En Santander, Colombia, los comerciantes de madera corrompieron los sistemas regulatorios, policiales y judiciales en el proceso de traficar cantidades incalculables de madera del Estado.
A finales de 2013, un funcionario del Parque Nacional Yariguíes se puso en contacto con la Fiscalía General. El funcionario les dijo a los fiscales que los colonos estaban deforestando partes de la reserva natural para plantar coca, la materia prima utilizada para elaborar cocaína, y que los madereros estaban cosechando y vendiendo la madera de manera ilegal.
El departamento de Santander, donde se encuentra esta reserva natural, cuenta con 3 millones de hectáreas de tierra, 800.000 de las cuales son bosques naturales como los de Yariguíes. Existen leyes dirigidas a administrar estas áreas dentro de los parques nacionales y a lo largo de los llamados Distritos de Manejo Especial. Sin embargo, gran parte del departamento ya ha sido deforestado a tal punto que algunos científicos afirman que la erosión de la cubierta forestal está causando escasez de agua en algunas zonas del departamento.
Específicamente, gran parte de estas áreas han sido utilizadas durante décadas por productores de coca, agricultores de la región y madereros de los trece municipios ubicados en el territorio de los Yariguíes.
Se suponía que la CAS regularía estas áreas problemáticas. La entidad hace parte de la red de 33 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) establecidas en el país. Las CAR son los principales organismos reguladores con la misión de garantizar proyectos económicos ambientalmente sustentables, como la extracción de madera. En la práctica, sin embargo, se han convertido en vehículos para la corrupción, la malversación y el crimen organizado. De hecho, en el caso de Yariguíes, pronto se convertirían en el centro de la investigación. Es más, esta no fue la primera pista de que algo andaba mal en la CAR departamental.
Dos años antes, en 2011, una patrulla de carreteras en Santander había detenido un camión cargado de madera cuyo permiso para transitar era falso. Durante el interrogatorio correspondiente, el conductor les dio a los agentes el nombre y el número del teléfono celular de la persona que le había dado el permiso. Usando esta información, un fiscal de Bucaramanga obtuvo una orden para intervenir la línea. Poco después de escuchar algunas conversaciones, se dieron cuenta de que el teléfono pertenecía a un comerciante que estaba abasteciendo madera del departamento de manera ilegal, mediante contactos que le conseguían permisos para el transporte de madera.
Intervención policial a madera talada ilegalmente en el departamento de Santander, en Colombia. Foto de la Policía Nacional de Colombia.
Las interceptaciones telefónicas finalmente les permitieron a las autoridades identificar el esquema de la red criminal y su modus operandi. La red incluía cosechadores de madera, transportadores y autoridades reguladoras. Al parecer, transportaban la madera de dos maneras: usando licencias obtenidas legalmente que eran recicladas a través del sistema; y mediante licencias falsas emitidas con el fin expreso de blanquear madera de origen ilegal. Según los fiscales, todas estas licencias y permisos fueron proporcionados por la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la otra CAR de Santander.
Patronazgo, tráfico de madera y la CDMB
El gobierno creó la primera CAR en la década de los sesenta. Con los años aumentó el número de estas entidades, pero pasaron de ministerio en ministerio hasta 1993, cuando quedaron adscritas al Ministerio del Medio Ambiente. Las corporaciones son entidades extrañas. Son de carácter regional, en tanto deben regular un solo ecosistema en lugar de limitarse a un solo municipio o departamento. Esto les otorga jurisdicción sobre asuntos en varios municipios, lo que las hace autónomas hasta cierto punto. Sin embargo, están vinculadas a los alcaldes y al gobernador del departamento donde operan, ya que estos alcaldes y gobernadores eligen al director de la corporación, administran sus juntas directivas y pagan sus cuentas. Y en algunos casos, se han convertido en parte del sistema de patronazgo político local.
Tal es el caso de la CDMB. Su primer director, Fredy Anaya, estuvo seis años al frente de la CDMB a principios de la década de 2000, y mediante una especie de ósmosis burocrática obtuvo un control de facto sobre la compañía de alcantarillado del departamento. Estos dos cargos le permitieron tener una gran influencia sobre los contratos públicos y los permisos de uso de la tierra, el tipo de habilidad política que puede conducir a cosas más grandes. Y Anaya utilizó estas palancas. A mediados de la década de 2010, fue acusado de orquestar un esquema de corrupción que involucraba a la CDMB y a la compañía estatal de alcantarillado en beneficio de sus familiares, quienes recibieron numerosos contratos estatales.
La investigación nunca condujo a un levantamiento de cargos, pero el control de Anaya sobre la CDMB y la compañía de alcantarillado le permitió lanzar su propia carrera política. Entre sus patrocinadores se encontraban políticos corruptos y al menos un exjefe de grupos paramilitares que habían cometido masacres y traficado drogas ilegales durante la década de 1990 y hasta principios de la década de 2000.
Anaya también supuestamente compró apoyo de por lo menos un partido político. Ninguna de las acusaciones logró detenerlo. En 2014, Anaya ganó una curul en el Congreso, y a la vez mantuvo el control de la CDMB y de la compañía de alcantarillado mediante apoderados.
La corporación sigue siendo una de las mayores fortalezas políticas del departamento. El presupuesto de la CDMB en 2017 fue de más de 44 mil millones de pesos (alrededor de US$13 millones), según los propios registros de la CDMB, y gestiona el medio ambiente y el uso del suelo en 13 de los 87 municipios del departamento. Durante un tiempo, Anaya volvió a ser director, y a la vez se postuló para alcalde de la capital del departamento, Bucaramanga. Perdió las elecciones, y en marzo de 2020, en lo que se consideró como un golpe de estado político, fue expulsado de la CDMB y de la compañía de alcantarillado.
A lo largo de este periodo, representantes de la CDMB ayudaron a traficar madera. El esquema de tráfico de madera descubierto por las autoridades en un control de carreteras en 2011, por ejemplo, involucraba a ingenieros de la corporación, que se aseguraban de que los permisos incluyeran datos como la especie de madera, el volumen, el tipo de vehículo y el nombre del conductor. Con el tiempo, la red asumiría un nombre: Los Ingenieros. En general, los permisos que se le expedían a la red de tráfico eran permisos que habían expirado. Como afirman los fiscales, los funcionarios de la CDMB emitieron en total 912 permisos de transporte falsos, todos los cuales eran documentos antiguos que la organización reciclaba con información falsa. En una de las conversaciones interceptadas, un ingeniero de la CDMB le dice a un intermediario que él había cambiado el sistema de expedición de permisos de la organización, mediante la adición de usos forestales legítimos en los permisos o aumentando el número de especies que se incluían en estos.
Los funcionarios de la CDMB también utilizaban cómplices desprevenidos, quienes a menudo eran agricultores con poca educación. En uno de los casos, una campesina que no sabía leer ni escribir tenía 985 licencias falsas firmadas con su nombre. En otro caso, las autoridades hallaron licencias de uso del suelo ubicadas en una granja perteneciente a un hombre llamado Abelardo Serrano, quien no fue tan vulnerable. Si bien la CDMB le había emitido varias licencias de uso forestal durante varios años, él no había solicitado ninguna en los últimos años, por lo que, en 2016, cuando se enteró de que la CDMB había expedido licencias que nunca había solicitado para el transporte de 711 metros cúbicos de madera de sus propiedades, por valor de más de 6 mil millones de pesos (US$1.7 millones), acudió a las autoridades y presentó una queja.
Mediante interceptaciones telefónicas y entrevistas, las autoridades descubrieron que la red tenía numerosas formas de camuflar la madera de origen ilegal, en caso de que resultara algún problema para obtener licencias o durante el transporte. Por ejemplo, en una llamada interceptada, un ingeniero de la CDMB intervino después de que una patrulla de carretera detuviera un camión con madera de origen ilegal y un permiso de transporte falso. Durante la llamada, el ingeniero confirmó la información y pidió a los agentes de policía que permitieran el paso del camión. Luego el ingeniero le pidió un bono a un intermediario por haber permitido que las autoridades no confiscaran esa madera.
El principal intermediario de la red criminal también mantenía contacto con funcionarios de otras corporaciones reguladoras regionales, como Cormacarena, Corantioquia y Corchocó, en caso de que no pudiera obtener lo que necesitaba de la CDMB. Por otra parte, según la Fiscalía General, la CDMB aumentó el número de licencias forestales, pasando de las 14 aprobadas en 2016 a 24 en 2018. Y durante dos años, afirman los fiscales, la red supuestamente transportó cientos de metros cúbicos de madera pertenecientes a terratenientes rurales sin su conocimiento. La madera se vendía principalmente en Bogotá y Barranquilla. Pero, según medios locales, una parte también se transportaba a China.
El caso Yariguíes
La Fiscalía General asignó un fiscal al caso en 2013, después de que un funcionario del Parque Nacional Yariguíes ofreciera información. Establecido en 2005 como parque, Yariguíes solía ser blanco de los traficantes. El parque es extenso, cuenta con una gran diversidad ecológica y está ubicado en una zona remota. En sus montañas hay 59.063 hectáreas de bosque y alberga 57 especies de mamíferos, 40 clases de anfibios, 30 especies de reptiles y 200 tipos de mariposas. Tiene además selvas tropicales, zonas montañosas y páramos. En el parque nacen varios ríos, entre ellos el Opón, el Suárez y el Sogamoso; estos dos últimos abastecen la reserva y represa de Sogamoso, una de las más grandes del país.
La singular geografía del parque también permite la existencia de varias especies arbóreas como el roble colombiano, el cedro español y la virola calophylla, una especie de nuez moscada. Las áreas mencionadas por el funcionario se concentraban en algunas de estas zonas de reserva, concretamente en los municipios de Santa Helena del Opón, Cimitarra, Carmen de Chucurí, San Vicente de Chucurí y la región de Bajo Simacota, donde los traficantes supuestamente estaban cosechando cedro, palisandro, cariniana multiflora y virola calophylla, entre otras especies.
Durante algún tiempo, el área también fue una región de cultivo de coca. Aunque la producción de esta planta, que sirve de base para la producción de cocaína, disminuyó levemente según el más reciente estudio de Estados Unidos sobre este cultivo, todavía está cerca de niveles récord en Colombia. La propagación de este cultivo ha tenido un efecto devastador en los bosques naturales de Colombia. En 2019, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, dijo que alrededor de una cuarta parte de la deforestación era efecto colateral de la producción de coca.
Según reportes de las autoridades colombianas entre 1998 y 2012, el daño forestal causado al entorno por la tala de bosque para la implantación del cultivo de coca en el territorio nacional ha sido superior a 608.000 hectáreas de bosque húmedo tropical. Esto significa que en promedio se han deforestado 40.500 hectáreas por año, a una tasa de 111 hectáreas por día.
Si bien la mayor parte de esta producción y deforestación a causa de la coca está ocurriendo en la cuenca amazónica colombiana, el problema también afecta a Santander y al Parque Yariguíes, donde la policía ha encontrado cantidades significativas de producción de coca que se remontan al menos a 2014.
Aun así, era difícil construir los casos. La fiscalía regional no tenía experiencia en la investigación y enjuiciamiento de delitos ambientales. Comenzaron estudiando casos antiguos y analizando lugares donde se habían hecho arrestos por este tipo de delitos. A mediados de 2013, fueron capturadas 15 personas que traficaban madera de Yariguíes. Esa información se combinó con sobrevuelos en los que se tomaron fotos aéreas de las zonas más afectadas. En poco tiempo, los investigadores hallaron un patrón inquietante: las áreas donde se habían hecho los arrestos y las áreas en donde habían encontrado evidencia de tala ilegal mediante los sobrevuelos no coincidían. En otras palabras, las autoridades estaban concentrando sus esfuerzos en los lugares equivocados.
Casi al mismo tiempo, a la fiscalía llegó un estudio financiado por el gobierno alemán. Este tipo de estudios pueden ser de utilidad para las autoridades, especialmente cuando cuentan con pocos recursos humanos. El estudio confirmaba gran parte del análisis preliminar. Además, ayudaba a afinar detalles sobre los lugares donde los grupos almacenaban la madera, las rutas que utilizaban para extraerla y los destinos a donde era enviada, incluidas las principales ciudades en las que se suponía se procesaba para uso final o para su exportación.
La información les aportó a los fiscales otra vía de investigación y de un posible enjuiciamiento, ya que se debía contar con permiso oficial de la CAR local para realizar cualquier transporte de madera. En resumen, los fiscales tenían tres vías de investigación: la expedición ilegal de permisos de tala, el transporte ilegal de esta madera de origen ilegal y la posible corrupción al interior de entidades gubernamentales que no estaban judicializando este delito cuando lo descubrían, o que incluso quizá lo estaban facilitando. Lo que quizá no consideraron fue que la red estaba empleando los tres métodos.
Los investigadores también se enteraron poco después de que un intermediario de la región servía como el vínculo para que los empresarios de otros lugares obtuvieran la madera, transfiriéndola y legalizándola antes de que llegara a sus manos. Este tipo de intermediarios son esenciales en el comercio de tráfico de madera, pues establecen conexiones entre los cosechadores y los mayoristas, entre los que se encuentran aserraderos y procesadores secundarios. Financian las cosechas y suelen dirigir empresas de transporte. Además, obtienen los documentos necesarios para eludir a las autoridades reguladoras y a la policía.
El intermediario en el caso Yariguíes tenía un contacto al interior de la Corporación Autónoma de Santander (CAS), como descubrieron los investigadores cuando comenzaron a escuchar sus llamadas telefónicas. El funcionario de la CAS aceleraba los permisos de transporte falsos, mientras que el intermediario se encargaba de trabajar con la policía de carreteras en Santa Helena de Opón para asegurar el paso. Ellos coordinaban estos movimientos mediante un teléfono celular que el grupo criminal le entregó a la policía. La información era precisa. Durante algunas de las llamadas escuchadas por los fiscales, el grupo criminal le decía a la policía qué tipos de camiones llevaban la madera y a qué hora pasarían por el puesto de control.
Los sobornos que se les pagaban a los agentes dependían del tamaño de los camiones, así como del volumen y las especies de madera transportada. Cuando había alguna confusión, o si un camión era detenido con madera ilegal en otro puesto de control donde la policía no había sido informada, el grupo criminal empleaba a un funcionario independiente de la CAS que proporcionaba información falsa o ajustaba la información en la documentación que se le presentaba a la policía, de modo que la madera pudiera continuar su viaje.
Entre los contactos de la red también había otros sectores del gobierno. Después de que se filtró que se estaba adelantando una investigación oficial, la red comenzó a enviar los cargamentos de noche. Además, los fiscales descubrieron que la madera ilegal se transportaba no solo con permisos falsos de la CAS, sino además con permisos de transporte falsos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), entidad que regula las plantaciones comerciales de madera.
Parte de la madera ilegal incautada en Colombia es legalizada a través de permisos y documentos falsos. Foto de la Policía Nacional de Colombia.
Poco después hubo indicios de que las autoridades municipales y judiciales también estaban vinculadas con la red de tráfico. Específicamente, los investigadores descubrieron que, mediante un grupo de policías corruptos, los traficantes sobornaron a un asistente de la Fiscalía, la cual además encontró lagunas en los procedimientos que obligaban a las autoridades a devolver los camiones y la carga incautada. Cabe destacar cinco cargamentos incautados que fueron devueltos por la Fiscalía en el municipio de Cimitarra.
En octubre de 2014, después de casi dos años de investigaciones, la Fiscalía General detuvo a 55 personas, entre ellas al intermediario, un grupo de policías, dos funcionarios de la CAS y varios transportistas, acusándolos de tráfico ilegal de madera, tráfico de especies en peligro de extinción o especies endémicas de Colombia, conspiración y delitos relacionados con corrupción.
El pez gordo queda libre
A pesar de las detenciones en estos casos, las autoridades querían llegar más alto en la cadena de distribución. La mayor parte de los rangos superiores de estas redes, así como las empresas que promueven la cosecha ilegal de madera, nunca son procesados. A la vez que trabajan con intermediarios, las empresas se cuidan de mantenerse alejadas del comercio, y de esta manera pueden negar las acusaciones cuando se descubre la procedencia ilegal de la madera. En los casos de Santander, las autoridades pensaron que podrían interrumpir este patrón.
Durante su investigación, los fiscales descubrieron que había un grupo de empresarios de Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla que pedían volúmenes y especies particulares de madera a través de los intermediarios en el caso Yariguíes. Los compradores hacían negocios con los intermediarios de dos maneras. Una era por solicitud. Los propietarios de aserraderos o procesadores que necesitaban madera solicitaban cantidades específicas a los intermediarios. Estos entonces obtenían las licencias falsas para cosechar, blanquear y trasladar la madera a las plantas de procesamiento de los compradores.
La otra forma en que los compradores obtenían madera de los intermediarios era a través de un mercado al contado. Los intermediarios recolectaban ilegalmente el suministro que sabían por experiencia que era comercialmente viable. Los compradores e intermediarios compraban la madera de origen ilegal en este mercado al contado, organizando las compras a través de medios digitales o en persona.
Los fiscales afirman que la red tenía rutas bien establecidas; por ejemplo: Cimitarra-Bucaramanga, Cimitarra-Vélez-Barbosa-Bogotá, Santa Helena-Bogotá, Landázuri-Vélez-Barbosa-Bogotá y Cimitarra-Barranquilla. Eventualmente, los fiscales utilizaron esta información para abrir casos contra varios empresarios y madereros locales. Uno de esos empresarios era Alexis Pinzón, ubicado en Bogotá. Pinzón tenía una extraña combinación de negocios: era proveedor de madera y agente de servicio de automóviles. Pinzón fue condenado, pero pasó poco tiempo en la cárcel.
Dado que enfrentaba una larga condena de prisión, llegó a un acuerdo de culpabilidad y cooperó con las autoridades.
Los fiscales también acusaron a uno de sus compañeros fiscales y a su asistente, así como a un miembro de la policía que intentó entorpecer la investigación. Aun así, la Fiscalía General ha tenido dificultades para llevar a varios de los funcionarios a los tribunales debido a retrasos burocráticos y, según los fiscales, por presiones políticas. En los casos que se están adelantando contra los compradores, los fiscales dicen tener conocimiento de las redes de tala ilegal que se extienden a Bogotá, Bucaramanga y Barranquilla. Además, a los fiscales se han acercado otros compradores que han tratado de llegar a acuerdos de culpabilidad. Pero ninguno de ellos enfrentará penas de prisión ni multas significativas.
El caso de la CDMB tuvo dificultades similares. Tras la denuncia de Serrano, las autoridades detuvieron a nueve miembros de Los Ingenieros en febrero de 2018 y los acusaron de vender, cada mes, hasta 852 metros cúbicos de madera de la reserva de Yariguíes (valorados en cerca de US$250.000), así como de conspiración, falsificación de documentos, fraude y delitos relacionados con el uso indebido del sistema de permisos en línea. Entre las personas arrestadas se encontraban tres funcionarios y dos exfuncionarios de la CDMB, incluyendo un subdirector, un ingeniero y un contratista de área.
Todos los acusados, excepto una —Andrea Melissa Serrano, subdirectora de Evaluación y Control Ambiental de la CDMB— se declararon culpables de los cargos, según confirmó un fiscal. La policía dijo inicialmente que ella lideró el esquema. Su caso aún está pendiente; sin embargo, fue exonerada. Y el entonces director de la CDMB, Martín Camilo Carvajal, dijo al periódico Vanguardia Liberal que Serrano continuaría desempeñando su cargo actual, a pesar de las acusaciones de su papel en el esquema.
*Este es uno de cuatro capítulos de una investigación sobre eco-tráfico en igual número de países de América Latina, realizada durante dos años por InSight Crime en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University. La investigación involucró varias visitas de campo a Colombia, Honduras, México y Perú, así como decenas de entrevistas con funcionarios, miembros de las fuerzas públicas, contrabandistas, académicos, comunidades, terratenientes, entre otros. Lea la serie completa aquí.
Mafias de la madera - el saqueo de los bosques latinoamericanos
Este es uno de cuatro capítulos de una investigación sobre eco-tráfico en igual número de países de América Latina, realizada durante dos años por InSight Crime en colaboración con el Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos de American University. La investigación involucró varias visitas de campo a Colombia, Honduras, México y Perú, así como decenas de entrevistas con funcionarios, miembros de las fuerzas públicas, contrabandistas, académicos, comunidades, terratenientes, entre otros.