INVESTIGACIONES

    Los afro y campesinos de Chiriguaná entre mil fuegos

    Los afro y campesinos de Chiriguaná entre mil fuegos

    Las comunidades campesinas y afro de Chiriguaná volvieron a sentir el rigor de las amenazas por seguir defendiendo unas 500 hectáreas de sabanas comunales que aún quedan en pie en el centro de Cesar.

    La noche del 26 de diciembre del 2019, el consejero de la comunidad afrodescendiente del Cesar, José Tomás Vásquez, sintió como si en la calle cercana a su casa, en la zona rural de Valledupar, los vecinos estuvieran quemando pólvora. “Son totes”, pensó.

    Despreocupado, se fue a dormir. A la mañana siguiente, en la puerta de su casa encontró tirada una nota en una hoja de cuaderno escrita a mano, en la que le aclaraban que lo que había escuchado no eran totes sino disparos. “La próxima vez caerán sobre tu humanidad, renuncia a la rectoría y renuncia a Corpocesar, tu y tu titular Fidian Martínez(sic)”, sentenciaron.

    Con esta amenaza desconocidos buscaban que Fidian Martínez y José Tomás Márquez renunciaran a su postulación al consejo directivo de Corpocesar

    La amenaza se refería a la puja que mantenían en los tribunales Vásquez y Martínez, quien es el representante del consejo comunitario de La Sierra, El Cruce y La Estación en Chiriguaná, Conasice, por su designación como representantes por la negritudes en el consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del Cesar, Corpocesar.

    La elección de los dos fue demandada a través de una tutela presentada por María Beatriz Torres, representante del consejo comunitario de El Guaimaro, Los Coloraditos, la región de la Falda y El Carbonal, ante un juez de Valledupar, que obligó a Corpocesar a anular la elección y le ordenó al director de entonces, Julio Rafael Luna, convocar a nuevas elecciones del representante afro.

    En la nueva convocatoria no participó Fidian Martínez, quien asegura que le quedó el sinsabor que le estaban cerrando los espacios para representar a su comunidad y defender su territorio del impacto de la minería y el mal uso que se le ha dado al agua en la región. No obstante, si participó su fórmula José Vásquez, quien salió elegido como titular con la suplencia del exsecretario de gobierno de Becerril, Juan Gómez.

    Lo cierto es que en este caso la Fiscalía General de la Nación reconoció que estas amenazas contra Márquez y Martinez se dieron entre noviembre y diciembre de 2019, y una de las hipótesis que manejan es que estas fueron dirigidas para que el primero renunciara al cargo de rector de una institución educativa que maneja en su población. “La situación de ambas víctimas es investigada por la Dirección Seccional Cesar en un mismo proceso”, aclara el ente investigador en un reporte que envió a 360-grados.co.

    La comunidad de Poponte logró después de muchos reclamos que Corpocesar y la alcaldía de Chiriguaná cerraran la operación de una empresa de agregados que estaba afectando el río La Mula.

    Lo cierto es que sobre el territorio, que tuvo una fuerte presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, como lo analizó en un documento la Unidad de Restitución de Tierras del Cesar, hay un gran impacto de la minería, en especial por la concesión de La Loma, en donde la multinacional Drummond pidió a las autoridades colombianas ampliación de su operación hacia el sur.

    “La actividad campesina, caracterizada por múltiples medianos y pequeños propietarios de tierra que primaba en el municipio ha sido relegada por actividades relacionadas a la minería”, dice el informe, que además explica que en esta zona también confluyen “solicitudes de títulos mineros y de restitución”,
    lo que es un potencial riesgo de nuevos conflictos.

    Pero este no ha sido el único riesgo que enfrenta esta comunidad, que a la par reclama desde 2011 que la Agencia Nacional de Tierras les reconozca la propiedad colectiva sobre 500 hectáreas de sabanas comunales en el centro del departamento de Cesar.

    Las amenazas contra estos dirigentes afro coincidieron con otros hechos que se dieron en esa misma época en otros lugares cercanos y que muestran el avance de nuevos grupos armados ilegales como el Clan del Golfo.

    El 19 de octubre de 2019, al parecer miembros de esa banda criminal, que han empezado a boletear a comerciantes, ganaderos y agricultores en el centro del departamento, asesinaron al ganadero Moisés Vega, quien se había negado a pagar una extorsión, según comentó una persona que se reunió con él días antes.

    Mes y medio más tarde, el 27 de diciembre, cuando se dirigía a Aguachica, desconocidos le dispararon al carro de la lideresa social y ex candidata a la alcaldía de Arenal, Bolívar, Milena Quiroz, quien también participa en un espacio regional conocido como la Mesa de Interlocución de los Sures.

    Este caso es de especial preocupación para la Fiscalía, su investigación la lleva el despacho de la Vicefiscal General, Marta Mancera, “en atención a los reiterados hechos que la han afectado que incluyen amenazas y, en el mes de diciembre, una tentativa de homicidio. Este caso se trabaja en conjunto entre la Dirección Seccional Magdalena Medio y la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana”, explica la Fiscalía en una comunicación a 360-grados.co.

    Ya en 2020, en los primeros días de marzo, un grupo de vecinos de Chiriguaná invadió y cercó 50 hectáreas de estas sabanas, lo que provocó tensiones con la comunidad. Varios de miembros del consejo comunitario fueron a la invasión y les reclamaron, lo que al parecer fue el origen de una llamada que le hicieron a otra directiva del Consejo Comunitario, Margeyis Valencia, a la que le dijeron que si no se iba del cacerío la mataban.

    Las denuncias del daño ecológico y la desviación del cauce del río La Mula en Chiriguaná ha generado conflictos a las comunidades campesinas de esa región.

    Desde entonces, a pesar de la pandemia y de la cuarentena nacional, Valencia asegura que pidió protección a las autoridades, sin embargo no esperó respuesta y se desplazó de su vereda, abandonando su familia y su empleo como aseadora de la escuela comunitaria. En la actualidad deambula por la región escondiéndose sin saber qué hacer por las limitaciones del confinamiento.

    La Fiscalía General reconoce estas amenazas y asegura que la investigación para dar con los autores de la misma está en manos de Dirección Seccional Cesar con el apoyo de la Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis para la Seguridad Ciudadana.

    Para estos afros el asunto no es menor ya que en el pasado, en 2016, las amenazas se tradujeron en asesinatos. El 11 de julio de ese año, varios pobladores de Chiriguaná protestaban por el anunciado cierre del hospital local, en medio de las marchas un sargento de la policía asesinó al profesor y líder de la comunidad afro, Naime Lara.

    Dos meses después, el 11 de septiembre, dos hombres armados incursionaron a una finca a las afueras de Chiriguaná, en la que se encontraba el vocero de la Comité de Interlocución del Sur de Bolívar y del Centro y sur del Cesar e integrante del Congreso de los Pueblos en Cesar, Néstor Martínez, y lo asesinaron de dos balazos en la cabeza.

    Martínez, a quien conocían en la región como El Campeón, había sido uno de los abanderados de la causa del consejo comunitario afro de Chiriguaná y también había participado en las protestas por el cierre del hospital.

    Aunque por el asesinato de Lara las autoridades capturaron al sargento de la policía que le disparó, ambos crímenes están en la impunidad como lo pudo confirmar con los familiares de las víctimas.

    Una persona que ha acompañado el proceso -que pidió la reserva de su identidad- sostiene que si bien no hay certeza de dónde vienen las amenazas, estas ponen en jaque el proceso que lideran las comunidades afro y campesinas por proteger lo que queda de las sabanas comunales, que están rodeadas por minas de carbón y pequeños y medianos palmeros, con los que han tenido conflictos por la desviación y contaminación de ríos como el Anime, que desemboca en la ciénaga de Zapatosa.

    Precisamente en medio de la pandemia, la comunidad de Poponte, en las estribaciones de la serranía del Perijá, denunció a la compañía Agregados Poponte que se dedica a la excavación de material de arrastre, por estar afectando el curso del río La Mula, por lo que Corpocesar en asocio con la alcaldía de Chiriguaná decidieron suspender temporalmente la licencia de operación de esta concesión.

    Estas denuncias por la afectación de los ríos en esta región se han hecho por más de diez años, según contó el dirigente campesino Enulfo Barrios, quien asegura que esta ha sido una de las razones por las que el y varios de ocho compañeros han sido víctimas de amenazas y denuncias penales ante las autoridades acusados de terrorismo, entre otros delitos. “Mientras en algunas partes el río lo han desviado, en otras se ha secado, como consecuencia la Ciénaga de Santa Isabel se ha empezado a secar”, explica.

    Con la llegada de las nuevas amenazas y de algunos asesinatos, muchos de ellos temen que la violencia se ensañe de nuevo con los integrantes de este consejo comunitario y que se sigan frustrando sus reclamos de la titulación de las sabanas comunales.