INVESTIGACIONES

    El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Diego Rosero, se reunió con conductores de Sobusa después de los primeros dos ataques. Ellos han sido víctimas de extorsiones.
    El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Diego Rosero, se reunió con conductores de Sobusa después de los primeros dos ataques. Ellos han sido víctimas de extorsiones.

    Extorsiones y violencia en Barranquilla: hasta 300 millones de pesos piden a empresas de buses (parte II)

    En medio de sus disputas por el control de las rutas, los cobros y todo lo ilegal que se mueva en la ciudad, los delincuentes empezaron a extorsionar para conseguir más recursos y quitarles a los grupos rivales sus fuentes de financiación.

    La violencia que azota a Barranquilla y algunos municipios vecinos tiene varios protagonistas, entre ellos, dos grandes organizaciones criminales: el Clan del Golfo y el Tren de Aragua, está última de Venezuela que ya expandió sus operaciones a Colombia. Lo complejo, es que la guerra la libran a través de bandas y franquicias locales.

    Para entender la violencia e inseguridad que hoy se vive en Atlántico es necesario remontarse ocho años, cuando al interior de la extensión que tenían en el Caribe colombiano ‘los Rastrojos’, banda que en los 90 fue la ‘oficina’ de cobros del cartel del Norte del Valle, se desató una guerra por el control de las rentas ilegales.

    Los Rastrojos Costeños fue el grupo criminal creado y comandado por los hermanos Juan Manuel y Brayan Borré, dos peligrosos ex paramilitares hoy enfrentados a los Costeños, facción liderada por dos delincuentes que empezaron siendo sicarios y cobradores suyos.

    Lea la primera parte de este especial: Tren de Aragua y Clan del Golfo, los carteles detrás de la violencia en Barranquilla (I)

    "Cuando la pelea de Costeños y Vallunos, en 2013 y 2014, los Borré buscaron apoderarse de las extorsiones que Los Rastrojos venían cobrando en la Costa, incluyendo Barranquilla y el Atlántico”, explicó un investigador de la Sijín. "Por eso, les pidieron 2.000 millones de pesos a la empresa Sobusa [transporte urbano] y 10.000 millones a Uniapuestas”, recordó.

    Ahora es lo mismo, aunque bajaron las exigencias. “Les están pidiendo entre 200 y 300 millones de pesos a las empresas de buses”, confirmó a 360-grados y a Diario Criterio una fuente del caso.

    El temor volvió a apoderarse de muchos transportadores porque la primera semana de septiembre de este año hubo dos atentados de sicarios a conductores de la empresa de transporte urbano Sobusa: en el primero resultó herido el chofer Ángel Escorcia y en el segundo murió su compañero Jamir Palacios.

    Después de los primeros dos ataques, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Diego Rosero, se reunió con conductores de Sobusa, víctimas de las extorsiones.

    "Hicimos estas acciones militares (sic) para que vean que estamos hablando en serio y recuerden lo que vivieron en 2013", dice uno de los delincuentes, que anunció que matarían a más conductores si los dueños de las empresas no les pagaban las cuotas extorsivas. "Estamos haciendo una sola unión con todos los grupos costeños para contrarrestar la ofensiva del Clan del Golfo (sic)", agregó.

    El 11 de septiembre, después de 72 horas del asesinato del conductor Palacios, explotó una granada dentro de un parqueadero de buses de Coolitoral y La Carolina. La seguidilla terrorífica continuó el 17 de septiembre con el ataque a tiros a un bus de Coochofal y el anterior jueves, el día antes del hallazgo de una cabeza en Simón Bolívar, un sicario hirió a Israel Vega mientras conducía una buseta de Transportes Lolaya.

    Debido a los ataques, decenas de conductores han renunciado a sus trabajos y otros han bloqueado vías principales del área metropolitana de Barranquilla, donde han atravesado buses y manifestado miedo a que cualquier pasajero sea un sicario.

    Extorsiones contra los comerciantes

    Los comerciantes son otro gremio afectado. En agosto, durante una reunión, un oficial de la Policía aseguró que las extorsiones en Barranquilla y el área metropolitana habían disminuido un 15 por ciento en 2021. Algo que en la realidad no estaba ocurriendo.

    Dirigentes de Undeco, que reúne a más de 4.000 comerciantes de Barranquilla y 7.000 en todo el Atlántico, aseguraron, durante ese encuentro, que la reducción de denuncias no refleja la realidad en las calles. “Le dijimos que muchos afiliados no denunciaban por miedo o desconfianza”, contó un directivo que, por seguridad, pidió reservar su nombre.

    Según la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco), la mayoría de extorsiones que no se denuncian se concentran en establecimientos de Chiquinquirá, Montes, San Roque, Las Nieves, Simón Bolívar y algunos barrios de Soledad, en donde también está buena parte de caletas y ollas de microtráfico del área metropolitana de Barranquilla. Tanto es el temor de muchos afectados que negocian con las bandas y les pagan la suma acordada, en lugar de vivir con la zozobra por las represalias.

    “Hay un subregistro alto. Muchos afiliados tampoco nos dicen porque no quieren que como Undeco denunciemos sus casos”, explicó el directivo gremial. “Pero los mismos vecinos nos comentan cuando a este le quitaron un millón de pesos, a otro 500.000 y así”, agregó.

    El miedo no es capricho. Hace tres semanas, al policía Carlos Escorcia Vergara, que además comerciaba productos de salsamentaria, lo mataron en el municipio de Malambo.

    Al siguiente día del crimen, allegados a Escorcia filtraron audios en los que un hombre de acento paisa amenazaba al "patrullero" y le advertía que tuviera “prudencia y discreción” y pagara 3 millones de pesos equivalentes a 10 cajas de municiones. “Cuando la gente se pone a hablar a mierda, a decir que ‘me están llamando’, no sé qué cosa, nosotros no estamos acostumbrados a hacer escándalos, mi amigo”, sentenció el delincuente a la víctima.

    Carlos Escorcia Vergara, policía asesinado después de ser víctima de extorsiones

    Carlos Escorcia Vergara, policía asesinado después de ser víctima de extorsiones

    ¿Hay más tapados detrás?

    En una conversación telefónica grabada, Juan Manuel Borré pidió a alias Tommy Masacre simular que tenía infiltrada “la alianza que existe entre Víctor Carlos, los Papalópez y mi persona”, con el fin de darle “una razón” a quien era su patrón.

    “Le dices que quien está dirigiendo soy yo, que si se va a quedar por fuera o va a pelear (…) Más bien hazle llegar la razón, como chisme: se unieron todos estos manes, cule patota, bien armados, buen fusil, buena pistola, buena merca; dile que tenemos cule patrocinio bien hijueputa, que el objetivo es uno solo, es el Clan del Golfo”, se escucha en el audio revelado por Emisora Atlántico.

    Tommy Masacre es Tommy Cerpa Brito, un sicario venezolano condenado por matar a un comerciante en Barranquilla y acusado de un triple homicidio en Santa Marta. Y Víctor Carlos es Víctor Pérez de Alba, considerado como pieza clave dentro de los Rastrojos Costeños.

    Para fiscales y policías consultados, el "patrón" de ‘Tommy Masacre’ aludido por Borré es alias Cachetes, un delincuente al servicio de Castor y Dino, quienes fueron detenidos a finales de 2019 en Venezuela, pero nunca se conocieron las imágenes de sus detenciones ni de los operativos. Lo que sí se supo es que, aún detenidos, siguieron moviendo los hilos del grupo criminal a través de WhatsApp y Facebook.

    Castor y Dino son Jorge Díaz Collazos y Digno Palomino Rodríguez, respectivamente. Ambos son los cabecillas de los Costeños, el grupo rival de los Rastrojos Costeños, y empezaron como peones de los Borré, de quienes se separaron.

    Hasta hoy las autoridades colombianas no lograron tramitar sus deportaciones, pese a que tienen varias órdenes de capturas por varios delitos. De hecho, después de que en 2013 aparecieron en la cima del cartel de los más buscados en el área metropolitana de Barranquilla, Castor y Dino nunca fueron detenidos en ninguna parte del país.

    Las razones de la violencia

    ¿Y de qué forma una puja entre exparamilitares y exsocios criminales locales termina afectando los indicadores de delitos en Barranquilla, pero también otras esferas ilegales como el narcotráfico?

    Al pasar de peones a capos, Castor y Dino tienen hoy más hombres a su mando e ingresos para carear a sus exjefes. En gran parte porque durante estos casi 10 años al frente de los Costeños han controlado los principales puertos de Barranquilla, con lo que elevaron sus relaciones y pasaron de las meras extorsiones a comerciantes y jíbaros a también cobrar a narcotraficantes colombianos y de otras latitudes, en especial mexicanos y dominicanos, tarifas por seguridad, logística y el ingreso de la droga a los terminales.

    Por eso se le escucha a Borré decir que buscó un "patrocinio", lo que para fuentes de la Fiscalía y la Policía puede interpretarse de distintas maneras: una alianza con algún antiguo capo de los Rastrojos o que rearmó viejas estructuras junto a exparamilitares del Bloque Norte que están libres después de desmovilizarse y pagar los 8 años de pena alternativa por someterse a Justicia y Paz, el sistema de justicia transicional producto de las negociaciones entre la AUC y el gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2006).

    Otra posibilidad es que Borré haya seguido en la delincuencia gracias a sus contactos con uno o varios pesos pesados del narcotráfico que regresaron deportados hace poco al país y mantienen negocios ilícitos a través de testaferros en la Costa Caribe.

    Uno de ellos fue el deportado narco Libardo Parra González, quien fue asesinado en febrero pasado en una súper tienda Olímpica, en el norte de Barranquilla. Parra González era conocido como alias El Flaco o El Compadre. Fue la mano derecha del extraditado Alberto Orlandez Gamboa, alias El Caracol, y había regresado en 2015 a Colombia después de pagar varios años de cárcel por tráfico de drogas en Estados Unidos.

    Libardo Parra González, asesinado en Barranquilla

    Libardo Parra González, asesinado en Barranquilla

    Una de las teorías del asesinato de Parra es que intentó retomar el control de negocios, de las rutas y las bandas que dejó su exjefe, El Caracol, en el Caribe. (Lea la investigación relacionada de 360-grados: La nueva guerra que corroe al Caribe)

    Fuentes de inteligencia aseguraron a 360-grados.co que Parra se intentó aliar con los Pachencas y el Clan del Golfo para volver a ser mandamás en la región, pero no pudo porque que algunos lo vieron como un soplón. Al parecer, en su negociación con el gobierno de Estados Unidos delató a varios de sus antiguos socios, entre ellos a su exesposa Zulma Musso Torres y a sus hijastros, lo que al final le terminaría costando la vida.

    Recientemente, Musso Torres, sus hijos Washington Antúnez Musso y Juan Carlos Reales Britto, su esposo Luis Antonio Bermúdez Mejía, y sus empresas Exclusive Import Export S.A.S. y Polígono Santa Marta S.A.S, fueron señalados por el Departamento de Tesoro de EE.UU. de conformar una organización que cobra peajes a narcos y controla rutas hacia el Caribe, Centroamérica, Norteamérica y Europa.

    Zulma Musso es hermana del narcotraficante Jairo ‘Pacho’ Musso, preso por paramilitarismo y narcotráfico, y en los últimos años se había convertido en una de las “reguladoras” del narcotráfico en la Costa Caribe, de acuerdo con el gobierno estadounidense. 

    La nueva guerra de grupos criminales organizados en Barranquilla y sus alrededores está declarada. Como hace ocho años, los bandos no esconden su crueldad y ahora tienen en las redes sociales un aliado invisible que masifica sus mensajes, la zozobra y el miedo. Eso están haciendo: al estilo de los narco-cárteles mexicanos, el sábado se conoció un video de la supuesta decapitación del presunto sicario de la banda de Tommy Masacre. En Curramba, el miedo está a la vuelta de muchas esquinas o a un clic de distancia.

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