Esta es la segunda de tres entregas acerca de los negocios irregulares del clan de los hermanos Quiroz y sus víctimas, una historia que representa el negocio de las construcciones ilegales en Cartagena ante la indiferencia de autoridades locales, señaladas y sancionadas por omisión en sus funciones de vigilancia, inspección y sanción en materia de control urbano.

Los Quiroz, un clan familiar originario del sur de Bolívar dedicado a la construcción, levantaron al menos 36 edificios en zonas de estrato medio de Cartagena de Indias, sin que mediaran licencias o permisos. De esas construcciones, al menos 16 fueron levantadas de forma precaria, desconocieron las normas de sismorresistencia y con máximo ahorro en los materiales.

Antes del 27 de abril de 2017, cuando se derrumbó el edificio Blas de Lezo II, propiedad de Wilfran Quiroz, casi nadie sabía de este clan –según entrevistas y averiguaciones hechas para este trabajo periodístico– más allá de los vecinos de los edificios que levantaban, los compradores que les entregaban recursos en efectivo y los jornales que pagaban con retraso a los trabajadores.

Para enero de 2018, los habitantes de los 16 edificios con más riesgo, unas 220 familias, fueron desalojados de sus viviendas ante la posibilidad de que pudieran desplomarse según un estudio de la Universidad de Cartagena, que, ante las dudas de los afectados, fueron repetidos por la Universidad Nacional.

Sueños rotos

Una de esas víctimas fue Milagros Soto, quien compró en 2013 un apartamento en el edificio Portal de los Alpes, vendido por Delis Quiroz, con los ahorros de sus cesantías y un préstamo bancario. “Esa era mi vivienda, mi sueño, con mi familia, con mis hijas porque yo soy madre, mujer cabeza de familia, y uno busca la tranquilidad de sus hijos”.

Afirmó que vio la oportunidad de hacerse con un apartamento en 150 millones de pesos, “en ese tiempo no era un pesito, era mucho dinero y, bueno, como se consiguió el préstamo con el banco y yo tenía mis ahorros, pues accedí a comprarlo”.

Contó además que se vio obligada a ocupar el inmueble a la fuerza porque, pese a que había cumplido con los pagos y demás requisitos, no se lo entregaban. Alcanzó a vivir allí tres años.

Hoy esta mujer reside en otro apartamento, en arriendo, a la espera de que haya una solución de fondo en su caso, a siete años de los hechos. ”Nosotros –narró– nos damos cuenta que hay  irregularidades cuando se cae Blas de Lezo II. A raíz de la caída de ese edificio es cuando se viene todo el problema del clan Quiroz, la gente se cuestionó cómo esta gente venía construyendo tanto edificio en Cartagena y el Distrito era el único que no se dio cuenta”.

Al momento de la compra, el edificio tenía la valla con la licencia de construcción y que, una vez adquirido, cumplió todos los procesos legales, documentales y notariales. “Yo compré a través de un banco, el BBVA, y pagué un perito que fue a mirar el apartamento. Uno sabe que cuando compra con crédito hipotecario, la entidad desembolsa los recursos, siempre que el predio reúna los requisitos de construcción y documentales”, reflexiona atando cabos de la suma de irregularidades.

Buen barrio

Róbinson Villadiego adquirió su vivienda en 2015 en el edificio Alpes 31, construido por Wilfran Quiroz. “Uno tiene sus sueños –dijo–. Yo quería en ese momento, buscar una propiedad, un inmueble para vivir. Me interesó el tema de Alpes, dado que no tenía gran presupuesto e iba a hacerlo con algunos ahorritos y recursos del crédito”.

“Llegué, vi el edificio y entonces me llamó poderosamente la atención. Primero, por la ubicación, porque es un buen barrio en Cartagena. Yo vivía cerca, mi mamá también y me interesó. Además, comparativamente, el precio era accesible”, añadió sobre el inmueble, que negoció directamente con Quiroz.

“Inicialmente me dijeron que valía 165 millones de pesos –expresó–. Ahí es cuando me cito con Wilfran Quiroz y llegamos a un acuerdo de 153 millones de pesos. Definimos la forma de pago e inicialmente le di 15 millones de pesos y después 18 millones. Luego salió el crédito, el desembolso y así terminamos de saldar la deuda”.

Para Villadiego, lo más curioso fue que “en todas las etapas de notaría y Oficina de Registro nadie se percató de la situación legal que tenían estos inmuebles. Ellos pudieron en un momento dado investigar, revisar o supervisar la documentación que se le estaba entregando. Entonces, yo digo que ahí realmente hubo una omisión”.

Mientras a Milagros su banco le alivió su situación en parte al congelar las cuotas de su crédito hipotecario, Róbinson se ha visto abocado a renegociar varias veces con su cooperativa, Coopetrol, que le sigue cobrando las cuotas hipotecarias atrasadas, con las consecuencias en su calificación crediticia y la constante amenaza de embargo.

Todos estos predios tienen anotaciones en sus certificaciones de libertad y tradición que impiden hacer cualquier tipo de transacción con ellos, a la espera de que la Oficina de Instrumentos Públicos los cancele, lo cual permitiría dejar de ser objeto de impuesto predial, que religiosamente se sigue cobrando cada año.

Así operaban

Los miembros del clan, si bien operaban casi siempre por su lado, tenían prácticas similares. Su modus operandi era que compraban casas, sobre todo de los barrios más tradicionales de la ciudad, que tenían los lotes más grandes. “Negociaban con el dueño, al que usualmente no le compraban ni la vivienda ni el terreno, sino que le ofrecían un trueque por un apartamento”, detalla el abogado de varias de las víctimas, Javier Doria.

Añade que el desarrollo del proyecto lo hacían con recursos propios, algo inusual en un sector que normalmente se apalanca en el sector financiero y en las cuotas iniciales de las unidades vendidas para iniciar la construcción, al alcanzar cierto punto de equilibrio. 

“Ese es un punto importante –anota el letrado–, no usaban fiducias y le pedían la plata directamente a los compradores. Eso sí, tenían acuerdo con varios bancos para quien no tuviera plata gestionara un crédito hipotecario, que luego era girado directamente a los constructores”. En los documentos judiciales aparecen como víctimas bancos, como Davivienda, BBVA y Bogotá.

Esa liquidez les permitía, de hecho, actuar rápidamente: Portales de Blas de Lezo II estuvo cerca de terminarse en tan solo cuatro meses, según pudo documentar la Procuraduría. “Yo empecé ahí en diciembre [de 2016], empecé con otro amigo tumbando la casa que había así, terminamos el mismo diciembre, en ese mismo mes empezaron a hacer los huecos para las zapatas, eso lo hicieron manualmente”, declaró a la Procuraduría el obrero Cleder Bello.

“Y empezó la construcción en enero –agregó–, se empezaron a armar las zapatas. Yo ahí empecé a ayudar a armar el hierro con los maestros de obra, los estructureros. [...] Una vez armadas las zapatas se empezaron a armar las columnas, para armar las placas. Ellos me dijeron que iban a hacer cinco pisos. Empezamos a levantar y llegamos hasta la sexta placa que es la que queda arriba, donde iban los tanques”.

Cuando cayó el edificio, esas seis placas cayeron sobre casi 50 trabajadores, 21 murieron y otros 22 resultaron heridos.

Sin luces

Tras exponerse a varios procesos judiciales y administrativos, y a la prensa, aún hay pocas luces de quiénes son los Quiroz.

Eusebio Quiroz, en una pequeña ventana que abrió en su indagatoria ante la Fiscalía, narró brevemente cómo cambió su vida campesina y terminó metido en el negocio de las construcciones ilegales en Cartagena.

“Los hermanos míos fueron primero, Reinaldo, Wilfran. Yo estaba negociando con ganado, compra y venta, pero vi que esto era más rentable, mis hermanos estaban montados en carros y yo tenía uno sin llantas, entonces me vine para acá”, declaró.

Patricia Galindo, para época de los hechos presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), regional Bolívar, declaró a El Heraldo que no tenían nada que ver con su agremiación.

“Las construcciones edificadas y en proceso de ejecución a cargo de los hermanos Quiroz no cuentan con los permisos respectivos ante las curadurías y mucho menos estaban relacionadas o asociadas”, indicó.

Aun así, María de las Nieves Quiroz afirmó en una rara entrevista con El Universal, en la que intentó deslindarse de su hermano Wilfran, que participó en al menos un evento comercial del gremio

“En diciembre del año pasado Camacol hizo una feria inmobiliaria en la que participé y se quedaron con mis datos. Qué ironía, yo no estoy afiliada a Camacol y ella dice que eso es ilegal, pero cuando estuve participando en la feria ahí no pasaba nada”, dijo.

Agregó un detalle, además, de los valores que se invertían en las edificaciones, teniendo en cuenta que no empleaban apalancamiento del sector financiero. “¿Quién va a invertir 2.000 millones de pesos en un proyecto para que en la construcción de este resultaran muertos una cantidad de trabajadores? Es algo ilógico”, añadió.

Para este trabajo se buscó infructuosamente entrevistar a WIlfran Quiroz y a María Quiroz, a través de sus apoderados legales.

Gran patrimonio

Otro aspecto que da dimensión de quienes son los Quiroz sale de una resolución de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en la que se identifican en pleno al clan, sus últimas edificaciones y el patrimonio.

Esta familia, pese a emplear la misma manera de operar, no siempre actuaba en conjunto en sus negocios y eso lo reconoció la justicia cuando aceptó la ruptura del proceso penal en su contra. Ante la Fiscalía, por ejemplo, María de las Nieves Quiroz aceptó haber levantado al menos 10 edificaciones por su cuenta.

La SIC, en el curso de la actuación administrativa iniciada de oficio tras el desplome del edificio y a las denuncias radicadas por propietarios de otros inmuebles construidos por la familia Quiroz Ruiz, “se evidenciaron daños estructurales que presentan dichas edificaciones, representando riesgo para la vida e integridad de sus habitantes”.

Los 16 edificios identificados entonces fueron Portales de Blas de Lezo, Brisas de Blas de Lezo, Villa May, Portal Caracoles I y II, Portal de los Alpes, Brisas de los Alpes, Alpes 31, Villa Naevia, Calipso, Villa Ana, Villa Vanessa, Brisas de la Castellana, Shalom, Tsalach, Villa Mary e Innova

Así mismo identificó a sus constructores como Wilfran Enrique Quiroz Ruíz, Eusebio Quiroz Ruíz, Delis del Carmen Quiroz Ruíz, Luis Alfredo Rodríguez Cárdenas, María de las Nieves Quiroz Ruíz, Emis Quiroz Ruiz, Juan Carlos Quiroz Luna y Dagoberto Quiroz Ruiz, así como las sociedades Construmax QR SAS y Construcciones, Proyectos y Desarrollo SAS, estas en cabeza de María Quiroz.

La SIC en uso de su función preventiva, les ordenó el reconocimiento y pago a propietarios y arrendatarios el pago de un subsidio de arriendo temporal, medida que de ser incumplida recaía en la Alcaldía de Cartagena.

Así mismo, la Superintendencia decretó el embargo preventivo de bienes inmuebles de propiedad de Wilfran y María de las Nieves Quiroz Ruiz, lo que incluyó 17 bienes entre edificios, lotes y apartamentos localizados en Cartagena, Valledupar y los municipios bolivarenses de Turbaco y Villanueva.

Sin subsidio

Hasta hace cuatro años, las víctimas fueron beneficiarios de los subsidios de arriendo otorgados por el Distrito. En la administración del alcalde Dau, se decidió no pagarlos más, mientras la Alcaldía de Cartagena fue aceptada como víctima en tres de los cuatro procesos penales.

La Oficina Jurídica de la Alcaldía señaló que la orden del pago de subsidios de arriendo provenía de una decisión judicial y transitoria, que estaba sujeta a la condición de realizar los estudios que determinaran la situación estructural de los inmuebles.

“Una vez realizados dichos estudios y habiéndose cumplido la condición, se procedió a suspender el pago de dichos subsidios, pues el Distrito mal haría en seguir haciendo esos pagos cuando no es el responsable de los perjuicios”, añadió esa dependencia.

Puntualizó que, “como ya se ha mencionado, las afectaciones fueron ocasionadas por unos particulares, por tanto, deben ser ellos quienes respondan a las víctimas, tanto al Distrito como a los ciudadanos que se vieron perjudicados”.

Sobre su calidad de víctimas, la Alcaldía explicó que como consecuencia de los delitos presuntamente cometidos por los Quiroz, “se materializó la construcción de edificios ilegales que colocan en peligro la vida e integridad de quienes los habitaban y de los vecinos” así como el Distrito “tuvo que destinar recursos del erario para pagar estudios, subsidios de arrendamiento, vigilancia, y demás gastos relacionados”.

“El Distrito –añadió la respuesta– tiene la obligación y el derecho de recuperar todos esos recursos, los cuales deberán ser devueltos por quienes son los responsables de estos crímenes, que en este caso, según lo considera la propia Fiscalía General de la Nación, son los Quiroz, es por ello que en los procesos se ha solicitado la indemnización”.

Para el abogado de los afectados hay una estrategia adicional detrás de ello: “El Distrito ha utilizado reconocimiento de víctima como bandera para decir que no le va a reconocer nada a los afectados”.

Desalojo y despojo

Las 220 familias fueron afectadas porque sus casas tenían riesgo de colapso y debían abandonarlas. “Son en su mayoría núcleos familiares, de estratos tres y cuatro, compuesta por una pareja e hijos o alguno de sus padres, entre tres y seis personas”, señaló el abogado de las víctimas, Javier Doria.

Expuso que, además son en su mayoría empleados, “personas que hicieron el esfuerzo de comprar su primera vivienda. Familias que habían comprado el inmueble y lo habitaban, en su mayoría. Algunos pocos se habían jubilado e invertido sus recursos en inmuebles nuevos”.

Tras identificar las edificaciones más recientes de los Quiroz, que eran 16, la Alcaldía contrató un estudio con la Universidad de Cartagena en la cual se evaluara el riesgo para los residentes de las edificaciones, concluyendo que debían ser desalojadas ante la alta posibilidad de colapso. Ese mismo estudio fue repetido tiempo después, con más detalle, por la Universidad Nacional, ante las dudas de los afectados, dejando conclusiones similares.

“Son muchas más obras pero el dinero solo le alcanzó a la Alcaldía para estas 16”, develó Doria. La Oficina de Control de Riesgo de Cartagena manifestó que, en medio de la contingencia en el año 2017, la Administración Distrital de ese entonces identificó ese número de edificaciones construidas por la familia Quiroz. Pero, en efecto, no eran todas.

“A todas estas construcciones se les realizaron estudios patológicos por parte de la Universidad de Cartagena. Posteriormente, el Distrito ha venido identificando más construcciones asociadas a esta familia, llegando a un total de 20 al día de hoy. En ese orden de ideas, hay 36 edificios identificados como de alto riesgo en la ciudad”, puntualizó.

Las familias fueron notificadas a mediados de diciembre de 2017 de la situación y los operativos de desalojo, acompañados de la Policía Nacional, fueron adelantados en los primeros días de enero siguiente, con fuerte oposición de los residentes, que eran conminados a irse a un coliseo de boxeo, una opción que pocos aceptaron.

Doria añade que, al conocer de cerca las historias de los afectados y sus familias, se aprecia que las afectaciones van más allá de lo económico.

“Hay gente –expuso– que se ha separado o divorciado. Hay personas a las que las sacaron abruptamente de sus casas y debieron repartir los hijos entre sus familiares, otros se enfermaron y unos más quedaron en la ruina, debiendo alojarse en la casa de algún familiar o amigo cuando tenía algo propio”.