Del expediente desaparecieron los testimonios que revelaron presuntos encuentros entre magistrados del Tribunal Superior de la ciudad con abogados, y el pago de $2.000 millones para amañar el reparto de la audiencia que benefició al contratista y lograr la renuncia del coordinador del Centro de Servicios Judiciales.
El juicio del Tribunal Superior de Barranquilla contra los exjueces Edwin Volpe Iglesias y Gloria Giraldo Ruiz omitió las pruebas que muestran la corrupción que hubo detrás de las decisiones que beneficiaron al contratista Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca en 2014 y 2015.
Los jueces fueron condenados por una investigación de la Fiscalía que descubrió corrupción, tráfico de influencias e irregularidades en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla con el reparto y la asignación de las audiencias de varios casos, entre ellos el de Hilsaca.
El resultado fueron las capturas, en agosto de 2015, de 13 personas: cuatro jueces, un fiscal, dos abogados, tres funcionarios judiciales, un inspector de Policía, el coordinador de una casa de justicia y una líder comunal del suroccidente. De ellas, tres buscaron a los agentes de la Dijín y quien era el fiscal del caso, Germán Arias Cortés, para volverse testigos y obtener beneficios: el escribiente municipal César Villadiego Hernández, el juez Rafael Uribe Henríquez y su exsecretario Enisberto Maestre Fernández, apodado ‘Beto’.
Sin embargo, los testimonios desaparecieron del expediente, a pesar de que los tres aceptaron que integraron la red de corrupción y que habían participado o sabido de presuntos encuentros entre magistrados del propio Tribunal y abogados, pagos a cambio de influenciar la decisión y presiones para que renunciara el coordinador del Centro de Servicios que no quiso colaborar con un posible ‘Cartel de la Toga’.
Hilsaca, un poderoso contratista del alumbrado público con influencia en concesiones de Cartagena, municipios de los departamento de Bolívar, La Guajira y Norte de Santander, había sido detenido en noviembre de 2014 por agentes del CTI en Cartagena, en cumplimiento de una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado, financiación de grupos armados al margen de la ley y homicidio.
En la audiencia de imputación de cargos en ese proceso de 2014, el fiscal 48 de la unidad contra Bandas Criminales, Hugo Quintero Ariza, reveló que los hermanos Juan y Brayan Borré Barreto, excabecillas de ‘Los Rastrojos’ en la Costa Caribe, señalaron a Hilsaca de pagar 50 millones de pesos por el homicidio de Jhon Ovallos Angarita para que su papá, Emel Ovallos, un desmovilizado de las AUC, cambiara el testimonio que lo involucraba con la masacre de cuatro trabajadoras sexuales perpetrada en 2003 por paramilitares, cerca de la Torre del Reloj, en el Centro Histórico de Cartagena.
Con base en las evidencias del fiscal, el Juzgado Penal Ambulante contra Bandas Criminales impuso a Hilsaca una medida de aseguramiento en la Cárcel Distrital de El Bosque, en Barranquilla. Al mes siguiente, una firma de abogados contratada por el contratista solicitó la revocatoria de la medida. La audiencia fue asignada al juez noveno penal municipal, Edwin Volpe Iglesias, quien ordenó su libertad inmediata y, tras la apelación de la Fiscalía, la decisión fue confirmada en marzo de 2015 por la juez cuarta penal del Circuito, Gloria Giraldo Ruiz.
En la sentencia a los exjueces, el magistrado Demóstenes Camargo De Ávila concluyó que las consideraciones de Volpe fueron irracionales porque, al sustentar la libertad a Hilscaca, alegó que existía una duda frente a la inferencia razonable de los delitos. “Cuando sabido es que el único estadio en que la ausencia de dudas es exigida, es en la sentencia condenatoria, por tanto, si en el caso existían dudas, como él dice, no era viable revocar la medida de aseguramiento sino desvirtuar esas dudas, pues la presencia de éstas no enerva la mera probabilidad”.
Sobre Giraldo, el magistrado determinó que su razonamiento de segunda instancia fue “aún más famélico que el de primera, pues simplemente se limitó a decir que la inferencia razonable de autoría fue desvirtuada, pero sin hacer la más mínima explicación de por qué está desvirtuada”.
Los testimonios que no aparecieron
En el proceso contra los exjueces Volpe y Giraldo en el Tribunal, la Fiscalía no utilizó como pruebas los testimonios de tres implicados que contaron cómo se fraguó la libertad de Hilsaca en diciembre de 2014.
El fallo apenas menciona el episodio, cuando ahonda en por qué se condena a Volpe: “una cosa que la sala no puede pasar por alto y que quedó debidamente probado en el proceso, es que el reparto del proceso fue objeto de manipulación, para direccionarlo al juez Volpe Iglesias; y este hecho, descubierto merced a las preguntas que el Ministerio Publico realizó al testigo Leisvert Álvarez Vargas son fuente cristalina de suspicacia y mala espina despierte (sic) y, aunque el mismo en nada incide en la legalidad o ilegalidad de la decisión analizada, en la medida en que esa característica se desprende del contenido del fallo y no de su entorno fáctico, sí es una evidencia clara de que las personas involucradas en estos hechos actuaron con dolo en la medida en que solo una relación clandestina de quien toma la decisión y quien manipula el reparto puede explicar ese acto de corrupción”.
La sentencia referenció también que dos pruebas aceptadas en el juicio a Volpe y Giraldo fueron las declaraciones del escribiente César Villadiego, quien “conocía de irregularidades en el reparto de la audiencia de Alfonso Hilsaca y es posible que quiera decirlas”, y Gabriel Ramos Fontalvo, “abogado integrante de la red de manipulación de repartos”. De ahí en más nada menciona de lo que revelaron Villadiego, el juez Rafael Uribe y su exsecretario Enisberto Maestre.
“Como dos mil y pico de millones”
En dos interrogatorios rendidos, el escribiente Villadiego dijo que quería acceder al principio de oportunidad porque sabía de más imputaciones en su contra y no quería arriesgarse a ser condenado. “Quiero acogerme a este beneficio, por lo que yo tengo información para aclarar la investigación y hechos ocurridos en el Centro de Servicios”.
Villadiego contó que, dos semanas después de la medida carcelaria a Hilsaca, lo contactó Enisberto Maestre para saber quién podía manipular el sistema y asignar ‘a dedo’ la apelación contra la medida. Luego, entre el 25 y 30 de noviembre, Villadiego estuvo en el estacionamiento del centro comercial Portal del Prado, donde se subió a una camioneta de vidrios oscuros. Allí se encontró con Maestre y el abogado Orlando Anaya Durán, otro de los capturados en agosto de 2015.
“La reunión fue para decirme que, como no se había podido hacer el reparto de la apelación, eso se iba a retirar e iban a solicitar la revocatoria de la medida, y que ahí si necesitaban mi ayuda porque me iban a colocar en el puesto de Lisseth, cambiar (sic) de coordinador a David Hassan y poner a Uribe porque David no quería colaborar”, recordó Villadiego.
Hilsaca en la audiencia que le dieron libertad en diciembre de 2014
El juez David Saade Morad era el coordinador del Centro de Servicios Judiciales y la audiencia de solicitud de libertad de Hilsaca se realizó el 19 y 20 de diciembre de 2014, sábado y domingo.
Villadiego afirmó que en esos días fue visto en el Centro de Servicios un abogado allegado al ‘Turco’, “repartiéndole plata a todo el mundo”. “No me dijeron exactamente a quién. Después que ya pasó eso, en una reunión con ‘Beto’, me comentó que ahí habían dado una plata bien buena, como dos mil y pico de millones, y que a Volpe le habían dado 200 millones y a Uribe le habían dado 100 millones”, añadió.
¿Los magistrados?
Al ser interrogado por la Dijín y la Fiscalía, el juez Rafael Uribe denunció un “contubernio” para tumbar la medida de aseguramiento contra Hilsaca por parte de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal: Jorge Mola Capera, Julio Ojito Palma y Luis Colmenares Russo. De ellos, en el cargo solo sigue Mola, quien hizo salvamento de voto contra la condena a Volpe y Giraldo. Ojito ya se pensionó y Colmenares falleció en julio pasado por afecciones relacionadas con el covid-19.
Uribe manifestó que a través de su exsecretario supo que Ojito y Mola recibieron plata para que él fuese nombrado juez coordinador, luego de la renuncia de Saade.
“Tengo entendido de igual forma, por información de Enisberto Maestre, que esa cifra rodeaba (sic) los cuarenta millones de pesos para cada uno de los magistrados Mola y Ojito; también que inicialmente el doctor Mola, como presidente de la sala, hizo acudir a David Hassan al Tribunal para pedirle el favor que le ayudara con el reparto de la apelación de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a Alfonso Hilsaca”, declaró el juez.
Saade se opuso al pedido de su superior y, debido a la presión, pidió un permiso para ausentarse 48 horas del Centro de Servicios, pero dejó la orden de oficiar a la Procuraduría para que vigilara el reparto de la audiencia de revocatoria pedida por los abogados de Hilsaca.
Estando en Arauca, adonde tuvo qu viajar, Uribe recibió una llamada de Maestre para informarle que Saade había renunciado y, en su lugar, la Sala Penal del Tribunal lo había designado a él juez coordinador del Centro de Servicios.
Uribe concluyó que su nombramiento se debió a “la influencia y el dinero que pagó alguna persona o personas (sic) para que yo facilitara en ese cargo o me hiciera el de la vista gorda de las irregularidades que desde finales del mes de noviembre de 2014 se pretendieron realizar a través de Enisberto Maestre, y las que registró este mismo personaje con César Villadiego, y algunos saleros (funcionarios de las salas de audiencias), en el caso del procesado Alfonso Hilsaca”.
“30 millones en una caja de whisky”
Cuando se entrevistó con los agentes de la Dijín y el fiscal Aria Cortés, el ex secretario Maestre complementó lo dicho por Uribe y recordó un encuentro con el abogado Anaya y el magistrado Colmenares, al que recogieron en un carro para dirigirse al estacionamiento del tercer piso del centro comercial Portal del Prado. El mismo lugar donde se había reunido con el abogado Orlando Anaya y el escribiente César Villadiego.
“Orlando se estaciona y procedemos a entregarle la suma de 30 millones de pesos en una caja de una botella de Whisky y ahí iban 6 pacas de billetes de 50 para completar 30 millones; él destapó la caja y verificó que ahí estuviera el dinero y enseguida procedió a entregarnos copia de la renuncia del dr. David Saade como juez coordinador del Centro de Servicios”, reveló Maestre.
Según Maestre, el tráfico de influencias para que renunciara Saade comenzó después de un encuentro de Colmenares con una abogada a la que llamó María Patricia. La misma mujer fue nombrada por Uribe: la exjueza María Patricia Hernandez. “Esta situación comenzó porque la doctora María Patricia le dijo al doctor Luis Felipe en un primer encuentro que le solicitara la renuncia al doctor Hassan para poder nombrar un nuevo juez coordinador y colaborar con la audiencia del ‘Turco’ Hilsaca”, agregó Maestre.
Pese a los señalamientos, que los testimonios fueron recolectados dentro de la investigación y que comprometieron a magistrados del propio Tribunal Superior de Barranquilla, la Fiscalía no aplicó los principios de oportunidad a Uribe, Villadiego y Maestre. Tampoco indagó lo que denunciaron. En cambio, del caso fue removido el fiscal que comenzó la indagación, Germán Arias Cortes; otro despacho se ha encargado de llevar los juicios contra los acusados, y el fiscal que investigó a Hilsaca, Hugo Quintero, vive desde hace cuatro años exiliado en Estados Unidos porque la Dijín fue alertada de un plan para asesinarlo en cabeza de alias ‘Gandhi’, jefe de Los Rastrojos en Valle del Cauca; alias ‘Arturo‘, otro cabecilla de ‘Los Rastrojos’ en la región Caribe, y un desmovilizado de las AUC conocido como ‘28’.
¿Fue cierto que la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, en la cual continúa un magistrado señalado, influyó en la renuncia del juez coordinador del Centro de Servicios? ¿Desde la misma se promovió el reparto amañado de la audiencia que acabó en la libertad de Hilsaca? ¿Las declaraciones de Villadiego, Uribe y Maestre no eran acaso indicios contra quienes han sido los jueces de una red de corrupción de la que, al parecer, hacían parte?
Las respuestas a los interrogantes las tiene la Fiscalía, de cuya web oficial también desapareció el comunicado en el cual el vicefiscal General de la Nación de la época, Jorge Perdomo Torres, anunció la apelación contra la decisión que ordenó la salida de Hilsaca de la cárcel cuatro días antes de la Noche de Navidad del 2014.
