Esta es la tercera y última entrega sobre las construcciones irregulares de vivienda del clan de los hermanos Quiroz. Esta historia muestra las omisiones e irregularidades que cometieron funcionarios públicos en Cartagena, señalados unos y sancionados otros, quienes se hicieron de la vista gorda y permitieron la edificación de 36 edificios en la ciudad que hoy presentan fallas y riesgos de venirse a tierra.

El distrito duplicó en ese periodo su área urbanizada empujada por la inmigración desde otros lugares de la costa Caribe y del interior del país, por cuenta de la consolidación industrial en Mamonal y la violencia en las áreas rurales. Ello dio paso “a numerosos barrios de invasión” lo que incidió en “una tendencia de expansión en dirección a los municipios de Turbaco y Arjona”, hacia el sur.

El otro factor que permitió el florecimiento de los Quiroz fue la desorganización administrativa en Cartagena, consecuencia directa de la inestabilidad en el gobierno de la ciudad. En los tres periodos anteriores al actual, habían desfilado casi que un mandatario por año, entre destituciones y suspensiones bajo cargos de corrupción, encargos e, incluso, el fallecimiento por de un alcalde en ejercicio. 

Esa situación “ha frenado el desarrollo de procesos y proyectos de ciudad que habrían mejorado la calidad de vida de miles de ciudadanos en temas como manejo de inundaciones, mejoras de viviendas, educación, salud, movilidad o espacio público”, dijo en 2019 la entonces directora de Cartagena cómo vamos (CCV), María Claudia Peñas.

El gobierno del actual alcalde, William Dau, es el primero en 16 años en concluir el mandato –si bien pende sobre su cabeza una sanción de la Procuraduría–, pero el fenómeno aún existe en la Casa de la Aduana, sede del gobierno distrital.

“Se mantuvo algún tipo de inestabilidad con los más de 100 cambios dentro del gabinete distrital”, declaró Eliana Salas, actual directora de la CCV. “Esto –añadió– también entra a tener un efecto en el desarrollo efectivo de procesos y estrategias de mediano y largo plazo para dar soluciones efectivas a las problemáticas históricas”.

En la problemática de las construcciones ilegales, como documentaron en su momento las autoridades en el caso Quiroz, la corrupción también es un fenómeno central. 

Este lastre está desbordado para la mayoría de los cartageneros: la encuesta de percepción ciudadana de CCV para 2022 señala que 38 % de los preguntados consideró que la corrupción aumentó y 37 % que sigue igual. Solo 24 % dice que disminuye.

Cómo lo hicieron

Hasta las investigaciones por caída de Portales de Blas de Lezo II, nadie se explicaba en Cartagena cómo el clan Quiroz operaba a sus anchas sin que ninguna autoridad (Policía, inspectores, Oficina de Control Urbano, Secretaría de Planeación, curadurías, oficinas de Registros Públicos o Alcaldía) se interpusieran.

Eusebio Quiroz, miembro del clan, narró a la Fiscalía cómo actuaban los constructores ilegales de la ciudad: “Lo que pasa es que había una modalidad en Cartagena que todo el mundo trabajaba: hacia los edificios y después hacia los documentos. Ellos [los funcionarios de las alcaldías locales]  llegaban y tiraban el cuadre (sic)”.

“Eso tenía valla –dijo además– ellos miraban y se iban, ellos le decían a uno que algún daño que haga lo arreglaran y nosotros los arreglábamos para evitar las quejas porque a veces también iban allá y ellos paraban la queja”.

Wilfran Quiroz, en indagatoria ante la Fiscalía, señaló el papel central de los técnicos de la Alcaldía Local Tercera de Cartagena-Industrial y de la Bahía Gilberto Marrugo, Ricardo Castellar y Jorge Cudris, quienes recogían dineros, lo mismo que los solicitaron en nombre propio y de los alcaldes locales.

Los tres funcionarios fueron también señalados por la Procuraduría de omitir sus funciones de control a las construcciones y fueron sancionados disciplinariamente en primera instancia en septiembre de 2022, lo que significó su destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por 19 años.

En mayo de 2018, Quiroz declaró ante el fiscal 51 seccional de Cartagena que Marrugo y Castellar se acercaron a la construcción Villa Mary, que levantaba junto con su hermana María, “diciéndome que el señor alcalde Pedro Buendía, para permitir la construcción de la obra, solicitaba seis millones de pesos, dinero que les entregué personalmente”.

Algo similar ocurrió con el proyecto Brisas de Blas de Lezo, donde exigieron ocho millones de pesos.

En el caso de las obras Portales de Blas de Lezo I y II se acercaron los mismos dos funcionarios, esta vez en compañía de Cudris, quien le dijo a Wilfran que iba en nombre de la alcaldesa menor Patricia Zapata Negrete, exigiéndole siete millones de pesos por la primera edificación y 10 millones por la segunda.

Zapata, a causa del caso Quiroz, fue sancionada disciplinariamente y suspendida de su cargo por cuatro meses, en enero de 2021, por incumplir su obligación legal de efectuar la vigilancia y control durante la ejecución de las obras que se realizaban en la localidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias de urbanismo y de las demás normas contenidas en el POT.

Vaya valla

La periodista Wendy Chimá, en su momento periodista del El Universal, dijo que la primera pista que se siguió tras la caída del edificio fue la valla: “No tenía el nombre correcto ni las indicaciones, no decía el número de pisos o las medidas, nada de eso. Estaba firmado por el inspector del barrio, pero él se empezó a tirar la pelotica con el curador sobre quién había autorizado la obra. Lo cierto es que nadie hizo la inspección correspondiente para verificar qué se estaba construyendo”.

Los investigadores indagaron qué había detrás de este primer cabo suelto. “El aviso lo llevaron ellos, los señores de la Alcaldía [Local Tercera], el señor Marrugo, ese día fueron ellos tres con un señor Cudris y estaba otro, que no recuerdo es monito bajito, como muy creído él, creo que es de apellido Castellar”, recordó el trabajador Cleder Bello.

Otro obrero, Yair Montes, declaró que el trío visitaba constantemente la obra y cobraba periódicamente: “Por ahí cada 15 días, cada semana, iban los tres funcionarios y también iba el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio. Se reunían con don Wilfran varias veces, él les dejó plata, incluso el miércoles antes del colapso, él les dejó millón y medio de pesos conmigo, y yo se lo entregue al señor Marrugo el mismo miércoles”.

Pero no era la primera vez que operaban en conjunto. “En otras ocasiones –continuó Montes–, en otras obras, como dos veces le dejó plata conmigo en la obra Alpes I, eso fue el año antepasado [2015], para noviembre o diciembre. En esas oportunidades, conmigo siempre le dejaban millón y medio. La entrega se la hacía yo a Marrugo, pero era claro que era para repartirse entre los tres, porque ellos siempre estaban presentes”.

Así mismo ocurrió en 2013 con un edificio que, paradójicamente quedaba frente a un CAI de la Policía, según declaró Montes: “Fue sellado dos veces porque el permiso era falso, y porque se partió una columna del quinto piso y cayó sobre una casa, dañando los muebles, el televisor, etc.”. Relató que Marrugo y Cudris levantaron el sello policial para que los trabajos continuaran.

Más arriba

Si la situación en lo micro era de sobornos y falsificación de documentos públicos, en lo macro tenía que ver con desgreño administrativo y omisión. En el proceso disciplinario se documentó cómo la competencia de controlar, vigilar y sancionar irregularidades en materia de control urbano fueron transferidas una y otra vez al vaivén de la administración de turno.

Entre 2004 y 2015 dichas funciones fueron asumidas de manera sucesiva por la secretaría de Planeación, la secretaría del Interior, la oficina de Control Urbano y las alcaldías locales, conformándose tal confusión y colisión de competencias para los que debieron expedirse decretos aclaratorios.

En abril de 2016, a tres meses del inicio de la gestión del alcalde Manuel Vicente Duque Vásquez, se expidió un decreto que dejó en manos de los alcaldes locales la facultad de vigilancia y control, así como las funciones sancionadoras, con lo que debieron tramitar todos los expedientes en cabeza de otras entidades.

Si bien aparentemente esto buscaba dar orden, cuatro meses después, en agosto de 2016, todas las competencias pasaron ahora a la Oficina de Control Urbano, con lo que los legajos de los procesos debieron enviarse a esa dependencia, con el consiguiente choque administrativo y demoras adicionales en la gestión de cada caso.

Esto, para el ente de control, denotó “falta de planeación e improvisación” en el actuar del alcalde Duque, “como quiera que tal y como se ha venido sosteniendo, en Cartagena existe una problemática en materia de urbanismo, la cual se puso en evidencia con los hechos ocurridos el 27 de abril del año en curso”, cuando cayó el edificio.

La Procuraduría Segunda Delegada, tras sus pesquisas, halló indicios de que el mandatario local “tenía conocimiento de la situación de control urbano en la ciudad y que la misma se debía a la falta de vigilancia y control durante la ejecución de las obras, lo cual radicaba en cabeza de las oficinas que se encontraban a su cargo (secretaria de Planeación, alcaldías locales y oficina de Control Urbano)”.

“Como máxima autoridad del Distrito –continuó el señalamiento– debió realizar actos para que dichas dependencias cumplieran a cabalidad con las funciones que se le encomendaban, es decir, debía haber ejecutado actos tendientes a solucionar o por lo menos mitigar la problemática de urbanismo”.

Duque Vásquez terminó sancionado disciplinariamente en segunda y última instancia en enero de 2021 y se le reprochó que “no cumplió con diligencia y prontitud su deber que como delegante tenía, en lo que respecta a vigilar y controlar las funciones delegadas a otras dependencias de la Alcaldía”. Fue suspendido del cargo por 10 meses.

80% de ilegalidad

La problemática de la ilegalidad en las construcciones en Cartagena ha sido un problema arraigado en Cartagena. De ello da cuenta la ya mencionada práctica generalizada de construir primero y pedir papeles después, lo que da indicios para creer que la actividad ilegal del clan Quiroz es apenas la punta del iceberg.

Uno es la proposición 104 de 2015, aprobada por el Concejo de Cartagena, que se inició con base en la publicación realizada por el diario El Universal, referente a lo manifestado por Ramón Pérez Yepes, exdirector de Control Urbano: “Al menos el 80% de las construcciones que se realizan en la ciudad son ilegales.

Las indagaciones desplegadas a posteriori de la tragedia buscaron cuantificar el fenómeno y hallaron cifras inquietantes. El alcalde Duque conformó un grupo de trabajo para visitar las obras de construcción de la ciudad, para “observar que de 151 obras visitadas en las tres localidades, 120 no tenían licencia”, destacó la Procuraduría sin que, además, “ejecutaran o impusieran las medidas preventivas y correctivas del caso”. Eso es el 80%.

Así mismo, funcionarios de la Alcaldía Distrital y la Dirección de Control Urbano visitaron durante los días 2, 3, 4 y 8 de mayo de 2017 a las construcciones de la Localidad Tres, Industrial y de la Bahía, en donde de 44 obras visitadas, 36 no contaban con permisos, es decir, el 81,8% eran ilegales.

Ello fue, además, corroborado por los peritos del Grupo de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, quienes los días 7, 8 y 9 de junio realizaron visitas a diferentes obras de las previamente identificadas por la Alcaldía, encontrando que de 20 obras, 14 no contaban con licencia de construcción legalmente otorgada por autoridad competente.

Un análisis de la Superintendencia de Notariado y Registro halló inconsistencias en 15 edificios en Cartagena y concluyó que el alto número de construcciones sin licencia, sobre todo en estratos medios y bajos, “evidencia una debilidad de la administración municipal, al no establecer o ejecutar medidas de control adecuadas, que permitan mitigar el crecimiento desmesurado de estas edificaciones”.

Destacó, además, que, “al parecer, el control se limita a la verificación de un número reducido de las licencias otorgadas, obviando los desarrollos arquitectónicos que sin licencia, se levantan ante la visita irresponsable de las autoridades encargadas de vigilar el desarrollo urbano”.

Más sanciones

Miembros del gabinete del alcalde Manuel Vicente Duque también resultaron investigados y sancionados disciplinariamente por su responsabilidad en los hechos que permitirían la construcción ilegal y posterior colapso de la obra Portales de Blas de Lezo II.

Para la Procuraduría Delegada Segunda, Luz Elena Paternina, secretaria de Planeación, “no fue diligente ni eficiente en su actuar” ya que, según la declaración rendida por un subalterno, “no se adelantó actuación alguna en los procesos enviados a la Secretaria de Planeación”.

Además, según el listado de procesos administrativos sancionatorios correspondiente al 2016, “de 86 procesos sólo se practicaron visitas a 12 obras, lo que denota el incumplimiento de sus deberes que en razón al cargo se comprometió a cumplir”.

Paternina fue sancionada con suspensión del cargo ocho meses por el caso de puntualmente por la caída del edificio Portales de Blas de Lezo II, por no cumplir con las funciones en materia de control de urbanismo y por no hacer seguimiento sobre la Dirección de Control Urbano.

En cuanto al director de la oficina Control Urbano, Olimpo de Jesús Vergara, el documento de acusación disciplinaria lo señala de no haber ejercido las funciones de vigilancia y control durante la ejecución de las obras.

De otra forma, “posiblemente habría detectado dicha construcción [Portales de Blas de Lezo II], la cual no solamente no tenía licencia y portaba una valla al parecer falsa, sino que vulneraba el Plan de Ordenamiento Territorial, como quiera que en dicha zona el máximo permitido de altura son cuatro pisos y, como se mencionó, iban siete”.

La Procuraduría lo halló responsable de no efectuar la vigilancia y control durante la ejecución de las obras que se realizaban en el Distrito de Cartagena, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias de urbanismo y demás normas contenidas en el POT, por lo que lo sancionó con suspensión del cargo por cuatro meses.

Respecto del inspector de Policía del Barrio Blas de Lezo, Alfonso Ramos de León, el organismo de control disciplinario aludió que si hubiese atendido “de una manera oportuna, diligente eficaz” la queja presentada uno de los vecino de la edificación derrumbada, “hubiera podido evitar la tragedia acaecida el 27 de abril de 2017”.

Cuestionó que el funcionario, con solo haber leído el texto de la querella, habría podido advertir que la construcción violaba el límite de pisos impuesto en esa área de la ciudad. Así mismo, al ver el número de la supuesta licencia de construcción, habría podido advertir que el código no correspondía a la Curaduría Urbana No. 1, donde decía haberse radicado, sino a la No. 2.

Ramos de León fue suspendido del cargo provisionalmente por tres meses, misma sanción que le fue confirmada en primera instancia, pero que le fue reversada en fallo de segunda instancia.

Sin mayor castigo

Aun así, Wilfran Quiroz, una de las cabezas del clan y constructor a cargo del edificio derrumbado, fue sentenciado por un juez penal de Cartagena a 48 meses de prisión –que cumpliría en su casa– tras allanarse al delito de urbanización ilegal.

Tras un escandaloso episodio de fuga, en un nuevo juicio fue hallado responsable de la comisión de actos delictivos relacionados con la obtención y uso de documento falso, fraude procesal, urbanización ilegal y estafa en masa, que está en apelación. A sus demás familiares aún no se les ha resuelto su situación jurídica.

Mientras, la Procuraduría –como ya se indicó– sancionó disciplinariamente a varios funcionarios de la época, en el terreno penal es una historia lejos de terminar. Doria, representante de las víctimas, aseguró que el tiempo no ha hecho más que pasar, aumentando el riesgo de impunidad.

“En estos momentos todas esas personas están en sus casas. Las medidas de aseguramiento que en principio se habían decretado contra esas personas se levantaron por vencimiento de términos y estamos esperando que los procesos tengan resultados”, dijo.

El Distrito, por su parte, señaló que llamó en garantía a Wilfran Quiroz Ruíz, quien, de acuerdo con la Fiscalía “habría violado los distintos acuerdos contractuales con los compradores de las viviendas, así como habría incurrido en un concurso de hechos punibles como la urbanización ilegal, falsedad en documento público y estafa en masa”.

Entre tanto, de parte de la Oficina de Gestión de Riesgo señala que ha venido desarrollado funciones de inspección y monitoreo con el apoyo y articulación de las distintas dependencias del Distrito. Además, asegura que trimestralmente ha monitoreado a las edificaciones de las construcciones Quiroz que cuentan con estudios de vulnerabilidad y, anualmente, las edificaciones identificadas posteriormente, que no han sido analizadas.

Afectados como Soto y Villadiego se sienten revictimizados por la Alcaldía al tener que resolver un nuevo sitio de vivienda digna, cuando ya tenían uno propio. “La Administración ha buscado defenderse diciendo que todo se trata de un asunto entre privados”, insistió Doria. Otros más, presos del desespero, retornaron a la fuerza sus apartamentos, sin importar el riesgo.

Seis años después, el juicio de los Quiroz apenas apenas va en las audiencias iniciales, con un alto riesgo de impunidad, en el sentir de unas víctimas que hasta ahora han perdido su tiempo, esfuerzo, patrimonio y hasta sus familias. Lo peor de todo es que, en medio del desorden que aún campea en la ciudad más allá de las murallas, parece que tampoco hay muchas lecciones aprendidas.