmente con los apoyos alimentarios iniciales y las huertas de autoconsumo, pero fracasó en el componente más importante: los proyectos productivos de largo plazo. Apenas 270 beneficiarios accedieron a recursos para desarrollar actividades económicas sostenibles.
El cambio de gobierno entre Juan Manuel Santos e Iván Duque profundizó la crisis. La ejecución se ralentizó, numerosos compromisos quedaron pendientes y miles de familias que habían erradicado voluntariamente sus cultivos quedaron sin una fuente estable de ingresos.
Pedro Velandia todavía recuerda el día en que arrancó la coca de su parcela en la vereda Marabilis, de San José del Guaviare. “Acá nos pintaron pajaritos en el aire donde todo el mundo se ilusionó. Y usted sabe que como campesino uno dice: ‘Bueno, voy a sacar un poquito la pata del barro, voy a cambiar de proyecto, voy a cambiar de medio de vivir’”, relata.
Según él, el hambre terminó convirtiéndose en un motor silencioso de la deforestación. "Como no está cumpliendo el gobierno y como se sabe que la ganadería está produciendo, vamos a tumbar (la) selva".
Velandia recuerda que muchos campesinos tuvieron que endeudarse para sobrevivir. "Muchos pidieron préstamos para comprar ganado. Otros recibieron animales o insumos sin capacitación. La mayoría perdió plata".
Incluso los recursos del PNIS que alcanzaron a circular generaron efectos inesperados. "Cuando llegó la plata del programa, el ganado y los insumos se dispararon de precio. Los que ganaron fueron los intermediarios", asegura.
La sustitución logró reducir parte de la coca, pero nunca consiguió consolidar una economía alternativa capaz de sostener a las familias rurales una vez terminaron los apoyos iniciales.
Sin embargo, la transición hacia la ganadería no comenzó con el PNIS. Según Franf Garzón, presidente de la Cámara de Comercio del Guaviare y oriundo de El Capricho, el cambio de la coca hacia otras actividades venía gestándose desde comienzos de los años 2000, cuando los habitantes empezaron a percibir que la guerra y las economías ilegales no podían sostenerse indefinidamente.
"La gente se cansó de la violencia y empezó a pensar en otras alternativas", explica Garzón. En ese proceso aparecieron los cultivos de cacao, plátano, yuca y maíz, pero también el ganado, que comenzó a consolidarse como una forma de ahorro y de ocupación de la tierra.
Garzón recuerda que El Capricho pasó de ser un pequeño caserío cocalero a convertirse en un centro poblado con hoteles, restaurantes, comercio y servicios que conectan San José del Guaviare con los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán. Para él, la reducción de la coca fue uno de los cambios sociales más importantes que ha vivido la región.
Pero también cree que el incumplimiento de los acuerdos de sustitución voluntaria erosionó la confianza de las comunidades.
"La gente sintió que fue traicionada porque algunos programas no funcionaron como fueron planteados desde el inicio", afirma. Por eso insiste en que el fracaso de la sustitución no puede entenderse únicamente como un problema productivo. También fue una ruptura de confianza entre el Estado y las comunidades que habían decidido abandonar voluntariamente los cultivos ilícitos.
La explicación económica de esa decisión aparece una y otra vez en las entrevistas realizadas para esta investigación. Fidel Daza, líder de Asojuntas en Calamar y uno de los participantes en la construcción local del PNIS, sostiene que la ganadería terminó imponiéndose porque resolvía un problema que ningún otro proyecto logró solucionar: el acceso al mercado.
"Una vaca es como tener la plata guardada en el potrero", explica. "Si una familia necesita efectivo puede venderla o incluso sacarla caminando. Con el plátano o la yuca ocurre lo contrario: hay que transportarlos, se pueden perder y muchas veces el costo del viaje termina consumiendo la ganancia".
Además, Daza plantea una comparación que resume buena parte del dilema amazónico. Mientras un kilogramo de base de coca puede transportarse fácilmente en una motocicleta y alcanzar un alto valor comercial, producir la misma cantidad de ingresos con cultivos legales exige mover toneladas de productos por carreteras precarias o inexistentes.
"Ahí está el problema de fondo de la sustitución", afirma. "Si no hay comercialización garantizada, la gente termina apostándole a lo único que le ofrece seguridad". Según Daza, muchos pequeños productores que recibieron los primeros pagos del PNIS abandonaron definitivamente la coca pero, al no llegar los proyectos productivos, terminaron invirtiendo en ganado. Otros, que dependían exclusivamente de los cultivos ilícitos, migraron hacia zonas más alejadas y reanudaron la siembra.
"La sustitución sí era una alternativa viable", insiste. "Lo que no funcionó fue la implementación".
El programa llegó hasta la mitad del camino
Las cifras muestran que el principal problema del PNIS en la subregión Macarena-Guaviare no fue la falta de cobertura, sino la incapacidad para completar la transición prometida. Según el análisis de USAID, en esta subregión se registraron 6.669 beneficiarios georreferenciados, quienes recibieron en promedio 14,6 millones de pesos, una cifra ligeramente superior al promedio nacional de 14,2 millones.
Sin embargo, detrás de ese promedio se esconde una realidad mucho menos alentadora. La mayor parte de los recursos se concentró en los componentes iniciales del programa: asistencia alimentaria, huertas caseras y parte de la asistencia técnica integral. Los proyectos productivos, que debían convertirse en la base económica de la sustitución, prácticamente nunca llegaron.
De los 6.669 beneficiarios vinculados al programa en la zona, apenas 270 recibieron recursos para proyectos productivos. Incluso, el mayor desembolso individual registrado en toda la región alcanzó apenas 24,4 millones de pesos. En otras palabras, miles de familias erradicaron coca y recibieron apoyos temporales, pero muy pocas lograron acceder a las inversiones necesarias para construir una economía legal sostenible.
Fidel Daza, quien participó en la construcción local del PNIS en el municipio de Calamar, explica que, mientras llegaron los pagos mensuales la economía local se dinamizó. Hubo más comercio, circuló dinero y muchas familias apostaron por permanecer en la legalidad. "Pero cuando se acabaron los pagos, mucha gente se quedó preguntando: ¿y ahora de qué vivimos?", se lamentó.
Los datos de deserción del Programa, según el análisis de Usaid, muestran el tamaño de la frustración. En la región Macarena-Guaviare los retiros del programa alcanzaron el 6 %, aunque algunos municipios registraron cifras mucho más altas. Miraflores tuvo una tasa de retiro del 19,3 %, seguido por El Retorno (12,9 %), Calamar (11,4 %) y San José del Guaviare (8 %).
La principal razón de abandono fue la intermitencia del programa, los pagos insuficientes o la ausencia de desembolsos. También se registraron casos relacionados con inconsistencias administrativas, falta de validación por parte de las juntas de acción comunal, cambios de ubicación e incumplimientos en la erradicación.
El dato más revelador es que cerca del 60 % de los beneficiarios retirados del PNIS a nivel nacional se concentraron precisamente en esta región.
A pesar de estas dificultades, el programa sí produjo un resultado significativo: los cultivos de coca alcanzaron sus niveles más bajos desde la puesta en marcha de la estrategia de sustitución en 2017. La reducción demuestra que la política funcionó parcialmente. Lo que no logró fue consolidar una economía capaz de sostener a los campesinos después de la erradicación.
La situación fue aún más compleja en las zonas ambientalmente protegidas. En los Parques Nacionales Naturales de la región se ubicaban 925 beneficiarios del PNIS. Aunque recibieron recursos de asistencia alimentaria, las restricciones legales impidieron la entrega de materiales, insumos y proyectos productivos.
La mayoría de estos beneficiarios se encontraba en los parques La Macarena y Tinigua, y en menor medida en Picachos. Paradójicamente, estas mismas áreas registraban algunos de los niveles más altos de presión sobre el bosque. En 2017 los parques llegaron a concentrar cerca de 2.800 hectáreas de coca y todavía en 2019 mantenían más de 1.000 hectáreas sembradas, según datos del Observatorio de Drogas de Colombia, dependiente del Ministerio de Justicia.
El informe de USAID encontró que la principal actividad económica desarrollada posteriormente por estos beneficiarios fue la ganadería y los sistemas silvopastoriles, que representaron el 49 % de los casos analizados en el reporte.
Un fenómeno similar ocurrió en las zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. Allí se concentraba el mayor número de beneficiarios de la región bajo esta categoría: 1.169 personas. Fueron algunos de los que recibieron menores desembolsos y, en ciertos casos, ni siquiera completaron los apoyos alimentarios previstos.
El informe resalta una desconexión geográfica preocupante: mientras los parques y las zonas de reserva se convirtieron en epicentros de praderización, los llamados "negocios verdes" —proyectos de desarrollo sostenible— se concentraron casi exclusivamente en los cascos urbanos, como los 30 proyectos de San José del Guaviare y los 67 de La Macarena, dejando a las zonas rurales más profundas, donde se ubicaron 1.169 beneficiarios en zonas de Ley Segunda, totalmente desamparadas.
El PNIS redujo la coca, pero al no ofrecer una alternativa económica viable y coherente con las restricciones ambientales, terminó pavimentando el camino para que el ganado, y no el desarrollo, se convirtiera en el nuevo dueño de la selva.
En las zonas de reserva forestal, con corte a 2025, persistían 755 hectáreas de coca, concentradas principalmente en Miraflores (513 hectáreas), Calamar (143), El Retorno (56) y San José del Guaviare (39). Los proyectos priorizados en estos territorios se orientaron principalmente hacia sistemas silvopastoriles y ganadería, seguidos por iniciativas de cacao.
La apuesta por actividades compatibles con la conservación del bosque tuvieron una escala mucho menor. Según USAID, en toda la región se identificaron apenas 33 proyectos de negocios verdes, de los cuales 30 estaban concentrados en San José del Guaviare. Otros 68 proyectos relacionados con alternativas sostenibles se localizaron casi exclusivamente en La Macarena, donde se ejecutaron 67, mientras que solo uno llegó al municipio de Uribe.
La distribución revela una paradoja. Mientras las zonas más profundas de la frontera amazónica concentraban miles de beneficiarios de sustitución y fuertes presiones de deforestación, la mayoría de las iniciativas asociadas al aprovechamiento sostenible del bosque permanecieron focalizadas en unos pocos municipios. La consecuencia fue que, una vez terminados los apoyos iniciales del PNIS, la ganadería siguió siendo la alternativa económica más accesible para buena parte de los campesinos.
“(El Pnis)Debió haber logrado sustituirse a través de otras tipos de actividades asociadas a la bioeconomía, pero hubo mucha lentitud en el diseño y en la implementación de instrumentos de política asociadas al fortalecimiento de la bioeconomía", se lamenta Mauricio Cabrera quien fue viceministro de Ambiente entre 2024 y 2025.
Cuando el bosque se convirtió en potrero
El fracaso de la transición de los cultivos de uso ilícito a economías legales y sostenibles tuvo consecuencias visibles sobre la zona Macarena-Guaviare. Entre 2016 y 2024, las 286 veredas analizadas perdieron 125.794 hectáreas de bosque. En el mismo periodo, los pastizales crecieron en 184.061 hectáreas.
Las coberturas boscosas pasaron de 552.102 a 426.308 hectáreas, mientras que los pastos aumentaron hasta ocupar 587.779 hectáreas.
Al hacer la comparación entre veredas con y sin PNIS muestra una diferencia clara. En las zonas vinculadas al programa, la conversión de bosque a pastizales fue mayor: al menos la mitad registró 114 hectáreas o más transformadas, frente a 32 hectáreas en las veredas sin intervención. La misma tendencia se observa en el crecimiento de los pastizales, que alcanzó 420 hectáreas o más en la mitad de las veredas con PNIS, mientras que en las demás fue de 122 hectáreas.
Esto no significa que las veredas donde permaneció la coca estuvieran libres de impactos ambientales. La coca también impulsa la deforestación, pero los datos muestran que, donde se implementó el PNIS, la reducción de estos cultivos coincidió con una expansión más acelerada de los pastizales. Una tendencia que también identificó un informe de USAID, según el cual, en varias de las zonas ambientalmente más sensibles, las alternativas económicas terminaron concentrándose en actividades asociadas a la ganadería.
En los Parques Nacionales Naturales de la región, 925 beneficiarios del PNIS recibieron apoyos, pero la principal línea productiva identificada fue la ganadería y las actividades silvopastoriles, que representaron el 49 % de los casos analizados. Aunque los sistemas silvopastoriles pueden tener mejores desempeños ambientales que la ganadería extensiva tradicional, ambas actividades implican transformaciones del uso del suelo y han estado asociadas históricamente a los procesos de deforestación en la Amazonía.
Un patrón similar se observó en las zonas de Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959. Allí, los proyectos priorizados se concentraron principalmente en sistemas silvopastoriles y ganadería, seguidos por iniciativas de cacao.
La paradoja es evidente: mientras la sustitución buscaba reducir la presión de los cultivos ilícitos sobre el bosque, las actividades que terminaron consolidándose en buena parte del territorio continuaron dependiendo de la apertura de áreas productivas y de la expansión de la frontera agropecuaria.
Estos datos no permiten concluir que el PNIS promovió directamente la ganadería. Lo que muestran es que el programa se implementó precisamente en territorios con fuerte presencia histórica de coca, débil presencia estatal y alta presión sobre la frontera agropecuaria. Cuando la sustitución quedó incompleta, la ganadería terminó consolidándose como la principal alternativa económica.
De acuerdo con el informe Consecuencias no intencionadas de la política de drogas: Evidencia del PNIS sobre la deforestación en Colombia, publicado en 2023 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, los retrasos en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) terminaron impulsando la expansión de la ganadería como una alternativa económica para muchas familias. El estudio encontró que la firma del programa estuvo asociada con un aumento del 4 % en la capacidad de carga bovina en los municipios analizados y concluyó que la ausencia de metas ambientales, sumada a las demoras en los pagos, incentivó la adopción de actividades extensivas en el uso del suelo, como la ganadería, que terminaron ejerciendo una presión mayor sobre los bosques que los propios cultivos de coca.
Para Fidel Daza, líder social de El Retorno, las cifras tienen una explicación simple. "Aquí usted puede sembrar cacao, plátano o yuca. El problema es sacarlos. Una vaca aguanta meses en la finca y camina sola hasta donde llega el camión", dice.
En una región donde gran parte de las carreteras siguen siendo trochas construidas por las propias comunidades, la ganadería ofrece ventajas logísticas que pocos cultivos legales pueden igualar. "Las vías las construimos nosotros mismos. El Estado nunca llegó. Así es muy difícil competir con la ganadería", afirma Daza.
La transformación es especialmente visible en zonas cercanas a áreas protegidas. Al hacer un análisis entre los pagos de la implementación del Pnis y las cifras de deforestación varios parques como Chiribiquete, La Macarena y Tinigua enfrentan una presión creciente asociada a la apertura de potreros, la construcción de vías informales y el acaparamiento de tierras.
De los cuatro municipios del Guaviare, en donde están todos o parte de estos parques, San José concentra el mayor volumen absoluto de pagos PNIS, con cerca de 60.764 millones de pesos, y también registra los mayores valores absolutos de pérdida de bosque y conversión directa de bosque a pastizales: 61.473 hectáreas de pérdida de bosque y 49.989 hectáreas convertidas de bosque a pastizales entre 2016 y 2024.
Calamar, aunque tuvo un menor volumen de pagos, presenta la mayor intensidad relativa de transformación: 31.239 hectáreas de bosque convertidas a pastizales, equivalentes al 16,4% del área municipal analizada.
El Retorno registra 17.656 hectáreas de conversión bosque-pastizales, mientras que Miraflores, pese a tener una tasa de cultivos de coca acumulada alta, muestra una transformación hacia pastizales mucho menor, con 3.139 hectáreas.
Veredas como Brisas del Itilla, La Tortuga y Nueva Primavera emergen como los casos más críticos, donde se combinan inversiones de sustitución con tasas de deforestación alarmantes. Estos puntos, junto a otros como Guanapalo y Caño Maku, deben entenderse como nodos de una misma dinámica donde los recursos públicos, la estabilización de la ocupación informal y la falta de control ambiental confluyeron en un incentivo indirecto para la consolidación de usos agropecuarios.
Sobre la relación entre el PNIS y la deforestación, la entidad afirmó que "no existe evidencia que permita establecer una relación causal entre la implementación del PNIS y el aumento de la deforestación". En su respuesta argumentó que la pérdida de bosque en la Amazonía obedece a un fenómeno multicausal, asociado al acaparamiento de tierras, la expansión ilegal de la frontera agropecuaria, la presencia y control territorial de grupos armados, la minería ilegal y otras economías ilícitas. Por ello, sostiene que atribuir ese fenómeno al programa de sustitución constituye una interpretación que desconoce la complejidad de las dinámicas territoriales.
La llegada de los nuevos dueños de la tierra
La crisis económica derivada del incumplimiento del PNIS produjo además un cambio profundo en la estructura de la propiedad rural.
Muchos campesinos que habían erradicado coca terminaron vendiendo sus mejoras o abandonando sus predios ante la imposibilidad de sostenerse económicamente.
Dumar Sánchez, quien llegó en 1997 a la vereda La Panguana que colinda con la reserva Nukak, asegura que la situación cambió radicalmente después del colapso de la sustitución. "Antes las fincas se negociaban entre vecinos. Cuando la gente empezó a quebrarse aparecieron compradores de afuera con plata en efectivo".
Según él, muchas familias terminaron vendiendo por necesidad. "La gente había cumplido con arrancar la coca y se quedó esperando unos proyectos que nunca llegaron. Cuando se acabó la plata, no quedó otra opción que vender".
Los compradores fueron, en numerosos casos, inversionistas externos interesados en consolidar grandes extensiones destinadas a la ganadería extensiva.Esto se venía dando desde antes de que se implementara el programa pero se intensificó con la desmovilización y la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016.
Jhon Castañeda, a quien conocen en la región como "Mono Jhon", ex presidente de la Junta de Acción Comunal de El Capricho, describe este proceso como una transformación silenciosa del territorio. "Llegó gente que nunca había vivido aquí. Compraban una finca, después la del vecino y luego otra más. Lo primero que hacían era tumbar monte".
Para él, la praderización dejó de ser una decisión exclusiva de pequeños productores y pasó a convertirse en un modelo de acumulación de tierras. "La zona se llenó de terratenientes. Ahí fue cuando la deforestación se salió de control".
La coca no desapareció: se desplazó
La expansión ganadera no sólo trajo consigo más deforestación sino que tampoco resolvió completamente el problema de los cultivos ilícitos.
En varias veredas de la región, entre ellas Guanapalo, Barranquillita, La Tortuga, Chuapal, Caño Maku y Puerto Ospina, la coca mantuvo una presencia constante entre 2016 y 2023. En otras, como Nueva Primavera, reapareció con fuerza después de varios años de reducción.
José Rivera, un campesino curtido que vive solo en una parcela de la Panguana desde hace más de cuarenta años, explica este fenómeno y reconoce que nunca logró abandonar completamente la economía cocalera. "He tratado de vivir del cacao y de las vacas, pero hay momentos en que no alcanza". Por eso mantiene pequeñas parcelas escondidas. "Uno necesita la remesa. El cacao demora, el ganado demora. La coca es la que resuelve cuando no hay plata".
Rivera insiste en que ya no se trata de grandes sembradíos. "Son cultivos pequeños, los cultivos de la necesidad".
Gabriel Polo, coordinador de la Mesa Forestal del Guaviare —un espacio que articula a instituciones, comunidades, organizaciones y cooperación internacional para promover la conservación de los bosques y el desarrollo de economías sostenibles—, asegura que la expansión de los potreros cerca de los centros poblados ha empujado a muchos cultivadores hacia zonas cada vez más profundas de la Amazonía. "La resiembra se está moviendo cada vez más adentro del bosque. Ya no ocurre únicamente en los bordes", afirma.
Esto significa que nuevos cultivos ilícitos están avanzando sobre áreas de amortiguación e incluso hacia sectores de la Reserva Nukak y del Parque Nacional Chiribiquete. La coca retrocede en algunos lugares, pero reaparece más adentro de la selva.
Los datos de monitoreo de cultivos de coca muestran que el problema no desapareció en los últimos años, sino que se desplazó y concentró en territorios cada vez más sensibles desde el punto de vista ambiental. De acuerdo con cifras del Observatorio de Drogas de Colombia del Ministerio de Justicia, los cultivos dentro de Parques Nacionales Naturales pasaron de 6.304 hectáreas en 2015 a 10.816 hectáreas en 2023, la cifra más alta registrada en el período analizado.
La Amazonía y sus zonas de transición concentran buena parte de esta presión. En 2023, los parques ubicados en los núcleos Meta-Guaviare, Putumayo-Caquetá y Amazonas sumaron 4.828 hectáreas sembradas con coca, equivalentes al 44,6 % de toda la coca detectada dentro de áreas protegidas del país.
La mayor concentración se encuentra en tres parques estratégicos. Según los registros del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), La Paya acumuló 1.667 hectáreas de coca, seguido por Nukak con 1.610 hectáreas y Sierra de La Macarena con 1.464. Más atrás aparecen Tinigua, Chiribiquete, Alto Fragua-Indi Wasi y Churumbelos-Auka Wasi, con extensiones menores, pero localizadas en corredores fundamentales para la conectividad ecológica amazónica.
El peso de estos tres primeros parques resulta especialmente significativo. La Paya, Nukak y Sierra de La Macarena reúnen en conjunto 4.741 hectáreas, lo que representa el 98,2 % de toda la coca registrada en parques amazónicos y el 43,8 % del total nacional dentro de Parques Nacionales Naturales.
Las cifras sugieren que la reducción de cultivos en algunas zonas no necesariamente implica el debilitamiento de la economía cocalera. En muchos casos, la coca parece abandonar los sectores más visibles para desplazarse hacia áreas más remotas del bosque, incrementando la presión sobre zonas de amortiguación, reservas naturales y parques estratégicos de la Amazonia.
Según Mauricio Cabrera, la expansión de los cultivos de coca hacia los Parques Nacionales Naturales respondió a una combinación de factores: la presencia y control territorial de los grupos armados, las limitaciones del Estado para ejercer gobernanza en esas zonas y las falencias en la implementación del Acuerdo de Paz.
Sostuvo que, aunque se fortalecieron algunos mecanismos de control de la deforestación, estos fueron insuficientes frente a una dinámica marcada por actores ilegales que desplazaron los cultivos hacia áreas más remotas y protegidas, en especial hacia el interior de los parques, donde la capacidad institucional para intervenir sigue siendo muy limitada.
La tendencia también se refleja en los territorios indígenas. El caso del Resguardo Indígena Nukak Makú evidencia cómo los cultivos no desaparecieron, sino que se mantuvieron y posteriormente crecieron en una de las regiones ambientalmente más sensibles del país. Entre 2015 y 2023, la superficie sembrada con coca pasó de 661 a 1.031 hectáreas, un incremento del 56 %, de acuerdo con los datos de la UNODC.
Con esa extensión, Nukak se consolidó como uno de los resguardos indígenas con mayor presencia de coca en la Amazonía. En 2023 concentró cerca del 15 % de toda la coca registrada en resguardos amazónicos y zonas de transición, así como alrededor del 4 % del total nacional reportado en territorios indígenas.
Su dimensión también supera la de otros resguardos amazónicos afectados por la expansión de los cultivos ilícitos. Ese año, Yarinal–San Marcelino–Amaron registró 494 hectáreas; Villa Catalina de Puerto Rosario, 407; San Andrés–Las Vegas–Villa Unión, 340; y Morichal Viejo–Santa Rosa–Cerro Cucuy–Caño Danta, 298 hectáreas.
Aunque en regiones como el Pacífico existen resguardos con mayores extensiones de coca, como Gran Rosario e Inda Zabaleta, el caso de Nukak reviste una gravedad particular. No se trata únicamente de la presencia de cultivos ilícitos dentro de un territorio indígena, sino de una presión persistente sobre un espacio clave para la conectividad ecológica de la Amazonía y ubicado en inmediaciones de ecosistemas de alta sensibilidad ambiental, como la Reserva Nacional Natural Nukak
El costo ambiental de una transición fallida
Si bien no se puede asegurar que el Estado financió directamente la expansión ganadera con los recursos del PNIS, sí hizo parte de la fórmula para que esto se diera. La falta de continuidad, planeación y alternativas productivas viables creó las condiciones para que el ganado ocupara el espacio dejado por la coca.
Como respaldo a su posición, el PNIS relacionó 222 proyectos productivos ejecutados en áreas con condicionantes ambientales, incluidos los parques nacionales naturales Sierra de La Macarena, Tinigua y Cordillera de los Picachos, así como zonas de reserva forestal. Según la entidad, las iniciativas financiadas estuvieron orientadas a cultivos de cacao, café, aguacate, cítricos, chontaduro, maíz, arroz, plátano, yuca, caña panelera, mangostino y cacay, además de infraestructura para el beneficio del cacao, producción de biofertilizantes, estrategias de restauración y reconversión mediante sistemas agroforestales, cercas para el encerramiento de áreas de conservación y otras acciones enfocadas en la protección del bosque y el uso sostenible del suelo.
La combinación de incumplimientos institucionales, dificultades de acceso a mercados, especulación sobre la tierra, apertura de nuevas vías y expansión de la frontera agropecuaria aceleró un proceso de praderización que hoy amenaza algunos de los ecosistemas más importantes de Colombia.
Desde La Panguana, en el borde de la Reserva Nukak, Nubia Caballero observa cada año cómo avanzan las quemas. "Uno ve cómo el fuego va abriendo espacio para más pasto. Cada verano pasa lo mismo".
Para ella, la ganadería se convirtió en la única economía que ofrece liquidez inmediata en una región aislada. "Una vaca se vende rápido. Un cultivo puede perderse antes de llegar al mercado".
Gabriel Polo, de la Mesa Forestal, cree que la región todavía tiene oportunidades para evitar un deterioro mayor, pero advierte que el tiempo se agota. "Si el bosque no genera ingresos para la gente, las vacas van a seguir ganando".
Esa es la paradoja que dejó la sustitución fallida en el Guaviare. El PNIS logró reducir parte de los cultivos de coca, pero no consiguió construir una economía forestal capaz de competir con la ganadería extensiva. El Estado no compró las vacas con los recursos de la paz, lo que hizo fue dejar un vacío que terminó llenándose con ellas.
Para el ex viceministro Cabrera, la sustitución terminó inclinándose hacia la ganadería porque el Estado no logró desarrollar a tiempo instrumentos para impulsar la bioeconomía y otras actividades compatibles con la conservación. De cara al futuro, Cabrera considera que regresar a estrategias basadas exclusivamente en la erradicación forzada o las operaciones militares sería un error y plantea que el camino pasa por fortalecer los programas de sustitución con financiación oportuna, mayor coordinación institucional e inversiones que permitan construir economías forestales rentables para las comunidades.
Los propios líderes comunitarios advierten que atribuir la expansión ganadera únicamente al fracaso del PNIS sería una simplificación. Tanto Franf Garzón como Fidel Daza coinciden en que la transición de coca a ganado venía desarrollándose desde mucho antes de la firma del Acuerdo de Paz. La diferencia es que el programa tenía la posibilidad de acelerar una transición hacia economías forestales, agroforestales y agrícolas más sostenibles. Esa oportunidad, para ellos, se perdió.
Mientras actividades como el cacao, los frutos amazónicos, el turismo de naturaleza o los llamados negocios verdes permanecieron limitadas por problemas de infraestructura, financiación y comercialización, la ganadería siguió ofreciendo una ventaja decisiva: liquidez inmediata y un mercado asegurado.
Las cifras ilustran la magnitud de esa transformación. Según Garzón, durante los años posteriores al Acuerdo de Paz el inventario ganadero del Guaviare pasó de aproximadamente 320.000 a cerca de 600.000 cabezas de ganado. Aunque ese crecimiento responde a múltiples factores, evidencia la velocidad con la que los potreros avanzaron sobre un territorio donde las alternativas económicas sostenibles todavía no logran consolidarse.
Y mientras el bosque retrocede sobre los límites de Chiribiquete, La Macarena y la Reserva Nukak, el ganado avanza sobre una pregunta que sigue sin respuesta: ¿Qué alternativa real ofrecerá el país a quienes viven en la frontera amazónica antes de que el pasto termine devorando la selva?