Si bien la justicia estableció como desangraban a Triple A las directivas de la empresa y de Inassa, las investigaciones judiciales en Colombia no han avanzado en identificar quiénes fueron los receptores finales de los dineros, aunque hay indicios y sospechas sobre políticos, gobernantes y jueces. 

El español Edmundo Rodríguez Sobrino, cabeza de Inassa, y su mano derecha, Diego García Arias, exdirector de expansión de esa empresa, son personajes clave para las autoridades porque hay indicios de que coordinaron los flujos de efectivo y sobre ellos se han las pesquisas.

Según el diario español El Confidencial el papel de García es clave, ya que las autoridades judiciales españolas “saben que tiene mucha información sobre los sobornos que pudieron recibir cargos públicos de Suramérica por adjudicar contratos a las filiales del Canal”. El colombiano fue detenido en el aeropuerto de Bogotá en agosto de 2017, cuando pretendía viajar a México. Dos meses después, España inició los trámites de extradición, pero el exdirectivo ofreció información a cambio de permanecer en Colombia.

Rodríguez Sobrino y García también son claves en el presunto desvío de fondos públicos en grandes operaciones de compra realizadas por el Canal en América Latina. Inassa para entonces era un emporio de 20 empresas por toda América Latina y el Caribe, pero su última compra, la brasileña Emissao en 2013, fue la que terminó por llamar la atención de las autoridades españolas al sospechar de un desfalco de fondos de Canal, otro de los hitos importantes para la justicia española.

Un cable de Europa Press, en mayo de 2018, dio cuenta de la declaración de Arias, ante el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón por dicha compra. El colombiano testificó que se repartió comisiones ilegales por valor de casi 5,5 millones de euros con el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y Rodríguez Sobrino.

Rodríguez Sobrino da indicios de esas coimas en una conversación con la exgerente financiera de Canal María Fernanda Richmond, interceptada por la Guardia Civil española. En un apartado de la grabación que reveló la cadena SER, ella pregunta por García, sabedores de que los ojos de los investigadores estaban sobre ellos:

–– “Bueno, ¿y Diego? Tiene que estar igualmente asustado”

–– Bueno –responde Rodríguez Sobrino–, lo que pasa es que él va a su bola, pero el que ha firmado ha sido él, no yo al final. No sé si me explico. Ha pagado campañas de presidentes, campañas de alcaldes…”.

El Mundo, publicó en julio de 2017 que tres directivos de Triple A, Julia Serrano, gerente financiera; Jorge Navia, gerente de Regulación; y Cecilia Donado, directora de Tesorería, aportaron cada uno 25 millones de pesos –una cifra por encima de sus posibilidades– a la campaña presidencial de 2010 de Juan Manuel Santos. Su campaña lo negó todo.

Extrabajadores y directivos del Canal dijeron ese rotativo español que otro de los financiados fue el exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char, mientras que el El Tiempo señaló que de la empresa presuntamente también salieron recursos dirigidos a los exmandatarios de la ciudad Édgar George, Bernardo Hoyos, Humberto Caiaffa y Guillermo Hoennigsberg.

Por otra parte, según El Confidencial, en una agenda incautada a Rodríguez se lee: "Pretelt y Escobar, 600; Alexei Julio y Pacheco, 150".

Pie de foto: Apuntes de Edmundo Rodríguez Sobrino que indicarían sobornos a magistrados y abogados colombianos.).

La nota escondería sobornos pagados a los magistrados Jorge Pretelt y Alexei Julio, de la Corte Constitucional, así como a los abogados Rodrigo Escobar Gil –exmagistrado de ese mismo Tribunal– y Víctor Pacheco, por el litigio para acabar la concesión de Metroagua, filial de Inassa en Santa Marta.

Tanto Pretelt como Escobar fueron condenados por tráfico de influencias por otro caso de corrupción en Colombia.

La empresa originalmente creada por el Estado y la ciudadanía de Barranquilla en 1992 para solucionar los líos de saneamiento y abastecimiento de agua de la ciudad, terminó convertida en la caja menor de directivos y funcionarios para pagar sobornos y financiar irregularmente a políticos en Colombia y España.

Esa es la panorámica que presenta la demanda con la que la Fiscalía General de la Nación inició el proceso de extinción de dominio de la empresa de servicios públicos Triple A, que significó el secuestro y embargo judicial de la compañía y posibilitó, en diciembre de 2020, la firma de la compraventa de la empresa por el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo.

El documento, inédito por fuera de los despachos judiciales, data del 3 de abril de 2019 y enfiló contra Inassa, socio operador y propietario privado del 82,16% de Triple A. Así mismo, apuntó contra el contrato de asistencia técnica entre ambas compañías firmado en 2000 y que por años esquilmó a la compañía en al menos 236.800 millones de pesos, que indexados a 2012 corresponden a unos 414.500 millones de pesos.

Si bien no es novedad y la prensa en ambos lados del Atlántico ha informado profusamente sobre esta trama de corrupción transnacional, el escrito del fiscal 38 de Extinción de Dominio de Bogotá repara en la inexistente asistencia técnica proveída, cómo el cobro originalmente fue irregular, el desconocimiento de los directivos de la ejecución de dicho contrato y cómo se blindó la suerte de Inassa en caso de tener que vender su participación.

Gota a gota

La Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo –Triple A– opera estos servicios públicos en Barranquilla y algunos de ellos en 15 municipios del Atlántico. La justicia colombiana estableció que la compañía fue desangrada gota a gota durante 17 años mediante contratos ficticios que beneficiaron, en principio, a Interamericana de Aguas y Servicios S.A. –Inassa–, controlante de la empresa con 60,3 millones de acciones.

Para entonces los hilos de Inassa los manejó Canal Extensia América, firma privada basada también en Barranquilla, consorcio que aún conserva la participación en 14 empresas en América Latina y el Caribe para su matriz, Canal de Isabel II, operador público de servicios de agua de la Comunidad de Madrid gobernado por allegados al Partido Popular.

Si bien prominentes figuras de esa colectividad han sido llamadas desde 2016 a declarar por la justicia española en el marco de la operación Lezo  –algunas incluso detenidas preventivamente–, apenas en 2023 fueron citados al primer juicio 22 personas, entre las que se destaca el exgerente del Canal Arturo Canalda, que responderán por el supuesto sobreprecio de unos 19 millones de euros en la compra de Inassa en 2001. En total, la trama habría defraudado, preliminarmente, cerca de 63,8 millones de euros.

En el caso colombiano, denominado Acordeón, se han dado tres condenas, un directivo de Triple A y dos contratistas, luego de que el fiscal general Néstor Humberto Martínez anunciara en octubre de 2018 medidas cautelares –bajo el antigüo sistema penal– contra 10 presuntos responsables, explicara la magnitud del expolio (236.000 millones de pesos vía contratos falsos) y revelara la incautación de las acciones de Inassa en Triple A con fines de extinción de dominio.

• Vea más: Acordeón desafinado: los hallazgos de la Fiscalía en el caso Triple A