Hacia finales de 2008, se conocieron nuevos detalles del desfalco de la Triple A, cuando el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue espiado por tres investigadores privados junto con su mano derecha, el gerente de Canal, Ildefonso de Miguel, el consejero José María Serra Perris, y el presidente de Inassa, Edmundo Rodríguez Sobrino, cuando visitaron Cartagena.

En ese viaje, los detectives documentaron que los también dirigentes del Partido Popular de Madrid llegaron a una vivienda en Cartagena, "después de llamar, acceden al inmueble con bolsas blancas y salen a los diez minutos sin las citadas bolsas". Sin embargo, el episodio tuvo otras explicaciones.

“Fueron a pagar comisiones, no a recibirlas. Lo de las bolsas eran regalos”, señaló una fuente de Inassa al diario El Confidencial, sobre la visita de cuatro días de Rodríguez y su comitiva, quienes además pasaron por Bogotá, para entrevistarse con el presidente Álvaro Uribe, y por Barranquilla, donde se reunieron con el alcalde Alejandro Char.

¿Qué poderosa razón había para reuniones de tan alto nivel y asumir en casa el alto riesgo político de visitar Colombia? Ese diario aúna que De Miguel testificó ante las dudas de la Asamblea de Madrid en el que reconoció que se reunieron con el expresidente Uribe y el exalcalde Char y calificó la filtración como una “historia ridícula” de un “viaje institucional”.

En España se atribuyó este espionaje a pugnas políticas internas del PP. Tampoco se probó judicialmente que los viajeros hubieran cometido algún delito en Colombia.

Lo cierto es a inicios de 2009 el diario madrileño El País contó pormenores de ese viaje, mientras que la Cadena SER publicó imágenes y videos de Rodríguez y sus acompañantes paseando por Cartagena y cargando las mencionadas bolsas blancas, al tiempo que el diario Público informó de un dossier de 69 páginas sobre el incremento patrimonial de González y su pareja.

Pugna silenciosa

Lo que nunca explicó De Miguel es que esos contactos de alto nivel, según el diario, se dieron porque Inassa estaba en riesgo de perder participación en Triple A, que facturó alrededor de 58 millones de euros en 2008 y 157 millones en 2017.

Quien intentaba arrebatarle el control de Inassa era el Grupo Nule –que recién ganaba la licitación para el recaudo de Transmetro–, conformado por los hoy condenados por corrupción Miguel, Manuel y Guido Nule, primos y hermano de la esposa del alcalde Char, Katia Nule. Ellos fueron condenados por el caso del carrusel de la contratación de Bogotá cuatro años después, en 2012.

"La información que manejábamos en Inassa es que hubo (sic) que pagar para convencer a Char. En Colombia se hacían así las cosas", señaló la fuente al diario español.

Otro extrabajador de Inassa dijo que cada vez era más común que directivos exigieran a la tesorería de la empresa “importantes cantidades en efectivo para hacer pagos a políticos a cambio de seguir recibiendo adjudicaciones formales en Colombia y otros países”, dijo la fuente citada por El Confidencial.

El diario El Mundo ahondó más sobre el periplo de González por Colombia.

“El motivo detrás de su viaje con la cúpula del Canal de Isabel II era en realidad escuchar una oferta del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para que la empresa del Canal en esta ciudad (Triple A) se desvinculase de su participación mayoritaria. El regidor le ofreció bajo manga 300 millones de euros”, señaló el artículo. 

Según la historia, no hubo acuerdo porque González y su séquito no se iban a desprender de un negocio que les dejaba una comisión del 10 % por cada obra construida. Uno de los espías, Julio Gutiez, comentó: "Era listo Ignacio", dijo, "pero al final le pudo la chulería [fanfarronería]. Creerse por encima del bien y del mal", dijo.

González fue detenido el 21 de abril de 2017 bajo los cargos de organización criminal, prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental y fue mantenido en prisión incondicional hasta el 8 de noviembre.

Ese día fue liberado tras pagar una fianza de 400.000 euros y habérsele incautado recursos por 5,4 millones de euros que ocultaba en sociedades de testaferros y propiedades en Colombia. Incluso fue reincorporado al ayuntamiento de Madrid en julio de 2018, mientras, a seis años del escándalo, aún espera ser llamado formalmente a juicio.