INVESTIGACIONES

    Foto: Luis Barreto
    La amarga espera de Boquerón 

    La amarga espera de Boquerón 

    Después de décadas de incertidumbre sin beneficiarse del boom carbonero, Boquerón, una pequeña comunidad de campesinos y afros en el centro del Cesar, espera que el Estado y las mineras empiecen a pagar la deuda que tienen pendiente con sus habitantes. 

    Desde muy temprano en la mañana varios habitantes de Boquerón se reunieron en la única escuela pública de este corregimiento, situado en el corazón de la zona minera del centro de Cesar. Esperaron por horas la llegada de los viceministros de Minas, Sandra Sandoval, y de Ambiente, Francisco Cruz, del presidente de la Agencia Nacional de Minería, Juan Miguel Durán, de los congresistas de Cesar y de los delegados de las mineras. 

    Los habían convocado a finales de febrero de 2021, supuestamente para definir una “hoja de ruta”, después de que corrió el rumor de que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales había decidido que este corregimiento no sería reubicado, al contrario de lo que había decretado 10 años atrás el ministerio de Ambiente (ver resoluciones). Allí viven 1.631 familias vecinas de las minas de las multinacionales Prodeco, Drummond y CNR. 

    La tensión era evidente. Los pobladores que se consideran raizales habían copado todos los puestos disponibles de la comunidad y dejaron por fuera, incluso cerrando la puerta, a los que llegaron con el boom de la minería y se asentaron en la última década en busca de  participar en la bonanza minera, conocidos como los “no residentes”. 

    Después de tres horas de espera, comenzó la reunión cuando el viceministro de Ambiente dio a conocer el estudio técnico ambiental que justificó la resolución 071 de 2021, la cual definió que Boquerón estaba por fuera del área fuente de contaminación, por lo que sus pobladores ya no serían reubicados.  

    Alex Saab, asesor del ministro de Ambiente, explicó que, con base en las 14 estaciones que monitorean la calidad del aire en Cesar, hicieron un promedio en los últimos  tres años. Agregó que encontraron que la zona de Boquerón debía dejar de ser considerada un “área fuente de contaminación” porque en los promedios anuales “clasificó como moderada” en cuanto a las presencia de partículas contaminantes. Sólo dos áreas, El Hatillo y Costa Hermosa, podían ser consideradas como tal, explicó el funcionario.

    Luego la viceministra de Minas, Sandra Sandoval, presentó un plan de compensación para la comunidad llamado “Boquerón Avanza y Emprende”, en el que el gobierno se comprometía con un programa de seis puntos con inversiones en “vivienda, saneamiento básico, salud, educación, desarrollo agropecuario, seguridad alimentaria y emprendimiento”. 

    La decisión llegó después de que la multinacional Prodeco solicitó al Gobierno Nacional aceptarle  la devolución de dos títulos mineros en el centro de Cesar. Pero a pesar de que este se negó, la empresa ya había mermado la producción en las minas colindantes con Boquerón, es decir,  Proyecto La Jagua y Calenturitas. 

    En 2010, el ministerio de Ambiente había expedido dos resoluciones para establecer unas directrices y obligar a las mineras a crear un fideicomiso para reubicar y acompañar en la transición a varios centros poblados de las comunidades de El Hatillo y Plan Bonito, del municipio de El Paso, y Boquerón en La Jagua de Ibirico. Lugares que podrían estar afectados por la explotación de las carboneras Drummond, Prodeco y CNR.

    Pero la última resolución de la ANLA (0640 de 2021) dejaba sin piso esta reubicación y ponía en un nuevo limbo a una comunidad que durante esos 10 años no pudo recibir inversión estatal alguna, ni construir escuelas o puestos de salud, o acueducto de agua potable,  pues estaba a la espera de que la reubicaran. 

    Conocido el borrador de la nueva directriz de la ANLA el senador Didier Lobo, de Cambio Radical, un político que había sido alcalde de La Jagua de Ibirico entre 2012 y 2015, exigió a las autoridades nacionales claridad sobre el futuro de Boquerón. Y Alfredo Cuello Baute, representante a la Cámara por el partido conservador, instó al gobierno nacional a intervenir los activos de la minera Prodeco por su pretensión de irse sin cumplir sus compromisos con las comunidades.

    Por su parte el gobernador de Cesar, Luis  Monsalvo Gnecco, se quejó de que no lo dejaran participar en las mesas donde se toman las decisiones sobre la minería en Cesar. Lamentó que no se hubiera solucionado antes el destino de Boquerón. Y dijo que estaba “dispuesto a participar, junto con el alcalde (de la Jagua Ovelio Jiménez) en crear un comité” para establecer proyectos de obras y emprendimientos y empleo. Calculó estas inversiones entre “40 mil y 50 mil millones de pesos”. 

    Ahora con la noticia, que ya no habla de reasentamientos, el gobierno de Iván Duque puso sobre la mesa que las mineras paguen compensaciones socioeconómicas por su actividad. Sin embargo, en este pequeño caserío son escépticos sobre la nueva “hoja de ruta”, ya que durante años no les cumplieron las obligaciones por el daño ambiental, económico y social causado por las mineras. Y ahora no saben si esta decisión sea en realidad otra manera de incumplirles.

    “No cumplir cumpliendo” 

    La historia de Boquerón se puede dividir entre un antes y un después de las resoluciones 1525 y 0970 del 2010. Con ellas el ministerio de Ambiente obligó a las carboneras a reasentar preventivamente las comunidades de Boquerón, Plan Bonito y Hatillo en el plazo de dos años.

    Las multinacionales Drummond LTD, C.I Prodeco y Colombia Natural Resources llegaron a mediados de los noventa a esta zona a explotar carbón y sus actividades impactaron estos  corregimientos en la Jagua de Ibirico y en El Paso.  En esta y otras razones el Minambiente fundamentó la obligación de reasentar, a partir de los monitoreos de calidad del aire, cuando las concentraciones de material particulado empezaron a dispararse por la minería.

    El Minambiente exigía reubicar las comunidades que presentaran ciertos requisitos.  En un aparte del documento público dice que cuando “las condiciones naturales o de fondo y las de circulación y/o dispersión, excedan en frecuencia superior al 50% e inferior al 75% de los casos, la norma de calidad anual; se deberá presentar por parte de las empresas mineras a consideración de las autoridades ambientales, el plan de reubicación o reasentamiento de las viviendas y poblaciones afectadas”, 

    Un paisano aún recuerda que cuando se desató el boom minero varios concejales, el gobernador, los diputados y el alcalde de La Jagua, celebraron la llegada de las empresas. Y en una rueda de prensa les dijeron a los habitantes de Boquerón que “Dios se había acordado de ellos”, asegura un poblador que asistió al evento. 

    En  efecto, el corregimiento quedó ubicado en medio de las tres grandes minas de carbón que explotan estas multinacionales. Pero la actividad comenzó a afectar el medioambiente  en el río Tocuy, en las viviendas y en las sabanas comunales, donde cazaban animales.

    Por estar en medio de las grandes minas y estar sometido a la contaminación, el Gobierno decidió hace años trasladar al caserío Boquerón, pero ahora cambió de parecer y sus habitantes quedaron en el limbo. Foto: Luis Barreto

    Con la bonanza también empezaron a aparecer problemas de salud de los habitantes: “Al hospital de la Jagua sabemos que han ido muchas personas a hacerse tratamientos de la piel, respiratorias y diarreicas. La afectaciones que produce la minería son muchísimas  y si nos ponemos a enumerar no alcanzaría el tiempo”, cuenta Osvaldo Aguilar, un docente y promotor del consejo comunitario de afrodescendientes Casimiro Mesa Mendoza, Coconeo.

    En ese sentido, la gobernación del Cesar contrató un estudio en 2012 de la Universidad Nacional para estudiar las “enfermedades respiratorias” en niños de 10 años de los seis municipios mineros de departamento. Los investigadores evaluaron 1.627 menores y encontraron que quienes vivían cerca a las minas presentaban enfermedades como bronconeumonía, sibilancias, tos seca nocturna y  dermatitis alérgica. 

    El mismo estudio encontró evidencia de que la enfermedad respiratoria tiene que ver con diferentes formas de exposición presentes en los municipios de la  Zona Carbonera del Cesar (ZZC). También que estas enfermedades se presentaban con mayor incidencia en la población pobre con peor acceso a fuentes de energía para cocinar, condiciones de vivienda, acceso a los servicios públicos de alcantarillado y recolección de basuras. 

    Por otro lado, las autoridades regionales como Corpocesar no han hecho seguimiento de este tipo a problemáticas. Con la nueva disposición del ANLA es importante conocerlas para determinar por qué ahora el corregimiento del Boquerón se encuentra por fuera del área de contaminación.  Al fin al cabo las empresas, que durante 10 años le dieron largas a la reubicación, ahora se amparan en un nuevo dictamen para salirse por la tangente y no cumplir ese deber contractual y social. 

    La minería tuvo un sabor agridulce en esta población. Por una parte, despertó expectativas entre los habitantes que creyeron que les llegaría una parte de la bonanza. Pero por la otra, vieron afectados su entorno, sus tradiciones, su economía y su cultura.

    “Nosotros perdimos con la explotación minera la posibilidad de cazar, pescar y cultivar, porque las tierras ya no eran nuestras”, aseguró Casimiro Rivera, un octogenario residente de Boquerón.

    Desde entonces, por la troncal del carbón transitan a toda hora tractomulas cargadas del mineral y diseminan el polvillo por todos lados. Cada hora sale un tren con más de cien vagones cargados hacia Puerto Nuevo en Ciénaga. Muchos vecinos se quejan de que no reciben un manejo adecuado. 

    A tres kilómetros del Boquerón sigue funcionando la mina de la Drummond. Por lo tanto la Resolución 71 del 2 de febrero de 2021 del ministerio de Medio Ambiente y  la ANLA en nada se acercan a la realidad de los habitantes del Boquerón. En realidad, todavía persisten los problemas ambientales, sociales y de salubridad .

    Por el frenesí minero de más de tres décadas, algunos vecinos tienen secuelas de problemas respiratorios. Las fuentes de agua están contaminadas, las sabanas comunales, cercadas y patrulladas por guardias de seguridad y el único acueducto no tiene tratamiento de agua. “Las casas siempre están llenas de polvillo de carbón y el agua lluvia que recogíamos ya no la podemos beber”, señala Julián Martínez, mientras muestra las ventanas tiznadas. 

    También contribuyó al atraso de esta comunidad un aparte de la resolución que limitó a los mandatarios locales para realizar inversiones. Eso les impidió por años solucionar problemas de agua potable, salud y educación a un pueblo que estaba en firme para ser reubicado.

    A eso se sumó que desde el día siguiente de promulgada la norma, las empresas Drummond, Prodeco y CNR presentaron demandas en su contra, lo que dejó en el limbo las expectativas de estas comunidades, aseguró un líder de las mesas de trabajo de La Jagua de Ibirico.

    La decisión de reasentar también produjo otros cambios negativos. Según el profesor Aguilar, “de la noche a la mañana personas que no eran del corregimiento llegaron a comprar tierras por sumas irrisorias, otras personas que se habían ido huyendo de la contaminación volvieron a sus casas abandonadas”, agrega.  Así, en menos de dos años, Boquerón pasó de tener cien a mil casas de bahareque.

    Este cacerío estuvo por más 10 años en vilo por ser reubicado, hoy por no estar en área fuente de contaminación, esperan que les mejoren las condiciones de vida. Foto: Luis Barreto

    “La gente compraba los patios y en esos construían sus ranchos”, explica Aguilar.

    Pero la reubicación nunca se concretó. A lo largo de los diez años hicieron muchas reuniones, pero jamás llegaron a un acuerdo con la comunidad.  La causa: empezaron a aparecer las divisiones y las diferencias de intereses, recuerda Zeneida Martínez Molina, quien fue representante de Coconeo.  Esa situación, por ejemplo, dificultó  la interlocución con Coconeo, como contaron varios líderes afro. “Nos limitaban la asistencia sin voz y sin voto”, dice uno de ellos. Este Consejo no ha sido reconocido por el Ministerio del Interior. De haberlo hecho, habría obligado a las mineras a realizar consultas previas. 

    Al no llegar acuerdo con las comunidades, en 2019 las  tres empresas encargadas del reasentamiento del Boquerón contrataron a la ONG Socya para que negociara las reubicaciones con las familias. “Optaron por llamar de forma individual a las personas y ofrecerles dinero por las tierras a unos precios mínimos”, dice Guillermo Pérez, coordinador de la mesa de Derechos Humanos del Departamento de Cesar.   

    Socya tenía el objetivo de “diagnosticar y formular los  planes de acción de reasentamiento (PAR) para las comunidades de Hatillo (vereda del municipio El Paso) y Boquerón (corregimiento del municipio de la Jagua de Ibirico), departamento del Cesar”.

    En su página web, el operador muestra como resultados de Boquerón  “cierre operativo censal y etnográfico, un diagnóstico de las condiciones socio económicas de la población y continuidad de convenios marco con la alcaldía y el hospital que beneficia a 295 niños, adolescentes y jóvenes, 60 adultos mayores y hace 188 actividades en el último año”. También que visitaron “1.626 predios”, realizaron “40 talleres” y entregaron “18 becas del programa apoyo a la educación superior”. 

    A pesar de estos resultados el líder Pérez, de la mesa de Derechos Humanos, asegura que la estrategia de las empresas y de su operador no permitió facilitar una solución. Dice que en realidad se dedicaron a “ganar tiempo” y que jugaron a “dividir a la comunidad, que no pudo negociar en bloque el reasentamiento”.  “Les decían que solo tenían que hablar con ellos porque les iban a construir casas bonitas. Entonces Socya aisló al Boquerón para hacer con ellos lo que quisieran y los dejaron en la miseria absoluta”, agrega Pérez.  Lo cierto es que mientras tuvo vigencia la resolución del Minambiente, solo reasentaron 10 familias de Plan Bonito y 7 de Hatillo.

    La incredulidad

    Hoy en día, cuando el nuevo dictamen de la autoridad nacional ambiental asegura que Boquerón no está en una zona contaminada, el panorama de la comunidad sigue oscuro. Desconfían de los resultados de estos estudios sobre partículas, y además se preguntan quién va a pagar por años de contaminación acumulada. 

    Recorrer las calles polvorientas de Boquerón permite ver el paso del tiempo, con callejones en los que se confunden cambuches y casas agrietadas por la detonación constante de dinamita en las minas aledañas. 

    En lo social y económico, las únicas inversiones visibles del Estado son un tanque elevado que distribuye un agua malsana a sus habitantes y un centro de salud atendido por un médico que va cada 15 días. También una escuela básica y media sin terminar, en la que los niños no alcanzan a terminar el bachillerato por la falta de docentes, y deben hacerlo en la cabecera de La Jagua. 

    El villorrio solo cuenta con una vía asfaltada que pavimentaron las mineras ante la queja de sus habitantes que no soportaban la nube de polvo que levantaban a diario los camiones y tractomulas. 

    Nadie sabe a ciencia cierta en qué han invertido las empresas carboneras, ni si se va a utilizar un fideicomiso que el Estado les obligó abrir, en el que hay recursos por 50.000 millones de pesos, que debía servir para hacer  los reasentamientos.

    En muchas casas son evidentes las huellas de las detonaciones en las minas cercanas. Foto: Luis Barreto

    “En lo productivo (las mineras) se dedicaron a darnos gallinas ponedoras como parte de sus intervenciones sociales”, se lamenta un habitante. Mientras tanto Julián Martínez, de 93 años, dice con sorna que se lo debieron haber gastado en “refrigerios que repartían en los talleres”.

    Hoy en día, el alcalde de La Jagua, Ovelio Jiménez, sostuvo que aceptaron la decisión de la ANLA a regañadientes, porque no consideran que la zona haya dejado de estar contaminada por las empresas, Jiménez coincide con la preocupación del representante Ape Cuello, de que las empresas deben pagar por los daños ambientales, sociales y culturales que han dejado en la región y Prodeco no puede irse sin pagar su deuda. 

    “Entiendo la desconfianza de algunos”, explica el alcalde Jiménez, quien reconoce que la dilación del reasentamiento es un pésimo precedente para la nueva etapa. “Boquerón estuvo a la deriva, sin nadie que los acompañara, nadie les prestó atención. Hoy el gobierno propone un nuevo plan que La Jagua acompañará para que nadie de nuevo  burle las esperanzas de la gente. Sé que es difícil creer pero estamos comprometidos en exigir a las mineras para que compensen los daños hechos a Boquerón”, agregó. 

    Jiménez dice que hay que empezar por hacer un censo de los daños tanto a los residentes originales como a los que llegaron con el carbón. “Sin un acuerdo sobre quiénes son los afectados no vamos a avanzar”, recalcó.

    “Esto para nosotros ha sido fatal, porque quedamos con los brazos cruzados, porque antes contábamos con río, con caza y pesca y cultivo, pero ahora que la mina ha acabado con todo. El río murió, por donde uno mira dice prohibido su entrada, es decir no tenemos de qué vivir”, reflexiona Claudia Varón Imbrecht, una lideresa de la comunidad.  Mas cuándo han visto que en los alrededores nunca lo han tenido, a pesar de recibir millonarias regalías. “Nos seguirán bailando el indio”, sentencia coloquialmente otro habitante.

    Al consultar a la ANLA por la contradictoria decisión de no reubicar a Boquerón, esta señaló  que “la autoridad ambiental  estableció el deber de las sociedades de seguir  ejecutando con esta comunidad las medidas de componente social establecidas en los instrumentos de manejo y control ambiental aprobados a las sociedades mineras, con la finalidad de no desmejorar las condiciones socioeconómicas de ese centro poblado. Que el Plan de Manejo Socioeconómico será ajustado a las variables establecidas en la resolución”.  Pero ante los antecedentes, al día de hoy nadie sabe con certeza si los habitantes de Boquerón verán de nuevo sus ilusiones tan ennegrecidas como sus ventanas, manchadas para siempre por el polvillo de carbón. 

    Con reportería de Luis Barreto, Luis Martínez y Priscila Zúñiga

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