El 18 de mayo de 1998, dos pistoleros acabaron con la vida de Carlos Luna frente a la alcaldía de Catacamas. César, su hijo, había llegado minutos antes a dejarle comida a su padre; alcanzó a ver la confusión que siguió a la balacera. “Yo fui testigo del asesinato”, cuenta. Hoy César Luna sigue enfrentado a Lincoln Figueroa, quien es alcalde de Catacamas desde 2010 y uno de los hombres más fuertes en la región del Partido Nacional, el que llevó a la presidencia a Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, los dos últimos mandatarios de Honduras.

La investigación y el proceso judicial por el asesinato de Carlos Luna pasaron primero por manos de la justicia hondureña y luego por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las dos investigaciones dejan huellas de participación de las élites de Catacamas. En 1999, un año después del asesinato, por ejemplo, la fiscalía hondureña sometió a la justicia un reporte en el que nombraba a Lincoln Figueroa como sospechoso de planificar el asesinato. Y en 2004, uno de los sicarios, condenado entonces a 20 años de cárcel por el homicidio de Luna, nombró al alcalde Salgado como uno de los autores intelectuales.

La fiscalía hondureña investigó la posible participación de Figueroa y Salgado en el asesinato, pero nunca presentó cargos criminales. La CIDH señaló, en un que remitió en 2011 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la judicatura de Honduras hubo 10 cambios de fiscales y 14 de jueces de primera instancia que investigaban a los funcionarios.

En últimas, el juicio de Honduras incluyó presiones políticas, amenazas, los asesinatos de un testigo clave -el que nombró a Salgado- y de un supuesto autor intelectual -baleado en 2008 frente a su casa-. Ese proceso falló en condenar a quienes idearon el plan para matar a Carlos Luna.

La Corte Interamericana resolvió a favor de la familia Luna, pero esa fue solo una condena al estado hondureño por fallar a las víctimas en la aplicación de justicia por los crímenes. La resolución dejó un sabor agridulce al asunto.

El ambientalista incómodo

Cuando Carlos Luna fue electo octavo regidor de Catacamas para el periodo 1998-2002, el alcalde Freddy Salgado lo nombró jefe de la comisión ambiental del municipio. Salgado pensó, dice Ramón Peralta, ambientalista onlanchano, que Luna no iba a hacer nada. Pero lo hizo: empezó a denunciar la tala ilegal en radios nacionales -como lo hizo en Radio América- y ante el Ministerio Público en Tegucigalpa.

De hecho, una de las primeras acciones de Carlos Luna en su nuevo puesto de regidor ambiental fue denunciar en la alcaldía y ante el Ministerio Público en Catacamas a las compañías Productos Forestales Figueroa (PROFOFI), IMARA y La Fosforera, por el supuesto uso de cooperativas fantasma para hacer pasar madera ilegal por producto legalizado con el fin de deforestar las montañas de Olancho sin impedimentos. PROFOFI era, en parte, propiedad de Lincoln Figueroa.

Las mafias de la madera siguen vivas en esta ciudad. Todos, los supuestos intelectuales e incluso uno de los pistoleros que es prófugo de la justicia, siguen viviendo en Catacamas o en aldeas cercanas. Y es que esta historia, la de las mafias del bosque, es como una espiral que da vueltas sobre sí misma sin cerrarse nunca.

Después de varios años de huir, César Luna decidió enfrentar esa espiral. Había pasado casi dos décadas viajando, huyendo de Catacamas. En 2017 decidió desafiar a Lincoln Figueroa en su propia cancha: la política de Olancho. Luna hijo corrió como regidor y resultó electo.

Lincoln Figueroa salió de Manto a Río Blanco, cerca de Catacamas, en los 80. Reinaldo Antonio Sánchez, un ganadero de la zona que le dio empleo desde que era muy joven, lo envió a atender una bodega y a buscar suerte con la madera. Con el tiempo, Lincoln se abrió camino; empezó a comprar tierra, a descombrarla y a revenderla a grandes terratenientes en la zona.

Uno de los primeros socios de Figueroa fue José Ángel Rosa, conocido en Catacamas como “Chango”. Juntos, , montaron un aserradero al que empezaron a llevar “lo que sacaban del bosque”. En un proceso civil abierto por un tribunal en Catacamas consta que Rosa y Figueroa eran socios en PROFOFI, uno de los aserraderos denunciados por Luna; la Corte Interamericana también recogió la denuncia en su fallo del 10 de octubre de 2013.

Ya en 1994, Carlos Luna, el padre de César, les adjudicaba a ambos la venta ilegal de madera; el ambientalista incluso puso una denuncia formal a Clarisa Vega, entonces fiscal del ambiente. (InSight Crime charló con Vega, quien hoy dirige una ONG ambientalista en Tegucigalpa, en septiembre de 2018. La exfiscal confirmó que había recibido denuncias contra los madereros de Catacamas.)

“Chango” Rosa era, , uno de los principales prestanombres de Lincoln Figueroa. Esa versión fue corroborada por un exfiscal que conoció los hechos alrededor del asesinato de Carlos Luna, y quien pidió anonimato por razones de seguridad.

En su resolución de 2013, la Corte Interamericana lamenta que el estado hondureño no haya investigado las implicaciones de Rosa con Figueroa y al entonces alcalde Freddy Salgado por “los negocios mencionados -la explotación maderera ilegal con el aserradero PROFOFI- y las denuncias de presunta corrupción”.

Lo cierto es que Rosa era, en 1998, uno de los ganaderos más poderosos de Catacamas. Se movía armado por el pueblo. El 26 de febrero de aquel año, “Chango” Rosa amenazó a Carlos Luna; le puso una pistola en la cabeza y luego disparó al aire, según consta en un relato de hechos sobre los acontecimientos que precedieron al asesinato del ambientalista recogido en el informe presentado a la Corte Interamericana, numerado como caso 12.472 y fechada el 22 de julio de 2011.

César Luna recuerda el episodio de una forma un tanto diferente. Una vez, a la salida de una reunión de la asociación local de ganaderos, Rosa se encontró a Carlos Luna en una llantería. Lo amenazó y disparó al suelo “para asustarlo”, cuenta. denunció la amenaza ante el fiscal Adrián Rosales, quien intentó una conciliación, aunque la ley no lo permitía. El su informe, la CIDH establece que, en efecto, hubo una reunión en la que Rosa aceptó que había amenazado a Luna, pero se excusó diciendo que estaba ebrio cuando lo hizo. El fiscal parece no haber hecho más averiguaciones.

El pleito siguió durante semanas. El 8 de marzo de 1998, Carlos Luna denunció al periódico El Heraldo nuevas amenazas, que atribuyó a las denuncias sobre deforestación y tráfico de madera que el ambientalista seguía haciendo contra Rosa y sus aserraderos. Investigaciones posteriores, en especial las que llevó a cabo la CIDH a petición de César Luna y su familia, determinaron que Rosa era propietario parcial de PROFOFI, en la que también tenía acciones Lincoln Figueroa, quien en una declaración como testigo ante el Ministerio Público aceptó su relación con la empresa.

Cuando la fiscalía hondureña interrogó a Lincoln Figueroa, en los meses posteriores al asesinato de Carlos Luna, para preguntarle por PROFOFI y su relación con José Ángel Rosa, el entonces diputado dijo que había alquilado su parte del aserradero cuando el ambientalista fue asesinado.

Para abril de 1998 ya Rosa había dejado del lado cualquier recato. El 10 de ese mes llamó a Carlos Luna para decirle que tenía “el dinero, las armas y la gente para matarlo a él y a su familia”.
Poco después, el 21 de abril, fue que el recién electo alcalde Freddy Salgado nombró a Carlos Luna regidor a cargo de la unidad ambiental.

A los pocos días, el ambientalista multiplicó su lista de enemigos. Al iniciar investigaciones por deforestación y tráfico ilegal de madera en una zona conocida como Quebrada de Catacamas, Carlos Luna empezó a recibir amenazas de Jorge Adolfo Chávez y Roberto Núñez, otros dos madereros de la región cuyas propiedades se veían afectadas por las pesquisas de Luna. El 13 de mayo, Chávez amenazó a Luna a punta de pistola, y poco después le dejó un mensaje con un familiar: “Él (Luna) no sabe con quien se está metiendo… Él no tiene horchata en las venas y yo fui soldado.”

Al final, el mismo alcalde Salgado, según un recuento de César Luna recogido en el caso que la CIDH abrió contra el Estado de Honduras por fallar en la protección de la vida de los familiares de Carlos Luna, intentó sobornar al ambientalista para que se olvidara de las investigaciones a los madereros y de las que había iniciado en la municipalidad por varias irregularidades atribuidas al mismo jefe municipal.

Por recomendación de oenegés ambientalistas, Carlos Luna programó una conferencia de prensa para el 20 de mayo de 1998. No podía hacerla antes por compromisos que había adquirido previamente. La conferencia nunca ocurrió: dos días antes .

En su casa de Catacamas, César Luna, el hijo de Carlos, bebe su café a sorbos largos mientras devuelve su memoria al 18 de mayo de 1998, el día en que mataron a su padre.
La reunión del consejo ciudadano de Catacamas había terminado poco antes de las 11:00 a.m. de aquel día. Poco antes, César había ido a dejarle comida a la alcaldía. Carlos dejó el edificio municipal junto a dos colegas, Silvia González y Fausto Revelo. De súbito, dos hombres jóvenes se acercaron disparando.
Carlos Luna respondió al fuego con su arma, pero era muy tarde.

Una de las balas de los agresores hirió a González en la cabeza. Otro proyectil se alojó en la espalda de Luna.

Cuando el ruido cesó, los atacantes habían desaparecido.

Carlos Luna estaba consciente cuando sus compañeros, guiados por Fausto Revelo, lo subieron al auto del alcalde Freddy Salgado -quien luego sería señalado como autor intelectual del crimen- para trasladarlo a una clínica de Catacamas. En el carro también subieron a González. El joven César Luna acompañó al convoy.

La clínica estaba cerrada y el carro del alcalde no tenía gasolina. Revelo y otros que le ayudaban tuvieron que subir a los heridos a otro vehículo para viajar hasta Juticalpa, la cabecera departamental, a una hora de camino. Luna y González entraron a los quirófanos.

Al poco rato, un médico salió con noticias. Carlos Luna había muerto en el camino y el estado de Silvia González era crítico. Antes de entregar el cuerpo de Luna a la familia, un médico le dio a César la bala que mató a su padre.

La puerta del bosque

Catacamas es una de las puertas más importantes al bosque hondureño. En el mapa del tráfico ilegal de madera de Honduras, esta ciudad de unos 45,000 habitantes y uno de los centros urbanos más grandes del departamento de Olancho, sirve como punto intermedio de tránsito y control territorial -por parte de las instituciones del Estado y de grupos de crimen organizado- entre Juticalpa, la reserva forestal extendida entre la Biósfera del Río Plátano, al noreste, el Atlántico, y la porosa frontera con Nicaragua, al este.

De Catacamas salen todas las mercaderías, legales e ilegales, que produce la biósfera del Río Plátano y las zonas aledañas. Desde la ciudad se llega por la carretera nacional RN83 a Dulce Nombre de Culmí, enclave maderero en la zona de amortiguación de la Biósfera del Río Plátano y aledaña a los parques del Río Patuca y a la reserva Tawahka. La del Río Plátano es una reserva natural de 5250 kilómetros cuadrados que guardan el último reducto del bosque nebuloso en el que crecen maderas oscuras preciosas como la caoba, el cerezo y el cedro.

Quien viaja por la RN83 y pasa la pista El Aguacate, de la Fuerza Aérea hondureña, a unos 15 kilómetros del centro de Catacamas, empieza muy pronto a ver los pinares que son, aquí, la fuente del dinero, del poder.

Jorge Yánez, ambientalista y regidor de Catacamas en la actualidad, vive en una casa de esquina, rodeada por un amplio patio lleno de árboles frutales. Conoció a Carlos Luna y ha sido, él mismo, protagonista de reclamos ambientales en Olancho y, desde inicios de este periodo de gobierno municipal en 2018, uno de los principales dolores de cabeza del alcalde Lincoln Figueroa, a quien ha denunciado formalmente en la corporación municipal por supuestos actos de corrupción y depredación ambiental. La pista El Aguacate está a pocos kilómetros de la casa de Yánez.

En los linderos de la Reserva del Río Plátano, en el noreste de Honduras, se tala y procesa el pino de manera ilegal. Foto provista por la alcaldía municipal de Catacamas

En áreas madereras como Olancho, dice Yánez, los grupos de poder político como el del Partido Nacional y el alcalde Figueroa tienen relaciones estrechas con la explotación de la madera. Desde alcaldes a políticos con poder en Tegucigalpa, la capital del país, estos grupos han creado redes que permiten a operadores locales apropiarse de tierras, deforestarlas, vender la madera y revender la tierra para ganadería extensiva. En algunos casos, los jefes de estas redes controlan toda la cadena de distribución de la madera, tal como lo describió Carlos Luna en sus declaraciones a Radio América antes de ser asesinado.

Yánez y César Luna aseguraron a InSight Crime que un puñado de terratenientes de Catacamas han conspirado con funcionarios municipales que tienen influencia en Tegucigalpa para llevar adelante el triple negocio en Olancho: primero compran las tierras a bajo precio a pequeños terratenientes que no tienen en orden sus títulos de propiedad; luego, extraen la madera nativa; y al final extraen el pino y utilizan el área para ganadería.

En Catacamas y sus alrededores los miembros de estas redes legalizan la madera extraída de forma irregular.

Uno de los métodos más importantes de lavado incluye manipular o simplemente ignorar los permisos de extracción de madera emitidos por le Instituto de Conservación Forestal de Honduras (ICF). Una de las formas más comunes de hacerlo es cortando más madera de la permitida por el ICF y, en caso de que inspectores forestales visiten las zonas de extracción o revisen los inventarios, el dueño de la tierra falsifica el permiso original para hacerlo coincidir con la cantidad de madera extraída.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Honduras también detectó redes que utilizaron títulos falsos de propiedad de la tierra para extraer madera.
Y está la corrupción de las autoridades: policías y funcionarios municipales que aceptan sobornos para permitir traspasos de tierras, ignorar la extracción de madera no autorizada o facilitar la falsificación de documentos.

La corrupción, según Jorge Yánez, se extiende, también, a otras economías criminales asociadas a la extracción ilegal de madera, como el contrabando de ganado.
Desde una pequeña terraza de piso de baldosas ocres, Jorge Yánez explica que la carretera RN83, los caminos rurales aledaños a Catacamas, a Dulce Nombre de Culmí y los bosques que los rodean son los corredores por los que transita el tráfico ilegal de madera en Olancho.

Una hora montaña adentro desde Culmí, el camino de tierra se estrecha a la altura de un asentamiento llamado Pisijines y el bosque de pinos se espesa. Unos cuarenta minutos después, desde otro asentamiento llamado Marañones es ya posible ver los linderos del bosque oscuro, marcados por las últimas filas de pinos, pero también por los inmensos pastizales que van quedando después de que las mafias del bosque reconvierten las tierras.

Cuenta César Luna que a finales de 2018 se adentró al corazón del bosque, más allá del núcleo de la Biósfera del Plátano, y siguió más lejos; atravesó las reservas de Tawahka y la del Río Patuca, fronteriza con Nicaragua. “Ya no son bosques… ahí, hasta adentro, hay ganado… Se acabaron la sierra”, dice.

Es el territorio de los señores del bosque hondureño. Y Catacamas es la capital de todo. Ahí siguen mandando políticos como Lincoln Figueroa. El negocio ilegal de la madera empezó a sofisticarse y a adquirir visos de criminalidad organizada de mayor calado a mediados de los 90 con “Chango” Rosa y su socio, Lincoln Figueroa, dice dos décadas y media después después César Luna en su comedor de Catacamas.

Para 2005, Lincoln Figueroa era diputado por el Partido Nacional, en el que creció gracias en buena medida a su vieja relación con Reinaldo Sánchez Rivera, hijo del ganadero que había empleado al alcalde en Río Blanco. Sánchez Rivera fue diputado de 2006 a 2010 y de ahí escaló hasta el tope del poder en Honduras; fue secretario privado del presidente Porfirio Lobo (de 2010 a 2014) y Secretario de Desarrollo e Inclusión Social en el gobierno de Juan Orlando Hernández.

El alcalde Figueroa, durante su última campaña a la reelección en 2017, negó rotundamente las acusaciones de César Luna y dijo que todo se trataba de envidias políticas. InSight Crime solicitó entrevistas al alcalde Figueroa para añadir sus comentarios a esta investigación; no hubo respuesta.

Políticos como Lincoln Figueroa, el exalcalde Freddy Salgado y algunos de los pistoleros que se supone estuvieron asociados a ellos en el asesinato de Carlos Luna han sido actores protagonistas en los entramados de explotación ilegal de madera que han habitado en Catacamas y Olancho durante décadas. Hay, en este mapa, otros jugadores: los narcotraficantes de Olancho.

Donde la madera se junta con el narco

El apellido de la familia Amador está relacionado al narcotráfico en Olancho. Menos estruendosos y poderosos que Los Cachiros o Los Valle -las familias más renombradas en el mundo narco local-, pero acaso tan violentos como esos clanes, Los Amador tienen una característica peculiar: antes que traficantes de drogas fueron madereros.

Los Amador empezaron a construir su reinado en Catacamas y las montañas de Olancho a finales del siglo pasado, cuando, como lo hizo Lincoln Figueroa en su momento, compraron tierras a pequeños propietarios o a políticos en los bordes de las reservas protegidas de Patuca y Tawahka, para extender sus dominios.

Un investigador que estuvo involucrado en operaciones antinarcotráfico en el norte hondureño desde finales de la década pasada hasta mediados de esta, asegura que Los Amador utilizaron las mismas rutas fluviales y terrestres en las que sacaban la madera ilegal del bosque para, además, mover cargamentos de cocaína que aterrizaban en pistas clandestinas.

“Esas rutas llegan hasta Nicaragua; han movido madera y droga por los ríos y los caminos de la montaña”, dice el investigador, quien habló bajo condición de anonimato por seguridad.

En octubre de 2016, una brigada interinstitucional de la fuerza pública hondureña entró en los cerros de Olancho, más allá de Catacamas y Dulce Nombre de Culmí, en poblaciones como Las Ventas y Gualaco, donde desmantelaron una pista clandestina, decomisaron 2 mil pies tablares de maderas oscuras y allanaron 45 propiedades. La mayoría de los bienes eran, dijeron los agentes citados por medios locales, de Los Amador.

Un mes después, un juzgado ordenó la inmovilización de los bienes y en noviembre de 2017 la policía capturó a Moisés Aguinaldo Amador Godoy, uno de los miembros del clan. A esta captura seguiría una cadena de venganzas entre la familia y otros grupos criminales de Olancho a quienes los Amador culparon de ser informantes de la policía y el ejército hondureños.

Los viejos vínculos entre la madera y el crimen organizado también van de la mano de esta familia y las investigaciones del asesinato de Carlos Luna en 1998 han arrojado alguna luz al respecto.
Uno de los hombres que disparó al ambientalista Carlos Luna el 18 de mayo de 1998 fue Ítalo Iván Lemus, un sicario que según un exfiscal hondureño que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por su seguridad personal, también ha sido empleado de la familia Amador.

Un testigo clave de la fiscalía hondureña en el caso contra el maderero Óscar Chávez, otro supuesto autor intelectual del asesinato de Carlos Luna, dijo en 2001 que Lemus era uno de los asesinos materiales. En 2004, el mismo testigo amplió declaración y dijo que a Lemus lo había contratado, entre otros, “Chango” Rosa, el exsocio del alcalde Lincoln Figueroa. Lemus fue arrestado en 2008 y procesado por el asesinato. Un tribunal lo absolvió un año después, pero finalmente un juzgado de segunda instancia lo condenó a 18 años de cárcel en 2010.

La parte más oscura de este capítulo de la historia había empezado dos años antes. El 30 de junio de 2008, “Chango” Rosa fue baleado frente a su casa en Catacamas. Un funcionario hondureño que ha investigado a las mafias de la madera y el narcotráfico en Olancho, y que conoce de primera mano los hechos que rodearon los asesinatos de Luna y Rosa, dijo a InSight Crime que a “Chango” lo mataron Los Amador porque el empresario maderero se había metido, también, a mover droga en la Biósfera del Río Patuca, en territorio controlado por otros narcos.

Ítalo Iván Lemus sigue viviendo en Olancho, cerca de Catacamas, en la aldea La Pista, donde tiene una finca que, de acuerdo con un investigador, colinda con propiedades de Los Amador. Lleva viviendo ahí varios años, y la policía hondureña lo sabe.

César Luna ha continuado las luchas ambientalistas que su padre inició hace dos décadas en Honduras. Foto provista por César Luna.

Dice César Luna que en 2016 él denunció a las autoridades que Lemus vivía ahí, y les exigió hacer algo. Y, de acuerdo con el hijo del ambientalista asesinado, una patrulla intentó capturarlo a finales de aquel año, pero el hombre se les escapó.

“Ítalo hoy está solo. A nadie le interesa que hable y cuente todo lo que sabe”, calcula César Luna. Si es cierto que Ítalo Lemus, el prófugo que en realidad no lo es, ha empezado a tener miedo, razones no le faltan: sus exjefes no pueden ya protegerlo. “Chango” Rosa está muerto y Los Amador están diezmados por el arresto de uno de sus líderes, los decomisos de sus propiedades y las vendettas. Antes, dice un investigador hondureño, fueron Los Amador quienes pagaron los abogados a Lemus.

Es la espiral que no acaba. Las venganzas interminables entre las mafias del bosque. César Luna lo explica así: “En Olancho se encuentra la venganza de una u otra manera. La venganza va a existir tarde o temprano.”

En su casa solitaria de Catacamas, César Luna se despide. Al día siguiente debe volver a otra ciudad de Honduras, donde está su familia, y en la que hizo su hogar después del asesinato de su padre. Antes dice que lo que no encontró en la justicia hondureña seguirá buscándolo en lo que él llama la justicia electoral, que lo llevó a ser elegido regidor de Catacamas, desde dónde, agrega serio, seguirá batallando contra Lincoln Figueroa y las mafias del bosque de Catacamas.

Este es uno de cuatro capítulos de una investigación sobre eco-tráfico en igual número de países de América Latina, realizada durante dos años por InSight Crime en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University. La investigación involucró varias visitas de campo a Colombia, Honduras, México y Perú, así como decenas de entrevistas con funcionarios, miembros de las fuerzas públicas, contrabandistas, académicos, comunidades, terratenientes, entre otros.